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Debaten acceso a Internet de abusadores sexuales

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¿Está todo perdido? No, por suerte existen formas de recuperar esos archivos. Foto: Archivo
¿Está todo perdido? No, por suerte existen formas de recuperar esos archivos.
Foto: Archivo.

En EE.UU. hay estados que les prohíben el uso de redes sociales.

¿Se puede vivir sin las redes sociales? La Corte Suprema de Estados Unidos está debatiendo el tema a propósito de una ley de Carolina del Norte, que prohíbe a los delincuentes sexuales el uso de cualquier sitio que permita las interacciones humanas. El caso marcará un precedente dado que una decena de estados imponen restricciones a la presencia de agresores sexuales en Internet.

En 2008, a Lester Packingham Jr. le quedó vetado utilizar las redes sociales a las que pudieran acceder menores de edad. El motivo es que Packingham, de 36 años, está registrado en una base de datos como acosador sexual después de que fuera condenado en 2002 por abusar de una menor. Estuvo 10 meses encarcelado por violar a una niña de 13 años, de la que, alega, desconocía la edad.

Los nuevos problemas judiciales de Packingham empezaron en 2010. Incumpliendo su prohibición, escribió un mensaje en Facebook para celebrar que no había sido multado por una infracción de tráfico. Era un mensaje anodino pero llamó la atención de un policía de Durham, que descubrió que lo había escrito Packingham utilizando un seudónimo. Fue imputado por un delito y condenado a libertad condicional.

El caso, promovido por la defensa del condenado que argumenta que se le violó su derecho a la libre expresión, llegó al Alto Tribunal después de que la máxima autoridad judicial de Carolina del Norte mantuviera intacta una ley que le impide el acceso a páginas web en las que se podría obtener información sobre menores.

La defensa de Packingham esgrime que la ley es demasiado severa porque impide cualquier comentario en Internet de una persona registrada como un agresor sexual. El argumento de los abogados coincide con el de algunas organizaciones, como la conservadora Cato Institute y la progresista American Civil Liberties Union, que aducen que el veto es inconstitucional porque puede impedir buscar trabajo o leer noticias en Internet.

Carolina del Norte defiende su ley como una forma de protección a menores y alega que no es un veto completo al acceso a Internet sino que limita el momento, lugar y modo en que se pueden comunicar los condenados por acoso sexual.

El vicefiscal general de Carolina del Norte, Robert Montgomery, argumentó que la norma impone limitaciones en el mundo virtual de la misma manera que se prohíbe que los abusadores sexuales visiten zonas de recreo de niños, y esgrimió que no se trata de un veto completo. "Estas páginas son parte de Internet, pero no son Internet entero", dijo.

El máximo tribunal deberá pronunciarse sobre este asunto hacia finales de junio. En base a AFP y EL PAÍS DE MADRID

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