Países de la OEA, la UE y EE.UU. reclaman suspender la Constituyente.

Atres días de la fecha fijada para la elección de la polémica Asamblea Nacional Constituyente convocada por Nicolás Maduro, crece la presión internacional para que el presidente venezolano dé marcha atrás. Adentro de Venezuela, la oposición cumplió ayer miércoles el primero de dos días de la huelga convocada contra esa Constituyente, con la que Maduro busca permanecer en el gobierno con superpoderes. Pero por ahora nada hace ceder a Maduro, que sigue reprimiendo las protestas. Ayer hubo un nuevo muerto, sumando 104 las víctimas fatales desde el 1° de abril.

En el marco de la presión internacional sobre el régimen chavista, trece países de la Organización de Estados Americanos (OEA) instaron a Venezuela ayer miércoles a suspender la elección de la Constituyente. En una declaración ante el Consejo Permanente, indicaron que esta instancia "implicaría el desmantelamiento definitivo de la institucionalidad democrática y sería contrario a la voluntad popular expresada en la consulta del 16 de julio". Ese día la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) recogió 7,6 millones de votos contrarios a la iniciativa de Maduro.

La declaración fue firmada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.

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Uruguay, que en marzo se sumó a estas 13 naciones para exigir a Venezuela la liberación de sus presos políticos y la fijación de un calendario electoral, no firmó el documento. Álvaro Gallardo, embajador alterno de Uruguay ante la OEA, explicó que el gobierno de Tabaré Vázquez decidió no suscribir la declaración porque la Constituyente "es un mecanismo previsto en la Constitución venezolana".

A esta declaración de trece países de la OEA se sumó también ayer otra de la Unión Europea (UE) en el mismo sentido. "Para la sociedad venezolana la convocatoria de una Asamblea Constituyente es una medida controvertida, por ello se corre el riesgo de que polarice más al país y aumente el peligro de confrontación", indicó la alta representante de la UE para la Política Exterior, la italiana Federica Mogherini.

La escalada de tensión política y violencia en Venezuela "ya se ha cobrado demasiadas vidas y causado incontables heridos en las casi diarias manifestaciones". "Ya es hora de poner fin a esta violencia", manifestó Mogherini. La jerarcas de la UE se mostró "preocupada" por las informaciones sobre "violaciones de los derechos humanos, el uso excesivo de la fuerza, las detenciones masivas y los juicios a civiles por tribunales militares" en el país.

Estados Unidos también jugó fuerte y ayer anunció sanciones económicas contra trece altos funcionarios chavista. De acuerdo con la normativa que rige las sanciones estadounidenses, las personas incluidas no podrán tener relaciones comerciales con ciudadanos estadounidenses, al tiempo que eventuales activos o bienes que posean en territorio de Estados Unidos serán congelados (ver nota en esta página).

Un funcionario de la Casa Blanca apuntó que el gobierno de Donald Trump no descarta nuevas sanciones luego de las elecciones de la Constituyente. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, señaló en un comunicado que Washington "mantendrá todas las opciones sobre la mesa, incluso sancionar a quienes se sumen a la Constituyente".

El vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, ya había sido sancionado en febrero por Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. Ayer un funcionario de la Casa Blanca dijo que los activos congelados a El Aissami son mayores de lo anticipado y se elevan "a cientos de millones de dólares".

"El Aissami y (su colaborador Samark) José López Bello tenían mucho más dinero de lo que anticipábamos", indicó.

En febrero, el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, afirmó que las sanciones impuestas a El Aissami y López Bello habían resultado en la congelación de "decenas de millones de dólares", la gran mayoría en propiedades inmobiliarias en el área de Miami y que incluían un avión privado.

Un hombre de 30 años murió ayer miércoles en una protesta durante el primer día de la huelga de 48 horas convocada por la oposición al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La víctima, identificada como Rafael Vergara, murió "durante una manifestación" en Ejido, en el occidental estado de Mérida, confirmó el Ministerio Público, sin precisar la causa del deceso ni el posible responsable. La cifra de fallecidos en cuatro meses de protestas en todo el país asciende a 104, de acuerdo con el balance de la Fiscalía.

Fuertes disturbios se registraron ayer miércoles en Caracas y otras ciudades del país como Maracay, Maracaibo y San Cristóbal, cuando policías y militares trataron de disolver con bombas lacrimógenas y perdigones trancas de vías por parte de manifestantes. La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática ha llamado también a una gran marcha en Caracas para mañana viernes y a un "boicot" contra la votación el domingo, cuando se elegirá la polémica Constituyente.

Estados Unidos aprobó ayer sanciones económicas contra trece altos funcionarios del régimen chavista, como presión a Nicolás Maduro para que abandone la convocatoria a una Constituyente, prevista para este domingo.

Se trata del tercer paquete de sanciones aplicado por Washington contra venezolanos: en febrero había incluido al vicepresidente Tareck El Aissami, y en mayo congeló bienes de ocho jueces del Tribunal Supremo de Justicia.

El Departamento del Tesoro sancionó a cuatro funcionarios por "minar la democracia o los derechos humanos": el ministro de Educación, Elías Jaua; la presidenta del Consejo Electoral, Tibisay Lucena; el defensor del Pueblo, Tarek William Saab; e Iris Varela, de la comisión preparatoria de la Constituyente.

Otros cinco jefes militares y policiales fueron sancionados por represión y violencia: Néstor Reverol (ministro de Interior y Justicia), Carlos Pérez Ampueda (director de la Policía Nacional Bolivariana, PNB), Sergio Rivero (comandante general de la PNB), Jesús Suárez (comandante de la PNB) y Franklin García (exdirector de la PNB).

Otros cuatro fueron incluidos en el paquete de sanciones por corrupción: Rocco Albissini (presidente del Centro de Comercio Exterior), Alejandro Fleming (vicenciller para Europa), Simón Zerpa (vicepresidente financiero de Pdvsa) y Carlos Malpica (extesorero de Pdvsa).

VIDEOAFP, EFE, REUTERS