El instructor de la comisión recomendó que se abriera el “impeachment”.

El Congreso brasileño dio ayer el primer paso hacia un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, con la presentación de un informe en el que se recomienda avanzar hacia un proceso con miras a su destitución, basada en la apreciación de los llamados "delitos de responsabilidad" previstos en la ley.

La sesión tuvo un comienzo tormentoso, con un agitado debate que demoró por algunos minutos el comienzo de la lectura del informe del diputado instructor, que de todos modos debió pedir silencio durante varios tramos del informe.

El informe, redactado por el diputado Jovair Arantes, quien actúa como instructor de una comisión especial de la Cámara Baja, supone apenas el primero de los escalones del engorroso proceso que definirá si Rousseff responderá a un juicio político.

"Como la denuncia contiene todas las condiciones jurídicas y políticas necesarias para su admisión, concluye el instructor por la aceptación jurídica y política de la acusación y por la consecuente autorización para la instauración, en el Senado, del proceso por crimen de responsabilidad" contra la mandataria, indicó Arantes.

Las acusaciones formuladas por la oposición dicen que Rousseff incurrió en maniobras contables para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos, y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública, pese a que la legislación lo prohíbe. Todo eso, según la parte acusadora, constituyen "delitos de responsabilidad", que la Constitución brasileña contempla entre las causas que pueden llevar a la destitución de un mandatario.

El Gobierno ha rechazado eso a rajatabla, y tanto Rousseff como sus seguidores han repetido a los cuatro vientos que un proceso con miras a su destitución en ausencia de un "delito de responsabilidad", es un "golpe".

Sin embargo, el propio instructor insistió ayer en que "un proceso de impeachment no es un golpe de Estado", pues es realizado por el Parlamento, de acuerdo con las normas establecidas en la Constitución y ratificadas en diciembre pasado por el Tribunal Supremo.

De acuerdo con el instructor, las maniobras mediante las cuales el Gobierno contrajo deudas con los bancos públicos para financiar sus gastos corrientes sin reflejarlas en los balances fiscales sí constituyen un "delito de responsabilidad".

"Ante todas las consideraciones jurídicas y políticas, estoy convencido de que las conductas atribuidas a la presidenta, si son confirmadas, no representan actos de poca gravedad o de simple tecnicismo contable, presupuestario o financiero", aseguró.

Por el contrario, agregó, "tales actos revelan serios indicios de gravísimos y sistemáticos atentados a diversos principios importantes de la Constitución", entre los que citó el control parlamentario de las cuentas públicas, la responsabilidad con el equilibrio fiscal y el buen uso de los recursos públicos.

Tras la presentación de Arantes, los 65 miembros de la comisión tendrán otras dos sesiones para debates y el próximo lunes, según el calendario establecido, deberán votar el informe. Si la comisión respalda por mayoría simple el informe, tomará la palabra el pleno de la Cámara de Diputados, en el que la oposición necesitará de una mayoría calificada de 342 votos, sobre un total de 513, para aprobarlo.

En caso de que reciba el visto bueno de los diputados, el informe seguirá al Senado, cuyos miembros decidirán por mayoría simple si se debe iniciar un juicio político en esa cámara legislativa.

Si la iniciativa de la oposición es aprobada también en esa instancia, Rousseff deberá dejar el cargo por un plazo de 180 días, que será el tiempo que el Senado tendrá para culminar el proceso.

En caso de llegarse a ese extremo, la mandataria será sustituida durante ese período por el vicepresidente Michel Temer, miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que la semana pasada decidió romper con el Gobierno. Sin embargo, este martes un magistrado de la Corte Suprema ordenó a la Cámara Baja iniciar el trámite con miras a un proceso que puede llevar a Temer a un juicio similar, apoyado en que, en su condición de vicepresidente, firmó algunos de los decretos que sustentan la acusación contra Rousseff.

El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, anunció que apelará esa decisión, que seguramente acabará siendo analizada por el pleno de la corte, integrado por 11 magistrados.

Este último, que tiene un procedimiento pendiente luego de haber sido procesado hace un mes, volvió por estos días a cobrar notoriedad.

Entre los nombres brasileños que han salido a relucir entre los denominados "Panama Papers" destaca, sobre todo, uno: el presidente del Congreso, Eduardo Cunha, investigado en el caso Petrobras, también figura, según los medios brasileños que han tenido acceso a estas informaciones, entre la nómina de personajes políticos con cuentas en este paraíso fiscal (ver tema en página A4).

Cunha está acusado ya por la Fiscalía General de Brasil de detentar cinco cuentas millonarias e ilegales en Suiza.

Cunha aparece en esta nueva relación como titular de una cuenta offshore, con el nombre de Penbur Holdings, supuestamente controlada por el líder parlamentario pero que usaban, en principio como testaferros, dos panameños. Cunha, por medio de un comunicado, negó poseer dicha cuenta.

El vicepresidente de Brasil, Michel Temer, dijo ayer haberse sentido agredido "profesional y moralmente" por la orden de un magistrado del Tribunal Supremo de que se le abra un proceso de juicio político similar al que enfrenta Dilma Rousseff. Temer dijo que la decisión del magistrado Marco Aurélio Mello le sorprendió "enormemente" porque él siempre se comportó "en obediencia absoluta al orden jurídico".

Para Temer "una campaña nítida y deliberada" en su contra, con el supuesto propósito de llevarle a una "pelea callejera".

Enfundado en su papel de "ministro" sin cargo, el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tantea desde hace semanas apoyo político para frenar el proceso legislativo que amenaza con desbancar de la Presidencia a su delfín político, Dilma Rousseff. Cargado del carisma que le caracteriza, Lula se ha embarcado en "gira" política para conseguir el respaldo de las bases y recabar los apoyos necesarios para garantizar la permanencia de Rousseff en el cargo. Lula está dispuesto a llevar el timón de la articulación política y esta semana se lo advirtió a Rousseff durante un encuentro con sindicalistas en su ciudad, Sao Bernardo do Campo: "Le voy a decir a Dilma que vaya a gobernar Brasil, que yo converso". El exmandatario, cuya designación como ministro se encuentra suspendida por el Tribunal Supremo, ha comenzado una ofensiva política para intentar convencer a los parlamentarios de estados del norte y nordeste del país, donde el grito en las calles a favor del "impeachment" suena con menos fuerza que en las grandes ciudades del sureste de Brasil. El fin de semana el exjefe de Estado se reunió en Fortaleza con los gobernadores de los estados de Ceará, Paraíba y Piauí (nordeste) y coqueteó con diputados federales de "bajo clero" de seis partidos diferentes. La estrategia de Lula está basada en números dado que la oposición necesita llegar a los 342 votos para que el "impeachment" consiga avanzar en el Cámara de Diputados. Por ello, el Gobierno, liderado por el expresidente, trabaja a contrarreloj para persuadir a congresistas y evitar que el juicio político sea aprobado por dos tercios de los diputados, el quórum más alto exigido por la Constitución. Según Rousseff, Lula fue precisamente nombrado ministro para tejer apoyos, una función que continúa haciendo a pesar que su designación como titular de la Presidencia está suspendida, a la espera de que el Supremo se pronuncie.

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