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Cataluña inicia la "desconexión"

El Parlamento de Cataluña aprobó ayer una resolución sin precedentes para iniciar un proceso de independencia respecto a España, una iniciativa que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ordenó recurrir inmediatamente ante el Tribunal Constitucional.

Con 72 escaños a favor entre 135 diputados, la Cámara catalana aprobó un texto que plantea que, en el plazo de un mes, comience la tramitación de las "leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública", que serían las bases de la hipotética república catalana.

Se trata, señala el texto, de hacer posible "el proceso de desconexión democrática" de España y por ello se advierte que no se hará caso a las decisiones que adopten "las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional" (el organismo que ejerce la función suprema de interpretar la Constitución).

En la resolución aprobada ayer, los independentistas advierten que este proceso quieren culminarlo en 2017 con un referéndum para aprobar la nueva constitución catalana.

Los secesionistas son dos formaciones: Juntos por el Sí y CUP. Entre ambas suman mayoría absoluta en el Parlamento catalán, aunque en las elecciones regionales del pasado 27 de septiembre sólo alcanzaron el 48 % de los votos, en unos comicios que habían planteado como una especie de plebiscito en favor de la independencia.

Hace un par de semanas, ambas fuerzas cerraron un acuerdo sobre un texto que aboga por la "desconexión" de Cataluña respecto a España y ayer el portavoz de Juntos por el Sí, Raúl Romeva, justificó avanzar hacia la independencia en que se trata de una "demanda democrática y una urgencia social".

"Nadie puede detener la voluntad de un pueblo que avanza decididamente hacia un futuro mejor. Ninguna querella, ninguna amenaza, ningún miedo", aseguró el presidente en funciones de la coalición independentista Juntos por el Sí, Artur Mas.

En contra.

Frente a estos argumentos, los independentistas tuvieron ayer los votos en contra de 63 diputados de otras cuatro formaciones: Ciudadanos (liberales centristas), PSC (socialistas), Cataluña Sí se Puede (izquierda) y PP (centroderecha).

Todos ellos clamaron contra la ruptura de la legalidad que supone la resolución independentista y advirtieron de que contra los efectos negativos e imprevisibles de avanzar por esa vía.

Algunos, como la centrista Inés Arrimadas, cuya formación (Ciudadanos) es la segunda en escaños del Parlamento, ven en el secesionismo el intento del presidente regional, Artur Mas, de eludir sus problemas judiciales, ya que su propio partido, CDC, está implicado en varios casos de corrupción.

Miquel Iceta, secretario del PSC, criticó a los impulsores de esta resolución: "No tienen ningún mandato democrático para dar este paso" y enfatizó: "Nos piden que desconectemos del Estado de derecho pero están desconectando de la mayoría".

Desde Madrid, el presidente español, Mariano Rajoy, también criticó la iniciativa, al igual que el principal líder de la oposición (ver nota aparte).

Entre hoy y el jueves el Parlamento catalán debe definir nuevo presidente de la región. Foto: Reuters.
Entre hoy y el jueves el Parlamento catalán debe definir nuevo presidente de la región. Foto: Reuters.

Lo que sigue.

El Consejo de Estado (órgano consultivo del Gobierno español) trasladará hoy un informe que servirá de base para el recurso que el Gobierno presentará mañana ante el Tribunal Constitucional.

En ese recurso el Ejecutivo pedirá la "inmediata suspensión" de la resolución aprobada ayer, de modo que no tenga "valor ni consecuencias".

La admisión a trámite por el alto tribunal de ese recurso supondría su suspensión cautelar durante un plazo máximo de cinco meses, mientras los magistrados debaten y deciden sobre el asunto.

Sin embargo, la resolución secesionista dice expresamente que no se respetarán lo que dictamine el Constitucional.

A su vez, entre hoy y el jueves, el Parlamento catalán debe definir al nuevo presidente de la región. Si bien la CUP apoya el proceso independentista, no respalda a Artur Mas —quien se postula para la reelección— a quien acusan de corrupción.

Ayer, Mas le avisó a la CUP de que el proceso independentista podría quedar "encallado" si no lo votan, según señaló el diario La Vanguardia de Barcelona. Pero el portavoz de la CUP dijo que "no cree" que esto suceda.

Cataluña aporta el 19% del PIB español.

Cataluña tiene 7,5 millones de habitantes y aporta el 19 % del PIB español.

Por tratarse de una de las llamadas "regiones históricas" (con País Vasco, Andalucía y Galicia), cuenta con un alto nivel de autogobierno y gestiona competencias que van desde la Policía propia, empleo, economía y educación.

Los secesionistas se quejan de que son maltratados por los gobiernos españoles y de que reciben mucho menos de lo que aportan al Estado.

REACCIÓN GUBERNAMENTAL.

Mariano Rajoy: "Cataluña no se va a desconectar".

Una hora después de la aprobación del Parlamento catalán, compareció ante la prensa el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, quien ordenó a los servicios jurídicos preparar el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC).

"Ni Cataluña se va a desconectar (de España) ni se va a producir ninguna fractura" y "nadie tendrá que escoger ni renunciar a su identidad española y europea", señaló el mandatario español.

En su comparecencia Rajoy prometió emplear "toda la ley y la fuerza de la democracia" ante la iniciativa independentista.

Mientras en España Rajoy percibe unión en torno a la defensa de la legalidad, en Cataluña ve "incertidumbre y división" y un "inútil empeño" de los secesionistas por vulnerar la ley.

"España es la casa de todos, pensemos como pensemos", afirmó Rajoy al defender su respuesta a los secesionistas y agradecer el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas en favor de la unidad del país.

En su estrategia Rajoy tiene el apoyo del líder de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, con quien se reunirá hoy para hacer patente la imagen de unidad. Sánchez también compareció para una declaración en la que señaló que la resolución aprobada en Cataluña supone el "mayor desafío al orden constitucional de España" y "traiciona la voluntad de la mayoría de los catalanes".

Tras expresar su apoyo al Gobierno en la presentación del recurso al Tribunal Constitucional, el líder socialista manifestó su voluntad "de que se salvaguarden los derechos y libertades de los ciudadanos catalanes, en los términos previstos en las leyes".

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