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Cataluña desafía a España y anuncia referendo en octubre

El gobierno central adelantó que lo impedirá y recordó que ya fue prohibido por la justicia.

Cataluña irá a las urnas el 1° de octubre. Al menos esa es la intención de su presidente, Carles Puigdemont, que anunció para ese día un referendo sobre la independencia de Cataluña, pese a su prohibición por la justicia y la oposición frontal del gobierno español.

En caso de celebrarse la consulta, la pregunta será: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?", anunció Puigdemont ayer viernes en Barcelona, desde la presidencia del gobierno catalán, la Generalitat. La respuesta sería "sí" o "no".

Su proyecto choca de plano con el gobierno del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, opuesto a esta consulta, declarada anticonstitucional por la justicia. "Cualquier actuación que pase de los anuncios a los hechos será recurrida por el gobierno, como lo han sido todos y cada uno de los intentos de desafiar a nuestro ordenamiento jurídico", adelantó el portavoz del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo. "Ese referéndum no se va a celebrar porque es ilegal", remachó.

El vocero del gobierno central dijo que el anuncio de Puigdemont de convocar a un referendo es una "escenificación" que refleja la "soledad y aislamiento" de los soberanistas catalanes y que, además, responde a una "estrategia cada vez más minoritaria, unilateral y radical".

El Tribunal Constitucional ha bloqueado todos los pasos dados por los nacionalistas catalanes hacia la celebración de un referendo.

En su comparecencia en la Generalitat, Puigdemont argumentó que los separatistas han intentado "de manera reiterada" pactar un referendo con el gobierno central español. Sin embargo, "no hemos tenido ninguna respuesta positiva", añadió.

El líder nacionalista puntualizó no obstante que "la respuesta que den nuestros conciudadanos en forma de sí o de no será un mandato que este gobierno se compromete a aplicar".

El 9 de noviembre de 2014 ya se organizó una consulta no vinculante sobre la independencia de Cataluña, en la que participaron 2,3 millones de catalanes de un total aproximado de 6,3 millones que estaban habilitados a votar. Dicho acto le costó una inhabilitación de dos años por desobediencia al entonces presidente regional, Artur Mas, por mantener la organización de la consulta, suspendida días antes por el Tribunal Constitucional.

Los planes de Puigdemont pasan ahora por la aprobación en las próximas semanas de una ley destinada a "desconectar" la región del ordenamiento jurídico español, y dotarle de poderes para convocar el referendo. Los soberanistas tienen la mayoría en el Parlamento regional pero no alcanzaron el 48% del voto popular en los comicios de 2015.

El gobierno de Rajoy cuenta con el respaldo del PSOE, primera fuerza de la oposición, y de Ciudadanos, cuarta, mientras que la tercera, Unidos Podemos, defiende la consulta.

Puigdemont recordó que hace siete años el Tribunal Constitucional español rechazó la reforma del Estatuto de Cataluña aprobado por el Parlamento catalán y ratificado en referendo. Desde entonces, los intentos de diálogo entre el gobierno catalán y el español han cosechado una "larga colección de noes", según Puigemont.

Por su parte, Méndez de Vigo reiteró ayer la oferta para que Puigdemont acuda al Congreso a explicar sus planes, aunque el gobierno siempre deja claro que no permitirá la independencia catalana.

En medio de este proceso está la situación de los funcionarios catalanes que se verían involucrados en esa eventual consulta, desde los policías encargados de la seguridad hasta los trabajadores del sector educativo que deberían abrir los centros para el referendo.

El principal sindicato del sector, CSIF, anunció hoy que hará público un protocolo para proteger a los funcionarios que no quieran participan en la hipotética consulta.

Puigdemont: el presidente catalán junto a un partidario del referéndum. Foto: Reuters
Puigdemont: el presidente catalán junto a un partidario del referéndum. Foto: Reuters

EL PROCESO HACIA LA SEPARACIÓN.

Pérdida de autonomía, el disparador.

La fiebre independentista en Cataluña arrancó en 2010, cuando el Tribunal Constitucional anuló parcialmente el nuevo estatuto de autonomía de Cataluña adoptado en 2006, que ampliaba las competencias de la región.

Primera consulta no vinculante en 2014.

Un primer intento de llamar a las urnas a los catalanes, en noviembre de 2014, acabó en una consulta informal, sin valor legal alguno, después de que el Tribunal Constitucional de España anulara la convocatoria.

"¿Quiere que Cataluña sea una República?"

"¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?", es la pregunta que el 1° de octubre los independentistas quieren trasladar a los ciudadanos de Cataluña, rica región de 7,5 millones de habitantes.

Desde los sindicatos hasta el FC Barcelona.

En defensa del referéndum se reunieron sectores no independentistas, como el nuevo partido de izquierda Cataluña En Común de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, sindicatos, gremios empresariales y el FC Barcelona.

Sociedad dividida: 44% por sí, 48% por no.

Hoy la sociedad catalana está dividida sobre la independencia. Un 48,5% está en contra y un 44,3% a favor, según el último sondeo del gobierno catalán, aunque una amplia mayoría (73,6%) defiende que se celebre un referéndum.

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