Investigado en la operación Carne Fraca de soborno a fiscales sanitarios.

El presidente de Brasil, Michel Temer, cesó ayer domingo a su ministro de Justicia, Osmar Serraglio, y en su lugar puso al titular de la cartera de Transparencia, Torquato Jardim, en medio de una crisis política que tiene contra las cuerdas a su gobierno por sospechas de corrupción, y con varios analistas advirtiendo sobre el poder que están adquiriendo los jueces y fiscales que investigan estos casos. Serraglio, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) que lidera Temer, había sido designado como ministro de Justicia en febrero pasado.

El diario O Globo dijo que el cambio se debe a que Serraglio "está en la mira de las investigaciones de la operación Carne Fraca (Carne Débil)", que destapó en marzo una mafia de productores que sobornaba a fiscales sanitarios para vender carnes en mal estado o adulteradas.

Como ministro de Justicia, Torquato Jardim tendrá bajo su dirección a la Policía Federal, que junto con el Ministerio Público y el Supremo está al frente de las investigaciones anticorrupción.

El cambio se produce en medio de la peor crisis que vive el gobierno de Temer desde que ocupa el poder en mayo del año pasado, provocada por los testimonios a la Justicia de ejecutivos del grupo cárnico JBS, que implicaron directamente en el aval y cobro de sobornos.

En tanto, allanamientos, pinchazos telefónicos, delaciones premiadas y condenas por corrupción están limpiando los establos del poder en Brasil, aunque muchos temen que los tribunales acaben por convertirse en amos y señores de una democracia desfigurada.

El avance desde hace tres años de la Operación Lava Jato, sobre los sobornos en Petrobras, tiene contra las cuerdas a Temer y amenaza con llevar a la cárcel al expresidente Lula da Silva. Los principales ministros de Temer y decenas de legisladores son investigados. Y al juez Sergio Moro no le tiembla el pulso para dictar duras condenas contra los poderosos.

Para Daniel Vargas, profesor de Derecho público de la universidad Fundación Getulio Vargas de Río de Janeiro, los jóvenes juristas que desde Curitiba desmontan las redes criminales enquistadas en el Estado "tienen un protagonismo político innegable" y "consiguen pautar la agenda política más que nadie". Comparten además "una visión de país, con un enemigo: la política, que en su visión está infestada por la corrupción", dijo Vargas.

El fiscal Deltan Dallagnol es el que coordina la operación Lava Jato. Para Dallagnol, el impacto político de Lava Jato se debe a que "la investigación reveló que la corrupción no se restringe a tal o cual partido político, sino que está diseminada en el propio sistema".

"Evidentemente (...) otros actores, inclusive políticos, pueden usar las informaciones y las pruebas obtenidas en una investigación judicial sobre figuras políticas relevantes, pero eso escapa al terreno de actuación de los agentes de Policía, del Ministerio Público y del Poder Judicial", dijo Dallagnol en un mail enviado a la AFP. El politólogo André Singer, asesor de comunicación internacional de Lula en su primer mandato, se refiere a los magistrados de Curitiba como el "Partido de la Justicia".

Moro, un ícono para una gran parte de la población, niega cualquier ambición política; pero aun así sería uno de los pocos brasileños capaces de derrotar a Lula en una segunda vuelta electoral, según un sondeo Datafolha publicado el 30 de abril.

Silvana Batini, fiscal de la República en Río, cree que los procuradores, Moro y el Supremo Tribunal Federal (STF) han hecho sencillamente lo que se esperaba de la Justicia desde hacía mucho tiempo.

Brasil tenía "una tradición de impunidad con los criminales de cuello blanco"; pero desde Lava Jato, "por primera vez en la historia, hemos roto con la barrera que blindaba a toda una clase", dijo Batini.

Con Caetano Veloso al frente, un gran concierto reunió este domingo en Río de Janeiro a miles de personas que reclamaban la dimisión del presidente Michel Temer. Los manifestantes, congregados en la playa de Copacabana, también exigieron nuevas elecciones y el retiro de los proyectos de austeridad en trámite en el Congreso.

"Si lo empujamos, Temer caerá", coreaban los participantes. Pero Temer volvió a rechazar categóricamente hacerse a un lado, en una columna publicada ayer domingo por el diario Folha de São Paulo. Los raperos Mano Brown y Criolo y la cantante de samba Martnalia figuraron en la lista de artistas movilizados con la consignas "Fora Temer" y "Diretas já". El concierto en Copacabana llegó a su clímax cuando apareció Caetano Veloso, entonando Podres Poderes (Poderes podridos). "¿Será que nunca haremos sino confirmar/ la incompetencia de la América católica/ que siempre precisará ridículos tiranos?", reza la letra, coreada por la multitud.

Michel Temer ya perdió el apoyo de cuatro de los partidos de su base aliada en la Cámara de Diputados. Tras la apertura en la Corte Suprema de una investigación contra Temer, el Partido Socialista Brasileño (PSB), el Partido Popular Socialista (PPS), el Partido Laborista Nacional (PTN) y el Partido Humanista de la Solidaridad (PHS) han abandonado al gobierno en la Cámara Baja. Esos cuatro partidos suman 66 diputados —de un total de 513—, los cuales anunciaron que harán oposición desde que estalló el escándalo a partir de los testimonios de ejecutivos del grupo cárnico JBS. No obstante, sus principales aliados, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y Demócratas (DEM) mantienen por el momento su apoyo a Temer, aunque resaltaron que su postura está en constante evaluación.

Desde que asumió el poder, en mayo de 2016, la fuerza de Temer en la Cámara de Diputados ha sido fundamental para sacar adelante polémicas reformas económicas como un techo de gastos para las dos próximas décadas y la reforma laboral, que abre la puerta a una rebaja de los costes laborales.

Sin embargo, el escándalo ha paralizado la aprobación de una de las reformas más importantes, la del sistema de pensiones, que endurece las condiciones para obtener esa prestación al establecer como edad mínima para la jubilación los 62 años para mujeres y los 65 para hombres, con un mínimo de 25 años de cotización.

Al tramitarse como enmienda constitucional, se requiere 3/5 de votos favorables, es decir, el apoyo de 308 diputados para que el proyecto siga en el Senado, una cifra ahora en peligro.

EFE, AFP

AUMENTA LA CRISISEFE, AFP