Una tormenta política se abate sobre Estados Unidos tras las revelaciones de la CIA, según las cuales Rusia intervino con hackeos en las elecciones norteamericanas para ayudar a Donald Trump a conquistar la Casa Blanca.

Una primicia del Washington Post que se dio a conocer poco después de que Barack Obama ordenara a la CIA una revisión "completa" de las actividades de hackeo ligadas con las presidenciales estadounidenses.

El fuego cruzado amenaza con deslegitimar a Trump y dividir a los republicanos, entre quienes un sector —encabezado por el senador John McCain— quiere echar plena luz sobre las interferencias rusas. Pero el equipo de Trump ya reaccionó duramente con lo que parece una declaración de guerra a la actual dirigencia de la CIA: "Estas son las mismas personas que decían que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Las elecciones terminaron hace mucho tiempo con una de las mayores victorias en la historia de los colegios electorales y es hora de mirar adelante y volver a hacer grande a Estados Unidos".

En una entrevista publicada esta semana en Time, el propio Trump había reiterado que no cree en las interferencias rusas. "Esta se volvió una historia ridícula, no un tema de conversación. Cada vez que hago algo, ellos dicen: Oh, Rusia intervino", dijo el presidente electo.

Pero Trump también alimenta estas sospechas. Rex Tillerson, CEO de Exxon Mobil designado secretario de Estado, en los últimos años cerró varios acuerdos energéticos con el presidente ruso Vladimir Putin.

Según la CIA, gente vinculada al gobierno ruso le pasó a Wikileaks miles de e-mails hackeados contra el Partido Demócrata y otras organizaciones, incluyendo al presidente de la campaña de Hillary Clinton, John Podesta.

Las fuentes del Washington Post describen a tales actores como conocidos de la comunidad de inteligencia e integrantes de una más vasta operación para impulsar a Trump. Pero no parece haber pruebas de que el Kremlin haya sugerido a los hackers pasar los e-mails del Partido Demócrata a Wikileaks, porque se trataría de "intermediarios", no de empleados del gobierno ruso.

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