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Aprueban el juicio político a Dilma y votarán diputados

Comisión especial lo decidió por amplia mayoría y continúa batalla política.

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El juicio político con fines de destitución para la presidenta Dilma Rousseff fue aprobado por la comisión especial de Diputados. Ahora el plenario de la cámara baja deberá tratar el tema y votar si procede o no este "impeachment". Una discusión intensa que evidenció la profunda polarización a lo largo de casi diez horas concluyó anoche con una holgada mayoría a favor del juicio, 38 votos contra 27 del oficialismo en un total de 65 miembros.

Ahora la batalla política se traslada al pleno de la cámara, donde hora a hora cambian las estimaciones de voto. El oficialismo confía en llegar aún a las mayorías. Los días venideros prometen ser aún más intensos mientras se desarrollan negociaciones febriles.

"Elevada gravedad".

El diputado Joavir Arantes, instructor de la comisión que analiza si la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, debe ser sometida a un juicio político, aseguró ayer que las denuncias contra la mandataria "son de una elevada gravedad".

Arantes intervino en la apertura de la sesión que concluyó con la votación, en la que los 65 diputados miembros de la comisión decidirán si avalan su informe sobre el caso y la causa prosigue en el plenario de la Cámara baja o va directamente a los archivos.

Según Arantes, su decisión de recomendar que el proceso continúe se fundamentó en "los serios indicios de delitos cometidos desde la Presidencia", referidos a maniobras fiscales consideradas ilegales que permitieron maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015. El instructor subrayó que la comisión solo analiza si la denuncia contra Rousseff debe ser admitida y recordó que el proceso aún tiene varias etapas por delante hasta llegar al Senado, que tendrá la palabra final sobre un eventual juicio político. Arantes rechazó los alegatos de la defensa, que considera que las acusaciones contra Rousseff hablan de meras "faltas administrativas" que no constituyen un "delito de responsabilidad", que es como la Constitución define las causas que pueden llevar a cesar a un mandatario.

Diputados opositores festejaron ayer el triunfo. Foto: AFP.
Diputados opositores festejaron ayer el triunfo. Foto: AFP.

"Este informe ha sido guiado por la Constitución" y por el hecho de que se "identificaron delitos de responsabilidad" e incluso una "violación" de las leyes de presupuestos, sostuvo Arantes. Sin embargo, insistió una y otra vez en que la comisión "no está condenando ni separando a la Presidenta de sus funciones", sino que sólo "estudia si existen condiciones jurídicas para un proceso".

Si así fuera, subrayó que "la presidenta tendrá oportunidad de presentar una amplia defensa en el Senado, donde se procederá al juicio político", si es que se llegara a ese extremo.

"En ausencia de delitos, como insiste la defensa, la presidenta será absuelta en el Senado", afirmó Arantes.

El informe de Arantes resultó finalmente aprobado con amplia mayoría, necesitaba de 33 votos positivos y recibió 38, lo que aseguró su pasaje al plenario. En esa instancia, los impulsores del juicio político necesitarán una mayoría calificada de dos tercios (342 de los 513 votos), que hasta ahora está en duda, aunque todos los pronósticos apuntan a una ligera ventaja para la oposición.

No obstante, los analistas coinciden en que los 342 votos aún no están garantizados, lo cual abre un enorme margen de dudas. En caso de que el proceso sea respaldado en la Cámara baja, la causa pasará a los 81 miembros del Senado, que por mayoría simple decidirán si se inicia lo que sería el propio juicio político contra Rousseff.

Si así fuera, la mandataria deberá separarse del cargo por un lapso de 180 días, que será el tiempo que tendrá la Cámara alta para el desarrollo del proceso. El cargo de Rousseff sería ocupado durante ese período por el vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que tras haber sido durante años el mayor pilar de la coalición oficialista, ha decidido romper con el Gobierno y que enfrenta también una amenaza de juicio político.

Sin embargo el panorama podría volverse más complejo aún, ya que la figura del vicepresidente está cuestionada. Un magistrao del Tribunal Supremo expresó que los mismos argumentos que hicieron posible el juicio político a Rousseff también alcanzan para iniciar un procedimiento similar a Michel Temer. Es posible que la Cámara deba conformar una comisión en breve para ello.

Esto dejaría al tercero en la línea, el presidente de la cámara baja, Eduardo Cunha, bajo procedimiento en la Comisión de Ética, que también podría resultar destituído.

Los mercados expectantes por la suerte del juicio.

Los inversores siguen atentos al rumbo de los acontecimientos en una semana crucial para el futuro de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, cuyo mandato estará en juego si la Cámara de los Diputados da luz verde a un juicio político en su contra, lo que puede ocurrir esta misma semana. La bolsa de San Pablo cerró este lunes a la baja y su índice Ibovespa perdió un 0,25 %, hasta situarse en los 50.165 puntos, a la espera de que una comisión en la Cámara de Diputados decida si prosiguen los trámites para abrir el proceso contra Rousseff. El real, por su parte, dio un salto del 2,83 % frente al dólar, moneda que terminó la sesión negociada a 3,494 reales para la venta, su menor valor registrado frente a la divisa brasileña en todo el año. Los analistas del mercado financiero esperan volatilidad esta semana, cuando está previsto que el pleno de la Cámara decida sobre el "impeachment".

Abogado del Estado dice que juicio es "nulo".

El abogado general del Estado brasileño, José Eduardo Cardozo, insistió ayer en que el proceso que determinará si la presidenta Dilma Rousseff será sometida a un juicio político "está viciado", es "nulo" y viola "el derecho a la debida defensa". Cardozo representó a la mandataria frente a una comisión parlamentaria que analiza un informe que recomienda proseguir con el proceso hacia un juicio político contra Rousseff. "Es absurdo destituir a una presidenta que no ha cometido delitos ni ha robado un centavo. Y un proceso como ese, sin delito ni dolo, será un golpe de Estado", declaró, para apuntar que "la historia no perdona" y "no olvidará esto".

El abogado general sostuvo que "el proceso es nulo por vicios que caracterizan hasta el recibimiento de la denuncia", en diciembre pasado, por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, a quien la Constitución le reserva esa potestad. Cardozo insistió en que Cunha, un declarado adversario de la presidenta y quien está procesado por supuesta corrupción en la Corte Suprema, actuó por "mera venganza". EFE

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