ARGENTINA

Denuncian ingreso ilegal de Policía a universidad para detener a dirigentes

Ocurrió durante un asado en la Facultad de Ciencias Agrarias de Jujuy. El gobierno provincial justificó el operativo.

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Jujuy (UNJu) denunciaron que la policía de la provincia ingresó ilegalmente a una sede de esa casa de altos estudios, sin orden de allanamiento, y arrestó a dos de ellos.

Las autoridades, en tanto, aseguran que los jóvenes fueron apresados por "ruidos molestos" durante una fiesta.

El confuso episodio sucedió en horas de la madrugada de ayer según se indicó, y otros alumnos, que participaban de un asado con el que festejaban el bautismo de ingreso de los asistentes a primer año, tuvieron que esconderse en vehículos para impedir el arresto.

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La policía jujeña llegó al lugar con varios patrulleros que, según dijeron los estudiantes, ingresaron "de manera ilegal" al predio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJu, situado en el barrio Los Naranjos de la capital provincial.

Los detenidos fueron identificados como Joaquín Quispe, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad, e Ignacio García, quienes fueron alojados en la seccional 1ª y más tarde liberados, con diferencia de horas, cuando llegó a la dependencia policial el decano de la Facultad, Mario Bonillo, en compañía de un abogado.

Bonillo calificó el operativo como "abuso de autoridad" y reveló que "la policía ingresó sin orden judicial", y que los estudiantes "fueron detenidos por una contravención provincial" que no tiene validez en un lugar de jurisdicción nacional.

"Ambos chicos están golpeados, se han hecho las denuncias correspondientes. Han sido maltratados los chicos", sostuvo esta mañana Bonilla en diálogo con radio El Mundo.

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (Adiunju) emitió un comunicado esta noche repudiando el accionar policial y reclamando la renuncia de los funcionarios responsables de seguridad, además de exigir una investigación judicial de los hechos.

Lo que se denuncia es que la policía violó el artículo 30 de la Ley de Educación Superior argentina, que establece que "las instituciones universitarias nacionales sólo pueden ser intervenidas por el Honorable Congreso de la Nación, o durante su receso y al referéndum del mismo, por el Poder Ejecutivo nacional por plazo determinado -no superior a los seis meses- y sólo por alguna de las siguientes causales: a) Conflicto insoluble dentro de la institución que haga imposible su normal funcionamiento; b) Grave alteración del orden público; c) Manifiesto incumplimiento de la presente ley". Además, el artículo indica que "la intervención nunca podrá menoscabar la autonomía académica".

La respuesta oficial

Desde la administración del oficialista Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy, justificaron el operativo. Señalaron que los efectivos acudieron por "llamados de vecinos" que se quejaban de "una fiesta y ruidos molestos".

También indicaron que los estudiantes "no contaban con ningún permiso" para la fiesta y que "se observó ingesta excesiva de bebidas alcohólicas".

El caso Sala

En la provincia de Jujuy se encuentra detenida de forma preventiva la activista y diputada del Parlasur Milagor Sala, desde que en enero de 2016 fuera apresada por una protesta organizada contra Morales. La dirigente kirchnerista acumula varias causas por fraude, violencia y corrupción.

La líder de la agrupación barrial Tupac Amaru fue condenada a tres años de prisión en suspenso por el delito de daños, en el juicio donde estaba imputada por liderar un escrache contra Morales en 2009, cuando el actual gobernador radical era senador.

Su detención ha sido cuestionada por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque las autoridades argentinas alegan que dichos organismos internacionales no conocen todos los cargos que pesan contra Sala y que la decisión de ponerla en libertad sólo corresponde a la Justicia.

El secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, emitió un comunicado en diciembre en el que pidió que Sala sea liberada basándose en "los principios interamericanos en materia de derechos humanos".

Almagro manifestó que "la Justicia no se puede administrar por encuestas u opiniones, sino en función de consideraciones objetivas del caso", y que "el sistema político no puede declarar a Sala culpable, ello es improcedente y genera situaciones no deseadas para el Estado de Derecho".

A principios de abril, la Procuradora General de Argentina, Alejandra Gils Carbó, dictaminó que la prisión preventiva en que permanece Sala "es ilegal y debe ser dejada sin efecto".

En un dictamen presentado a la Corte Suprema, la jefa del Ministerio Público subrayó, además, que la líder de la Tupac Amaru tenía inmunidad de arresto como legisladora electa del Parlasur y que no fue suspendida por los canales establecidos en la ley.

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