PANORAMA PREOCUPANTE

Derechos humanos agredidos

Informe anual de Estados Unidos denuncia falta de libertad, persecución y detenciones políticas en Venezuela y Cuba; abusos y corrupción en México.

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Una de las manifestaciones realizadas en marzo de 2016, en Caracas. Foto: Reuters.

Estados Unidos advierte del "autoritarismo" que ejercen los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y denuncia las deficiencias del sistema judicial colombiano y los abusos y la corrupción que cometen las fuerzas de seguridad en México.

En su informe anual en materia de derechos humanos relativo a 2016, el Departamento de Estado destaca la limitación de elecciones libres, las amenazas gubernamentales y la intimidación a los disidentes por parte del régimen de Cuba —al que califica de autoritario— que comete "la mayoría" de los abusos en esta materia en el país.

"Las autoridades interfirieron con la privacidad mediante la participación en el monitoreo y la censura de las comunicaciones privadas. El Gobierno no respetó las libertades de expresión y prensa, restringió el acceso a Internet, mantuvo el monopolio de los medios de comunicación, limitó la libertad académica y mantuvo algunas restricciones sobre la capacidad de los grupos religiosos no registrados de reunirse", agrega el documento respecto a Cuba.

Señala que suceden "violentas protestas en contra de la disidencia pacífica organizadas por el gobierno, hostigamiento y detenciones para impedir la libre expresión y la reunión pacífica".

Además, advierte de las "duras condiciones carcelarias, las detenciones arbitrarias o por motivaciones políticas, el procesamiento selectivo, la negación de un juicio justo y las restricciones de viaje".

Además, Estados Unidos insiste en que "el Gobierno cubano se negó a reconocer a grupos independientes de derechos humanos o a permitirles funcionar legalmente".

Control.

En cuanto a Nicaragua, las observaciones son similares respecto del control que ejerce el partido del Gobierno, pese a ser una república multipartidista.

"Nicaragua es una república constitucional multipartidista, pero las acciones del partido del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) resultaron en la concentración de poder de facto en un solo partido, con un Poder Ejecutivo autoritario ejerciendo un control significativo sobre las funciones legislativas, judiciales y electorales", subraya el informe.

Arbitrario.

Al enfocar la situación en Venezuela, el Gobierno estadounidense alerta de la persecución a los disidentes políticos, las detenciones arbitrarias y por ideología, además de las duras restricciones a la libertad de prensa.

Según el informe anual, Venezuela sufre especialmente de "acción policial indiscriminada contra civiles y detenciones arbitrarias generalizadas", además de episodios "de privación ilícita de la vida y tortura".

"El Gobierno arrestó y encarceló a figuras de la oposición y mostró poco respeto por la independencia judicial, o generalmente no permitió que los jueces actuaran de acuerdo con la ley y sin temor de represalias", indica.

"A veces, el Gobierno bloqueó medios de comunicación y hostigó e intimidaba a cadenas de televisión de propiedad privada, otros medios de comunicación y periodistas a lo largo del año usando amenazas, multas, confiscaciones de bienes, arrestos, investigaciones criminales y procesamientos", agrega.

Destaca las condiciones penitenciarias "severas y potencialmente mortales, y la falta de derechos del debido proceso que contribuyeron a la violencia generalizada, disturbios, lesiones y muertes en las cárceles".

Insiste en el "abuso contra presos políticos", además de la interferencia gubernamental con los derechos de privacidad, la "falta de respeto del Gobierno por la libertad de reunión", y la falta de protección para los migrantes colombianos.

En Venezuela existe "corrupción en todos los niveles del gobierno", y "amenazas contra las ONG nacionales", casos de violencia contra la mujeres, discriminación en el empleo basada en la preferencia política, y restricciones al derecho de asociación de los trabajadores. "El gobierno tomó en ocasiones medidas para castigar a funcionarios gubernamentales de rango inferior que cometieron abusos, pero hubo pocas investigaciones o enjuiciamientos de altos funcionarios del gobierno", añade el informe.

Ineficaz.

Entre las preocupaciones de Estados Unidos sobre Colombia, destaca "un sistema judicial ineficaz", en el que "muchas personas acusadas de abusos de derechos humanos" como "agentes estatales de alto nivel y ex miembros de grupos paramilitares" no son procesados adecuadamente por sus delitos.

Asimismo apunta que los tres problemas en materia de derechos humanos que más amenazan al país son: "la impunidad, el desplazamiento forzado y la discriminación social". "La presencia de narcotraficantes, guerrilleros y otros grupos armados ilegales continuó desplazando a las poblaciones predominantemente pobres y rurales" en 2016, agrega.

Impunidad.

En lo relativo a México, Estados Unidos alerta de los graves abusos que tienen lugar en ese país por parte de la policía y los militares, así como de "la impunidad y la corrupción en el sistema policial y judicial" que sufre el país norteamericano.

Además detectaron entre los problemas más importantes de México, "los homicidios ilegítimos, la tortura y las desapariciones" a manos de las fuerzas de seguridad. "Grupos criminales organizados mataron, secuestraron, extorsionaron e intimidaron a ciudadanos, inmigrantes, periodistas y defensores de los derechos humanos", detalla el documento. Asimismo señala "las malas condiciones carcelarias, arrestos y detenciones arbitrarios, intimidación y violencia contra defensores de los derechos humanos y periodistas, violencia contra los migrantes, violencia contra las mujeres y violencia doméstica".

También enfoca el abuso sobre personas con discapacidad y las amenazas y violencia contra algunos miembros de la población indígena, así como contra el colectivo de lesbianas, gais, bisecuales, transexuales e intersexuales (Lgbti).

Sobre Bolivia, el Departamento de Estado alertó de "severas restricciones a la libertad de prensa y asociación", además de "un uso del Poder Judicial para limitar a los medios de comunicación independientes y la oposición política".

"La corrupción generalizada y la ineficiencia en el sistema judicial del país condujo a la negación de juicios públicos justos y oportunos, y las duras condiciones carcelarias también fueron crecientes", apuntó el texto.

Similares fueron las consideraciones sobre Ecuador, de quien alertó sobre "la falta de independencia en el sector judicial; las restricciones a la libertad de expresión, prensa, reunión y asociación y la corrupción".

"Los cuerpos reguladores gubernamentales establecidos bajo la ley de comunicaciones de 2013 emitieron una serie de sanciones, multas, correcciones y retracciones forzadas, principalmente contra medios de comunicación independientes y periodistas", dijo el informe.

"El presidente (Rafael) Correa y su administración siguieron realizando ataques verbales y legales contra los medios de comunicación y la sociedad civil", añadió.

En el Cono Sur, el caso de Chile señala la vigencia de las libertades y expresa preocupación por las condiciones carcelarias y la discriminación hacia la mujer.

Rex Tillerson destaca el compromiso indeclinable.

El secretario de Estado Rex W. Tillerson no presentó personalmente el informe sobre derechos humanos —eso le valió algunas críticas, caso del senador republicano Marco Rubio— pero en el sitio web del Departamento de Estado escribe la introducción al documento y destaca que "la promoción de los derechos humanos y la gobernanza democrática es un elemento central de la política exterior de Estados Unidos". Subraya que "estos valores forman una base esencial de sociedades estables, seguras y que funcionan. Defender los derechos humanos y la democracia no es solo un imperativo moral, sino que está en el mejor interés de Estados Unidos para hacer que el mundo sea más estable y seguro". Por eso, destaca que el informe muestra el "inquebrantable compromiso de Estados Unidos para impulsar la libertad, la dignidad humana y la prosperidad global".

DOS APLAZADOS Y DOS APROBADOS.

Vladimir Putin - Presidente de Rusia.

El informe denuncia las violaciones a la libertad de expresión, política y hacia homosexuales y transexuales en Rusia, así como para suprimir voces disidentes. Subraya las violaciones que se producen de manos de las fuerzas rusas en la anexada península de Crimea.

Rodrigo Duterte - Presidente de Filipinas.

La preocupación por el incremento de las ejecuciones extrajudiciales es señalada por el informe que denuncia que desde que Duterte llegó al poder fuerzas informales y policías mataron a más de 6.000 sospechosos de narcotráfico. Indica debilidad judicial y corrupción.

Michel Temer - Residente de Brasil.

Destaca que Temer llegó al Gobierno como indica la Constitución tras el juicio político a Dilma Rousseff. Critica las condiciones en cárceles y falta de control sobre las fuerzas de seguridad. Elogia el respeto a la libertad de expresión, de prensa, reunión y acceso a Internet.

Mauricio Macri - Residente de Argentina.

Respeta las libertades de expresión, prensa, reunión y acceso a Internet, así como derechos legales para el colectivo Lgbti. Indica que las autoridades tienen control de las fuerzas de seguridad. Critica la situación en las cárceles y un sistema judicial con aspectos ineficientes.

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