Registran la “aprehensión arbitraria” de 14.000 personas.

Policías y militares venezolanos actúan con impunidad participando en ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, denunció ayer la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) en un informe crítico de la operación gubernamental para combatir la delincuencia en este país sudamericano.

En un centenar de operativos contra la criminalidad realizados desde julio de 2015, unas 245 personas habrían muerto, según cifras oficiales reseñadas por HRW y la organización venezolana Provea en el informe "Poder sin Límites".

De esos, "hemos documentado 20 casos donde la evidencia sugiere que se trata de ejecuciones extrajudiciales", dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización de derechos humanos.

Unos 25 funcionarios de seguridad son investigados, según información suministrada a Provea por la Fiscalía venezolana.

Según las organizaciones, autoridades venezolanas han afirmado que los dos centenares de muertes se produjeron por "enfrentamientos" entre delincuentes y fuerzas de seguridad durante los operativos, realizados principalmente en zonas populares en Venezuela.

Pero según Vivanco, los testimonios de familiares y testigos, además de la "enorme desproporcionalidad" entre presuntos criminales y policías muertos (3), "nos permite llegar a la conclusión que la versión oficial no es creíble".

El gobierno del presidente Nicolás Maduro lanzó en julio de 2015 la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) para combatir la delincuencia en barriadas en varias estados del país, uno de los más violentos del mundo, con una tasa de 58 homicidios por cada 100.000 habitantes al cierre de 2015, según cifras oficiales.

Las organizaciones de derechos humanos reconocen que la elevada criminalidad demandan una inminente respuesta estatal pero critican la fuerte concentración de efectivos militares en estas operaciones y denuncian numerosas violaciones de los derechos humanos como ejecuciones, detenciones, desalojos y deportaciones ilegales, así como maltratos y destrucción de viviendas.

"El gobierno de Venezuela ha tomado la decisión de enfrentar el delito de una manera no democrática", denunció Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, durante una rueda de prensa conjunta en Washington.

Uzcátegui denunció la "militarización del ejercicio de la seguridad ciudadana profundizado por el gobierno del Nicolás Maduro", indicando que esa práctica contraría las recomendaciones de organismos internacionales y la Constitución venezolana.

HRW y Provea denunciaron la aprehensión "arbitraria" de más de 14.000 personas. Pero además cuestionaron la efectividad de esas prácticas para reducir los crímenes, pues solo un centenar de los detenidos fue formalmente procesado por algún delito.

En la zona fronteriza con Colombia, unos 1.700 inmigrantes colombianos fueron deportados a su país, incluyendo personas bajo protección por declararse víctima de persecución de paramilitares.

El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, Larry Devoe, afirmó ayer que la Ley de Amnistía aprobada por la mayoría opositora en el Parlamento es "una grave amenaza a los derechos humanos". La ley busca liberar a más de 70 presos políticos del país.

El embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Bernardo Álvarez, consideró ayer que es "irresponsable" hablar de que hay una crisis humanitaria en su país y señaló que hay naciones del continente en una situación "muchísimo más grave".

Álvarez expresó así ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su malestar por que la mayoría opositora del Parlamento venezolano decretara a finales de enero que el país vive una "crisis humanitaria de salud".

"Se ha empezado a hablar de que estamos en crisis humanitaria y lo manejan de manera muy alegre e irresponsable sin saber qué es una crisis humanitaria, que no es lo que ocurre", afirmó el diplomático.

"Es una gran irresponsabilidad decir eso, solamente tocaría ir a los sectores pobres de Argentina y cualquier país de Centroamérica y estaríamos en presencia de una situación muchísimo más grave", dijo.

Álvarez se pronunció en este sentido en una audiencia en la CIDH solicitada por organizaciones civiles para denunciar el desabastecimiento de medicamentos.

INSEGURIDAD EN VENEZUELAAFP, EFE