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Deportan 400 colombianos en frontera con Venezuela

Un total de 394 ciudadanos colombianos, de los cuales 42 son menores de edad, han sido deportados por Venezuela en los últimos dos días, luego de que entrara en vigor el estado de excepción decretado por el Gobierno de Nicolás Maduro tras un ataque en la frontera, informó ayer el Ministerio del Interior de Colombia.

Además, detuvieron 10 personas involucradas en distintos delitos. De este total, seis ciudadanos, entre ellos cuatro mayores de edad y dos adolescentes, eran presuntamente integrantes de la banda paramilitar colombiana "Los Urabeños" que operaba en la zona; mientras que los cuatro restantes (dos venezolanos y dos colombianos) se sospecha que sean paramilitares.

Las personas capturadas promovían en el eje limítrofe el narcotráfico y el tráfico de menores de edad, según la versión oficial.

En una rueda de prensa llevada a cabo en la ciudad fronteriza de Cúcuta, el ministro del Interior colombiano Juan Fernando Cristo dijo que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se comunicará en estas horas con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, "para conversar sobre esta situación" en la frontera.

Un colombiano intenta justificar su legalidad, tras ser deportado. Foto: Reuters
Un colombiano intenta justificar su legalidad, tras ser deportado. Foto: Reuters

El pasado miércoles los pasos entre el departamento de Norte de Santander (Colombia) y el estado de Táchira (Venezuela) fueron cerrados por orden de Maduro tras un ataque de presuntos contrabandistas contra militares venezolanos que se saldó con tres uniformados y un civil heridos.

Tras el cierre de la frontera, Maduro decretó el estado de excepción en el estado de Táchira por 60 días prorrogables, que entró en vigor el sábado, y cerró "hasta nuevo aviso" todos los pasos fronterizos con Colombia en esa región, que es, asegura, usada por contrabandistas y paramilitares.

El mandatario venezolano descartó que pueda dar marcha atrás y anular la orden que en ese sentido impartió el miércoles y que amplió el viernes y que afecta a un tramo fronterizo usado por contrabandistas y paramilitares.

También por narcotraficantes, secuestradores y autores de otros ilícitos que se han intensificado en el último tiempo recrudeciendo la "guerra económica" que Maduro denuncia que se ha desatado en su contra con la intención de dar al traste con su gestión.

Reuniones.

Cristo explicó que el vicepresidente venezolano, Jorge Alberto Arreaza, se encuentra haciendo una visita en la ciudad fronteriza de San Antonio de Táchira, por lo que le ha pedido aprovechar esta situación para un mantener una reunión.

Asimismo, afirmó que actualmente ambas partes están "definiendo el sitio de la frontera donde se va a realizar" la reunión entre las cancilleres de ambos países que debe celebrarse el próximo miércoles.

Maduro se felicitó por el adelanto al miércoles próximo de la reunión que pidió entre las cancilleres de ambos países.

A la reunión de cancilleres "vamos a llevar una agenda" orientada a "restablecer la normalidad, la paz y la legalidad en la frontera" cerrada, reiteró el gobernante venezolano.

Piden "respeto". El Gobierno de Colombia pidió ayer que "se respete la integridad y los derechos humanos" de los ciudadanos del país "que sean objeto de detenciones, deportaciones y demás acciones adelantadas" por Venezuela en el marco del estado de excepción decretado en el estado de Táchira.

Asimismo, el Gobierno exigió que antes de tomar medidas de deportación "se analice en cada caso la situación familiar para garantizar la unión de padres e hijos", según recoge un comunicado de la Cancillería.

Colombia también insistió en su rechazo al cierre de la frontera entre ambos países que fue ordenada por Maduro.

Piden "respeto".

Ante esta situación, Cristo hizo ayer un llamamiento a las autoridades venezolanas para "que se pueda solucionar este drama humanitario de una forma rápida".

A su vez, el Gobierno de Colombia pidió ayer que "se respete la integridad y los derechos humanos" de los ciudadanos del país "que sean objeto de detenciones, deportaciones y demás acciones adelantadas" por Venezuela en el marco del estado de excepción.

Asimismo, el Gobierno exigió que antes de tomar medidas de deportación "se analice en cada caso la situación familiar para garantizar la unión de padres e hijos", según recoge un comunicado de la Cancillería.

Colombia también insistió en su rechazo al cierre de la frontera entre ambos países que fue ordenada por Maduro.

En opinión del Gobierno colombiano, este cierre "genera un problema social de gran dimensión" por la "cantidad de personas que viven y transitan en la zona legalmente".

Además, recordaron que el cierre causa daños económicos entre ambos países.

"Debemos buscar mecanismos conjuntos para solucionar la problemática que se vive en la frontera común, pero minimizando el daño que esta medida produce", concluyeron las autoridades en un comunicado enviado a la prensa.

Prohíben colas nocturnas en supermercados

Las filas nocturnas frente a supermercados de Caracas fueron prohibidas porque acogen en buena parte a especuladores que fomentan la escasez en comercios formales, la venta ilegal a precios encarecidos y el contrabando a Colombia, informó ayer el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Juan Dugarte.

"Está prohibido hacer colas fuera del horario" de atención al público, porque gerentes y cajeros, entre otros trabajadores de los supermercados, así como distribuidores de alimentos, anticipan a los especuladores la llegada de productos de consumo masivo que por ley se venden a precios bajos, declaró Dugarte al canal Televen, sin precisar desde cuándo se aplica dicha medida.

El asunto forma parte, sostuvo en una entrevista con esa emisora de la red privada de la televisión venezolana, de la "guerra económica" que evalúa que la oposición le declaró al presidente, Nicolás Maduro, y que para encararla "se conformaron brigadas populares" que hacen "permanente supervisión".

La oposición venezolana, que achaca el problema a la ineficacia y la corrupción, es acusada por el Gobierno de buscar generalizar el malestar ciudadano para provocar una revuelta popular.

La oposición venezolana, que achaca el problema a la ineficacia y la corrupción, es acusada por el Gobierno de buscar generalizar el malestar ciudadano para provocar una revuelta popular.

En Venezuela son comunes las largas filas de personas que buscan comprar productos nacionales o importados por el Gobierno o por empresarios que obtienen del Estado divisas para ello, y que en un 40 % salen de contrabando hacia Colombia,

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