Sin fisuras, el Congreso argentino aprobó ayer miércoles una ley que frena la excarcelación anticipada de condenados por delitos de lesa humanidad.

La nueva ley impide conceder a los culpables de crímenes de lesa humanidad el beneficio de reducción de condenas. El texto se aprobó en debates con la emoción a flor de piel de diputados y senadores, algunos de ellos protagonistas y víctimas directos de la dictadura en Argentina entre 1976 y 1983.

La rápida aprobación por unanimidad de la ley "es una señal muy clara a la sociedad y a los jueces de cuál es la posición del pueblo argentino" frente a los derechos humanos, dijo Federico Pinedo, senador y hombre cercano al presidente Mauricio Macri.

El cuestionado fallo de la Corte Suprema, donde tres de los cinco jueces aprobaron una reducción de pena para el exagente paramilitar Luis Muiña —condenado a 13 años de prisión—, puso en rebelión a abogados, jueces, fiscales y legisladores.

Macri, señalado por opositores de estar detrás del fallo de la Corte, rompió ayer un criticado silencio. "Estoy en contra de cualquier herramienta que facilite impunidad, más aún cuando es por delitos de lesa humanidad", remarcó.

La nueva ley se aprobó horas antes que las organizaciones de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo ayer realizaran en Buenos Aires una marcha. "Quiero expresar mi adhesión y la de la Fundación Estudiantes al acto convocado bajo la consigna Señores jueces: Nunca Más. Ningún genocida suelto. 30 mil detenidos-desaparecidos ¡presentes!", escribió a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, Juan Sebastián Verón, jugador y presidente del club Estudiantes de La Plata.

Por primera vez todos los asistentes a la marcha pudieron lucir el pañuelo blanco que simboliza a Abuelas de Plaza de Mayo.

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