DÍA DECISIVO PARA ESPAÑA

En clima de máxima tensión, se enfrentan Rajoy y secesionistas

Bloquean centros de votación y de informática para impedir referéndum ilegal en Cataluña.

El gobierno de España ratificó que actores del referéndum deben ir antes a la Justicia. Foto: Reuters
El gobierno de España ratificó que actores del referéndum debe ir ante la Justicia

Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?". Esa es la crucial pregunta que los líderes del movimiento sececionista que pretende quebrar la unidad de España, liderados por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, intentan que los ciudadanos respondan hoy en un referéndum que ha sido declarado ilegal por la Justicia, mientras el gobierno nacional encabezado por el presidente Mariano Rajoy, lanzó una ofensiva para impedir la votación.

Las posiciones irreconciliables hacen que se haya llegado a esta jornada decisiva en un clima de máxima tensión y enfrentamiento.

Pese a todas las medidas de prohibición dispuestas por el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General y el gobierno para frenar la consulta, los sectores partidarios de la independencia de Cataluña, —una región de 7,5 millones de habitantes que representa el 16% de la población, 6,3% del territorio, y 19% del Producto Interno Bruto de España— mantienen el desafío a la autoridad central en todos sus términos.

El gobierno español aseguró ayer sábado haber "desarticulado la organización del referéndum de independencia prohibido en Cataluña", bloqueando todos sus recursos informáticos y cerrando 1.300 centros de votación, sin embargo, decenas de ellos seguían ocupados por militantes decididos a celebrar la consulta.

Enzarzado desde hace años en un conflicto creciente con el gobierno de Rajoy, y tras meses de secreto, el gobierno catalán desveló el viernes algunos detalles, entre ellos, la existencia de 2.315 centros de votación en toda Cataluña.

De estos centros, "1.300 ya han sido precintados", afirmó el representante de Rajoy en Cataluña, Enric Millo. Precisó que 163 de estos centros, que representan 12,5% del total, están ocupados por militantes que realizan actividades culturales o deportivas, "con toda paz y cívicamente", a quienes se les permite salir, aunque se impedirá la entrada a nadie más.

Ocupados.

Reconoció que entre los mil centros que quedaban por precintar podría haber decenas más ocupados.

El gobierno catalán había previsto habilitar 2.315 centros de votación y 6.249 mesas en toda Cataluña, con 7.235 personas en las mesas y 5,3 millones llamadas a votar.

La AFP visitó ayer sábado varias escuelas en las que padres, alumnos y vecinos podían entrar y salir libremente. Y según una fuente del gobierno independentista catalán, había "unos 200 centros ocupados" sólo en Barcelona y su periferia.

"Aquí ya han venido los agentes, han hablado con nosotros y nos han dicho que tenemos que salir, pero no han cerrado nada", explicó a la AFP Thais, una madre de 38 años que, como muchos activistas, prefería no dar su apellido. "Pensamos que es esencial que el centro esté abierto el día que tiene que estar abierto,", aseguró al iniciar la ocupación de la escuela de su hijo.

En un esfuerzo por desmantelar la logística de un plebiscito prohibido, la justicia española ordenó el cierre de escuelas, centros cívicos y otros locales designados para acoger la votación. Esto pone contra las cuerdas a la policía regional catalana, los Mossos dEsquadra, dependiente del gobierno independentista catalán, pero obligada a hacer respetar las decisiones judiciales. Los agentes catalanes recibieron, sin embargo, la orden de no recurrir a la violencia, lo que abre el interrogante de qué ocurrirá.

Bloqueo.

La otra acción realizada por el Estado español, a través de la Justicia, fue bloquear el programa informático para el voto telemático y el escrutinio.

Millo confirmó la operación realizada por la Guardia Civil en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) del ejecutivo regional catalán, que bloqueó las conexiones telemáticas de los centros de voto, los sistemas informáticos de recuento y un sistema que hubiese permitido "una votación online mediante una web". Esto "permite ya con un carácter muy definitivo desarticular la posiblidad de llevar a cabo" lo que el gobierno catalán "prometió en su momento, que es la realización de un referéndum efectivo, con garantías y vinculante", aseguró.

El operativo fue autorizado por la jueza Mercedes Armas que dispuso la intervención de 27 programas informáticos.

Ayer, como última ratificación de su postura, el gobierno de España, manifestó, en un encuentro que el vocero Iñigo Méndez de Vigo tuvo con medios de comunicación de todo el mundo, que "estamos en presencia de un proceso continuado de desobediencia constitucional contra una democracia europea acreditada y prestigiosa como es la de España y, en pleno siglo XXI, contra un Estado miembro de la Unión Europea". Responsabilizó a la Generalitat de Cataluña y a sus socios de esa deslealtad y desobediencia, y sostuvo que "solo desde el pleno restablecimiento de la legalidad se podrá restablecer la convivencia en Cataluña". Asimismo, advirtió que los promotores del referéndum deberán responder ante los tribunales. "Las leyes obligan a todos, recalco, a todos, porque nadie está por encima de la ley. La convivencia, el progreso y bienestar no son posibles al margen del imperio de la ley y del Estado de derecho", aseveró. "Lo que suceda hoy no será un referéndum".

El gobierno tiene el apoyo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y del partido Ciudadanos, en tanto el izquierdista Podemos quiere que la ciudadanía catalana se exprese con el voto.

Los sondeos muestran que los catalanes están divididos sobre la independencia: 41,1% a favor y 49,4% en contra, según el último sondeo del gobierno catalán publicado en julio. Pero también que más del 70% de la población quiere que la cuestión se decida en un referéndum legal.

El presidente y Puigdemont, visiones que chocan.

La historia actual del enfrentamiento a raíz del movimiento por la independencia tiene tres protagonistas:

Mariano Rajoy, líder del Partido Popular (PP), de 62 años, es el presidente del gobierno español desde diciembre de 2011. Tras las legislativas de 2016, gobierna en minoría con el apoyo del partido Ciudadanos, nacido en Cataluña para luchar contra el secesionismo.

El PP es la quinta fuerza política en Cataluña, donde recabó el 13%. Rajoy batalló contra el nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña aprobado en 2006, que le daba más competencias a la región y la elevaba al rango de "nación". Sus detractores lo acusan de haber dejado enquistarse la cuestión catalana, Él afirma que no puede negociar la celebración de un referéndum porque es incompatible con la Constitución.

-—Carles Puigdemont, experiodista de 54 años, presidente de la Generalitat, que milita por la independencia desde su juventud. Fue propulsado a la presidencia de la región a comienzos de 2016, por CUP, partido de extrema izquierda cuyo apoyo necesita en la cámara regional. Si gana el referéndum, promete que Cataluña emprenderá la independencia.

Oriol Junqueras, de 48 años, vicepresidente de Cataluña, profesor de historia y líder del partido de izquierda Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que desde 1931 reclama la secesión. Fuente: AFP

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