Situación en Brasil

El 50% de los brasileños prefiere que siga Temer

Pese a ello, solo 14% califica bien al gobierno actual; el 32% quiere retorno de Dilma.

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"Estoy acostumbrado a la presión", dijo el presidente de Brasil. Foto: Reuters

El 50 % de los brasileños prefiere que el presidente interino de Brasil, Michel Temer, permanezca en el cargo a que la mandataria suspendida, Dilma Rousseff, recupere su mandato, según una encuesta difundida el sábado.

El 50 % de 2.792 electores encuestados esta semana por la firma Datafolha dijo preferir que Temer continué como presidente, contra un 32 % que manifestó su deseo de que Rousseff recupere el poder.

Otro 4 % rechazó a ambos presidentes, un 3 % defendió que se convoque a nuevas elecciones presidenciales y un 9 % dijo no tener opinión sobre el asunto.

La encuesta fue realizada dos meses después de que el Senado apartara del cargo a Rousseff y la sustituyera por su entonces vicepresidente, Temer, mientras la somete a un juicio de destitución.

La mandataria es acusada de haber promovido maniobras con la finalidad de maquillar las cuentas públicas en los últimos años y ocultar el grave déficit de las finanzas brasileñas.

Datafolha, una de las principales encuestadoras del país, aclaró que el sondeo que realizó los pasados jueves y viernes en 171 municipios tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.

Similar.

Según la misma encuesta, tan solo un 14 % de los entrevistados califica positivamente el Gobierno de Temer y un 42 % lo considera regular, frente a un 31 % que lo desaprueba y un 13 % que se abstuvo de responder.

Los resultados indican que Temer tiene actualmente prácticamente el mismo promedio de aprobación que tenía Rousseff en abril (13 %), un mes antes de que el Senado la apartara del cargo.

El sondeo reveló igualmente que la tercera parte de los brasileños (33 %) dice desconocer el nombre del actual ocupante de la Presidencia. La mayoría (65 %) citó correctamente a Temer como el jefe de Estado en tanto que un 2 % ofreció nombres equivocados.

Rousseff, que considera el proceso que la separó del poder como un golpe de Estado impulsado por la oposición, enfrenta un juicio político con fines de destitución en el Senado, que puede concluir en agosto próximo y en el que se la acusa de una serie de maniobras contables para maquillar las cuentas públicas en los últimos años.

El proceso se encuentra actualmente en manos de una comisión de senadores que debe presentar el 2 de agosto próximo un informe en el que recomendará la destitución de la mandataria o que la causa sea archivada. Según el cronograma establecido, el pleno del Senado se pronunciará sobre dicho informe en primera votación el 9 de agosto, cuando decidirá por mayoría simple, y en una segunda votación en fecha que aún no fue establecida y en la que Rousseff puede ser destituida en caso de que 54 de los 81 senadores la consideren culpable.

De llegarse a ese extremo, Temer concluirá el mandato que vence el 1 de enero de 2019, pero si Rousseff es absuelta, recuperará el poder una vez que se publique la sentencia.

La situación de Dilma tiene repercusión internacional.

ABUSO DE PODER.

Fiscal dice que Dilma no incurrió en delitos.

El Ministerio Público Federal (Fiscalía) de Brasilia descartó que los cargos por los que se ha abierto un juicio político destituyente contra la presidenta Dilma Rousseff constituyan delitos punibles en los tribunales.

El fiscal Ivan Cláudio Marx solicitó que se archive la causa, aunque la Justicia puede rechazar esta recomendación y remitir el caso a la Procuraduría General de la República para que prosiga las investigaciones, según un comunicado del Ministerio Público.

La acusación en el proceso del juicio político le imputa a Rousseff una serie de maniobras contables para maquillar las cuentas públicas.

Esas maniobras incluyen demoras en el pago de fondos a bancos públicos y en un programa de subsidios agrícolas, lo que fue considerado por la acusación como una operación de toma de crédito por parte del Gobierno, lo que está prohibido por ley.

Según el fiscal, esas maniobras no son un delito y no constituyen un crédito, sin embargo, consideró que estas se realizaron para mejorar artificialmente las cuentas públicas en período electoral", lo que es "abuso de poder" e "improbidad administrativa".

El fiscal pidió que se archiven otras denuncias de supuestas irregularidades del Gobierno de Rousseff en relación a operaciones del programa de construcción de viviendas populares.

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