LAS REFORMAS DE MACRI EN ARGENTINA

El Estado argentino vende participación en sector energético

Más anuncios dentro del plan de reformas de Macri; el gobierno busca recaudar unos US$ 1.000 millones.

La idea de Macri es que el Estado se desprenda de empresas de las que no tenga el control. Foto: AFP
La idea de Macri es que el Estado se desprenda de empresas de las que no tenga el control. Foto: AFP

El plan de reformas del presidente Mauricio Macri para la segunda mitad de su gobierno no se limita a los cambios tributario, laboral y de la seguridad social que anunció el lunes. Ayer miércoles el gobierno argentino presentó otro capítulo, que incluye la venta de su participación en empresas de generación y distribución de energía, con lo que piensa recaudar unos 1.000 millones de dólares.

La Administración Macri busca aprovechar el impulso que le dio el triunfo en las elecciones legislativas del pasado 22 de octubre para llevar adelante estas reformas.

Ayer publicó el decreto que ordena la puesta en venta de activos estatales relacionados con la energía. Además, establece la fusión de Enarsa con Ebisa (la empresa encargada de comercializar la electricidad de las centrales binacionales), el cambio de nombre de la primera, que pasará a llamarse Integración Energética Argentina SA, y el rebautismo de las centrales Kirchner y Cepernic, que volverán a llamarse Condor Cliff y La Barrancosa.

En la práctica, se trata de medidas que Macri quiso implementar desde el primer día de su administración, pero recién ahora se siente con el poder suficiente y la confirmación en las urnas para llevarlas a cabo.

Enarsa tiene una larga historia de falta de transparencia. De su caja salieron los fondos para pagar el avión que trajo a Guido Antonini Wilson a la Argentina con su bolso cargado con 800.000 dólares y está en el centro de la trama de la importación de gas por barco, entre otras cosas.

Para el Gobierno, el cambio de nombre es algo así como una vuelta de página.

El decreto también instruyó a Enarsa a poner en venta centrales eléctricas en las que tiene participación, como las San Martín, Belgrano, Vuelta de Obligado y Guillermo Brown. Comprometerá al futuro comprador a completar las obras para que funcionen como ciclos combinados y generen más electricidad.

También cederá el 50% de Citelec, titular a su vez del 52% de Transener, la transportadora de alta tensión. El Estado amplió la participación en la empresa el año pasado, cuando la acción costaba 7,2 pesos argentinos. Hoy supera los 40.

También se desprenderá de más del 8% que tiene en Central Puerto, entre otras cosas.

El objetivo de la cartera de Energía es desprenderse de todas las participaciones en las que no tenga el control con el objetivo de hacer un Estado menos pesado y más eficiente.

En cambio, retendrá, al menos por ahora, obras en construcción como las centrales sobre el Río Santa Cruz, los nuevos ductos y el Gasoducto del Nordeste Argentino.

Desde que asumió a fines de 2015, Macri ha dado marcha atrás a algunas de las políticas intervencionistas de su predecesora, Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, aún no había tomado medidas para la venta de compañías en las que el Estado tiene participación. Bajo los gobiernos de Cristina y de su fallecido esposo Néstor Kirchner, el Estado tomó control de algunas empresas como la petrolera YPF SA y Aerolíneas Argentinas, después de una ola de privatizaciones en la década de los años de 1990.

"Tenemos que avanzar en reformas en donde cada uno ceda un poco, empezando por los que tienen poder, y no solo hablo de la política", dijo Macri el lunes al presentar ante gobernadores, empresarios, sindicalistas y jueces parte de su paquete de reformas.

La agenda presentada por Macri contiene tres ejes básicos: promoción del empleo, fortalecimiento de la república y la calidad institucional, y responsabilidad fiscal. "No podemos gastar más de lo que recaudamos. Tenemos que seguir bajando la inflación y comprometernos a que la inflación nunca más sea un instrumento de la política. Y tenemos que equiparar la carga tributaria", señaló. En esa línea, propone una rebaja de gravámenes, como la reducción del impuesto a las ganancias del 35% al 25%. Pero también nuevos tributos, como el impuesto sobre la renta financiera que incluirá gravar la rentabilidad obtenida con bonos, letras y plazos fijos. EN BASE A LA NACIÓN/GDA Y REUTERS

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