BRASIL

El cerco del impeachment se estrecha sobre Dilma Rousseff

Rousseff, suspendida de su cargo desde el 12 de mayo, hizo una fuerte apelación a los senadores y en vez de presentarse optó por que su abogado, el exministro de Justicia Eduardo Cardozo, leyera la presentación.

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Dilma Rousseff. Foto: Reuters

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, suspendida y al borde de la destitución, negó este miércoles haber violado la Constitución y reivindicó su lucha contra la dictadura y su triunfo en las urnas en una defensa escrita ante el Senado, donde se tramitan las últimas instancias del impeachment.

Rousseff, suspendida de su cargo desde el 12 de mayo, hizo una fuerte apelación a los senadores pero optó por no dar su testimonio en persona ante la comisión especial de impeachment, donde su fuerza es minoritaria y su abogado, el exministro de Justicia Eduardo Cardozo, leyó la presentación.

"Sufrí el dolor indecible de la tortura, y pasé por el dolor de la enfermedad y ahora sufro igualmente el dolor innombrable de la injusticia. Lo que más duele en este momento es la injusticia, lo que más duele es percibir que estoy siendo víctima de una farsa jurídica y política", dijo Rousseff en su carta.

El escrito recorrió la biografía de Rousseff, que fue encarcelada y torturada durante la dictadura militar (1964-1985) y superó un cáncer, citó a Shakespeare ("también da fruto dulce la adversidad") y dejó advertencias ominosas sobre la marca que quedará en la historia si es destituida.

"Es apenas una cuestión de tiempo para que los que hoy se juzgan victoriosos sean colocados en el debido lugar que la lucha democrática y la historia les reserva".

Caso cerrado

La presidenta, una economista de 68 años, había justificado el martes su ausencia ante la comisión por cuestiones ligadas a su estrategia de defensa, pero no descartó defenderse en persona cuando el caso llegue al plenario del Senado, donde deberá superar dos votaciones antes de llegar a una sentencia.

"Es un juego de cartas marcadas y aconsejamos a la presidenta que no venga para no avalar este golpe y que solo vaya al plenario", dijo Lindbergh Farias, senador del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Rousseff.

Todo indica que el 4 de agosto, víspera de la inauguración de los Juegos Olímpicos en Rio de Janeiro, la comisión recomendará la destitución de Rousseff y que ese parecer será ratificado cinco días después en el plenario del Senado por mayoría simple.

Pero para apartarla del cargo definitivamente es necesario que una mayoría especial de 54 de los 81 senadores la condenen durante una sesión final conducida por el presidente de la corte suprema, programada para celebrarse entre el 25 y el 27 de agosto, poco después de concluirse los Juegos Olímpicos.

En el gobierno hay modestas expectativas de que la moneda aún está en el aire y que si se consigue modificar el voto de 4 o 5 senadores, el resultado puede puede cambiar.

Pero la oposición abroquelada en torno a su destitución y al vicepresidente Michel Temer, que la reemplazó interinamente, lo ve como un caso cerrado.

"La cuestión ya está definida, porque los crímenes fueron cometidos y probados", dijo el senador Cassio Cunha Lima, del socialdemócrata PSDB.

Cunha Lima anticipó que la oposición tendrá 16 de los 21 votos posibles en la comisión y sumará al menos 59 votos en el plenario, cinco más de los necesarios.

Constitución vs golpe

Rousseff afirma que el impeachment no tiene base legal y es una ruptura del orden democrático orquestada por un ala conservadora de la coalición que la llevó al poder, apoyada por un amplio arco opositor.

Para su defensa, no se probaron las acusaciones de que autorizó gastos sin la aprobación del Congreso y financió al Tesoro a través de la banca pública, dos infracciones consideradas crímenes de responsabilidad que solo alcanzan a los funcionarios públicos.

"Impeachment sin base legal, es golpe", afirma uno de los eslóganes más usados por el PT.

Del otro lado, los acusadores creen que una pericia reciente elaborada por técnicos del Senado eliminó las dudas jurídicas sobre la autorización de gastos por decreto sin la venia del Congreso, pese a que desligó la actuación personal de Rousseff en las "pedaladas fiscales", como se conoce a la práctica de financiar al Tesoro mediante la banca pública.

"Bastaría un solo delito para destituirla, pero incluso así el crimen está caracterizado. No era función de la pericia apuntar el autor y cuando se practica un fraude nadie deja sus huellas digitales. La presidenta es la autora intelectual", dijo Cunha Lima.

La crisis institucional empujó a Brasil a la incertidumbre y alimentó la recesión económica que golpea a una sociedad que, además, se mantiene en vilo por las escandalosas revelaciones de una trama de sobornos en la estatal Petrobras que golpeó de lleno a la élite empresarial y política.

El segundo mandato de Rousseff concluye a fines de 2018 y si es derrocada Temer entregará la banda presidencial el 1 de enero de 2019.

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