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La crisis se tiñó ayer de sangre

Kluiver Roa tenía 14 años. En toda su vida no conoció algo distinto que el gobierno iniciado por el fallecido comandante Hugo Chávez. El adolescente murió ayer de un disparo en la cabeza en la ciudad de San Cristóbal, la capital del Táchira. Era un estudiante liceal que se encontraba en la calle durante una manifestación en protesta por la crisis y el desabastecimiento que atenaza a Venezuela.

La CIDH, Amnistía Internacional y varios presidentes ya se han pronunciado. Foto: Reuters.
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La CIDH, Amnistía Internacional y varios presidentes ya se han pronunciado. Foto: AFP
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La CIDH, Amnistía Internacional y varios presidentes ya se han pronunciado. Foto: Reuters.
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La CIDH, Amnistía Internacional y varios presidentes ya se han pronunciado. Foto: Reuters.
La CIDH, Amnistía Internacional y varios presidentes ya se han pronunciado. Foto: Reuters.

El disparo que mató a Kluiver partió del arma del oficial Javier Mora, de la Policía Nacional Bolivariana. Mora tiene 23 años y ahora está detenido y será acusado por el Ministerio Público de la muerte del niño. En rigor, Mora cumplía órdenes de reprimir la manifestación usando la fuerza letal, tal como lo prevé un decreto reciente firmado por el presidente Nicolás Maduro que habilita a las fuerzas militares a reprimir con armas de fuego manifestaciones populares.

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El oficial, según el escueto comunicado del Ministerio del Interior venezolano, declaró haber utilizado munición de goma. "Se aplicará todo el peso de la ley a él y a los responsables. Aquí no hay cabida para la impunidad", declaró la ministra del Interior y Justicia, Carmen Meléndez.

Algunos indignados tachirenses que fueron testigos del episodio hablan de una represión feroz contra los manifestantes, en su mayoría jóvenes estudiantes. "No es posible que la policía reprenda de esa manera a los estudiantes, si saben que ellos no poseen armas de fuego, están desarmados, es muy preocupante lo que esta pasando aquí", dijo Rafael Valero, que vive cerca del lugar del asesinato.

Durante las últimas semanas las protestas han arreciado en el estado de Táchira, en la frontera con Colombia y epicentro de las protestas que desencadenaron la crisis en 2014 que se saldó con 43 muertos, varios cientos de heridos y otros tantos detenidos. Incidentes por los que terminó acusado el líder del partido opositor Voluntad Popular, Leopoldo López, que lleva un año en prisión.

Ofensiva.

El Gobierno de Nicolás Maduro, sumergido en una crisis económica sin precedentes, inició en las últimas semanas una arremetida contra la oposición política.

Maduro ha esgrimido una conspiración promovida desde Estados Unidos —concretamente ha acusado al vicepresidente Joe Biden— para derrocarlo. Y acusó como precursores de ese presunto golpe de Estado al ya detenido líder Leopoldo López, al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma a quien ordenó detener la semana pasada y al diputado del partido socialdemócrata Acción Democrática Julio Borges, a quien ayer también se le inició el proceso de desafuero para proceder a detenerlo.

Pese al silencio de la mayoría de los gobiernos de América Latina —incluido Uruguay, ver página A6—, se suman voces de preocupación y alarma por el deterioro de la situación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó ayer su "profunda preocupación" por la situación política en Venezuela y "las consecuencias para la vigencia plena de los derechos humanos", en particular la detención de civiles en instalaciones militares. "La Comisión recuerda al Estado de Venezuela su obligación de garantizar la vida, la integridad y la seguridad de todas las personas privadas de libertad, así como condiciones de detención conformes con los estándares internacionales en la materia", señaló la entidad en una nota oficial. La CIDH "llama al Estado de Venezuela a buscar soluciones pacíficas a su actual problemática y a generar un diálogo con la oposición dentro del marco de la democracia, el Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos", apuntó la nota.

Días antes, la organización Amnistía Internacional se había pronunciado en el mismo sentido. Varios expresidentes han pedido la liberación de los presos políticos, tales como el chileno Sebastián Piñera, el español José María Aznar, así como el Premio Nobel de la Paz y expresidente de Costa Rica, Óscar Arias. En una entrevista Arias reflexionó sobre la situación. "En una verdadera democracia si uno no tiene oposición la crea porque no hay democracia sin oposición. En cambio en Venezuela a los opositores se les manda a la cárcel", destacó.

"Golpes de Estado que no existen", dijo Kerry

El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, pidió ayer al Gobierno de Venezuela liberar a todos los "prisioneros políticos" y abandonar el "viejo guión" que le lleva a culpar a Estados Unidos de intentos de golpe de Estado "que no existen". "Estamos perplejos y preocupados por lo que está ocurriendo en Venezuela", dijo Kerry en una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. "Llamamos al Gobierno de Venezuela a liberar a los prisioneros políticos, incluidos docenas de estudiantes, además de Leopoldo López, (y los alcaldes) Daniel Ceballos y Vicencio Scarano", afirmó el secretario de Estado. Kerry no mencionó la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, pero se pronunció así en referencia a una pregunta del senador demócrata Robert Menéndez, que sí lo aludió. "Falsean nociones de golpes que no existen y siguen un guión muy viejo, lo que es lamentable", sostuvo Kerry.

Diputado Borges hizo llamado a la sensatez

El diputado opositor Julio Borges, señalado por sus supuestos vínculos con un intento de golpe de Estado, pidió ayer "sensatez" al Gobierno en una sesión en la Asamblea Nacional (AN) en la que comenzó su desafuero. "Llamo a la sensatez de quienes tienen el poder de Venezuela, a que entiendan que no hay problema por difícil que sea que los venezolanos juntos no podamos resolver (...) esta crisis que tiene Venezuela es imposible que con sectarismos podamos salir de ella", dijo Borges durante la sesión ordinaria de la AN. "Se está tomando un camino contrario, el camino de la confrontación, de la pelea, de la persecución, ese no es el camino (...) Lamentablemente el Gobierno no entiende la magnitud de la crisis", dijo. Borges, Antonio Ledezma, y la exdiputada María Corina Machado fueron señalados hace unos días por Diosdado Cabello, como autores intelectuales de un supuesto intento de golpe de Estado denominado "Plan Jericó".

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