CONSECUENCIAS DEL DESASTRE

A dos meses del terremoto, miles de mexicanos sin casa y con futuro incierto.

María Molina Ruiz dice que las casas todavía tiemblan en la calle Andador Revolución de Iztapalapa, la delegación más poblada de Ciudad de México, donde viven casi dos millones de personas. Lo dice con asombro fatalista, como si una grieta se hubiera tragado su casa hace segundos.

Las grietas no son nuevas en esa zona: algunos residentes dicen que aparecieron después del terremoto de 1985, y otros ya no recuerdan la primera vez que las vieron. Pero en marzo de este año, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertaba que el 42% de las grietas de la capital mexicana se encontraban en Iztapalapa. Con el último terremoto, las grietas —la calles partidas, las casas hundidas— se han multiplicado.

Hoy la delegación alberga a 150.000 damnificados y tiene 8.500 viviendas afectadas, de las cuales 3.000 deberán ser demolidas.

María, de 47 años, cuenta que ella vivía en la calle Andador Revolución, en una casa azul de dos pisos que ocupaba con su marido, seis hijos y las familias de tres de sus hijos. En total, en su casa vivían 17 personas, dice. El 19 de septiembre fue la primera en salir corriendo cuando el sismo de magnitud 7,1 sacudió las viviendas de su calle como si fueran de gelatina. Su casa tiene un hueco enorme adentro: se ladeó y fue declarada inhabitable.

A mediados de octubre, mientras buscaba las palabras para contar cómo lo había perdido todo, María miraba a Britany, su nieta de cinco meses, que dormía sobre una colcha arriba de un camastro sucio, en una especie de choza sobre la calle Rosalita de la colonia La Planta. Ahora vive allí, en un espacio de seis metros cuadrados cubierto por lonas donde se amontonan seis familias, y nadie sabe cuándo podrán irse de ese campamento improvisado de damnificados.

Casi dos meses después del terremoto, su caso es similar al de miles de damnificados que, si antes tenían poco, ahora solo les queda la espera: María no tiene todavía un dictamen oficial para iniciar los trámites burocráticos de subsidios estatales que se implementaron para ayudar a los ciudadanos a conseguir un remplazo para sus casas. Como su vivienda fue declarada en pérdida total por funcionarios estatales, ha recibido los 3.000 pesos mensuales (unos 156 dólares) que otorga el gobierno para ayudar a los damnificados a pagar renta, pero dice que "eso no alcanza para nada" (en promedio, los alquileres de la zona rondan los 7.000 pesos mensuales).

El día del sismo y en jornadas siguientes, Salomón Chertorivski Woldenberg, actual secretario de Desarrollo Económico del gobierno de Ciudad de México, estuvo en las calles ayudando en algunas edificaciones colapsadas y coordinando operaciones logísticas.

"La emergencia siempre tiene grados de confusión pero, desde el primer momento, se informó dos veces al día", asegura Chertorivski, un economista de 42 años que ha ocupado importantes cargos en la administración pública, como la Secretaría de Salud.

El funcionario insiste en que hay que tener en cuenta las dimensiones de la ciudad al momento de analizar la complejidad de la emergencia: nueve millones de residentes más seis millones de población flotante, además de 2.7 millones de viviendas ubicadas sobre antiguos lagos. "Se tuvo que priorizar y secuenciar las atenciones. Puede haber gente que haya inscrito su vivienda porque la ven agrietada y no las han podido visitar, eso es factible, pero insisto en que hay más de once mil inmuebles y más de nueve mil escuelas revisadas".

Chertorivski explica que, en el caso de Ciudad de México, el gobierno local ha optado por plantear diversas soluciones. Para las personas que lo perdieron todo decidieron sumar, a los 90.000 pesos (4.682 dólares apróximadamente) que da el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), 270.000 pesos más (unos 14.048 dólares), pero esa suma no se le otorga a los afectados directamente. "Eso se va a un fondo de garantía para que el mercado financiero le otorgue un crédito de hasta dos millones de pesos y ellos solo van a pagar los intereses", explica el funcionario.

Como los dictámenes oficiales no llegan todavía a las regiones más afectadas de Iztapalapa, las personas interesadas no pueden acceder a estos planes. Además, Mariano Salazar Molina, líder vecinal de la unidad Habitacional Cananea, que consta de 1.088 viviendas y muchos vecinos de la zona no creen que las ayudas del gobierno sean suficientes: les ofrecen 3,000 pesos de renta durante tres meses, 30.000 pesos (unos 1,568 dólares) para remodelaciones superficiales u 80.000 pesos (unos 4.183 dólares) para las viviendas que colapsaron por completo.

En las calles de Iztapalapa, los vecinos se han convertido en ingenieros y geólogos aficionados: la necesidad de conseguir alguna respuesta los hace leer, investigar y acribillar con preguntas a cada funcionario, socorrista o visitante.

Iván Herrera, un ingeniero geólogo de 38 años que vivió en Iztapalapa durante un tiempo, comenzó a inspeccionar algunas construcciones y explicó que observaba un sistema de fallas y fracturas asociadas a la sierra de Santa Catarina pero no se podía descartar "la existencia de un flujo de lava por debajo de los sedimentos lacustres".

"Este sismo aceleró el rompimiento de las fallas", explicaba Herrera el 26 de octubre rodeado de algunos residentes de la calle Molino Arrocero. "Pero no se rompió algo nuevo, todo eso ya estaba hecho". Herrera simplemente se hacía eco de las investigaciones de la UNAM. A mediados de octubre, un equipo de especialistas del Centro de Geociencias de la universidad, liderado por la investigadora Dora Carreón Freyre, mapeó las principales fracturas de Ciudad de México y, entre otras cosas, concluyó que "hay una relación directa" entre la aparición de las fracturas "y las áreas de contraste entre la zonas del lago y los edificios volcánicos".

Más allá de que, como recuerda Carreón, toda Ciudad de México se hunde de 20 a 30 centímetros por año, el territorio de la actual Iztapalapa formaba parte de la ribera del sistema de lagos de los pueblos prehispánicos; una parte estaba en tierra firme y la otra en el agua.

La reconstrucción en el centro y sur del México por los dos poderosos sismos registrados en septiembre pasado, con saldo de 465 muertos, requiere de una inversión de unos US$ 2.500 millones, anunció el martes pasado, el presidente Enrique Peña Nieto. En un evento público, detalló que los dos terremotos causaron daños parciales o totales a 184.000 viviendas, lo que equivale a cerca de una ciudad de un millón de habitantes, mientras 14.000 comercios y 16.000 escuelas resultaron afectadas. Agregó que también resultaron dañadas 175 unidades médicas y hospitales, 140 carreteras y "más de seis millones de personas sintieron el desbastecimiento de energía eléctrica y agua potable".

El presidente señaló que una décima parte de los US$ 2.500 millones necesarios provendrá del sector privado, en referencia a distintas donaciones que se han hecho desde dentro y fuera del país. Prometió un manejo transparente de los recursos.

El presidente Enrique Peña Nieto aclaró que "no hay mezcla" de recursos públicos y privados, sino "cada parte lo está administrando", y el gobierno orienta a las empresas hacia dónde dirigir los fondos, a fin de evitar duplicaciones y llegar hasta donde más se necesita.

En el acto realizado en la residencia de Los Pinos, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, destacó que en esta etapa el gran reto es la coordinación de los esfuerzos, la eficiencia en el uso de los recursos y la transparencia y rendición de cuentas. "No solo vamos a reconstruir edificios o casas, el objetivo es reanimar la vida social y productiva de quienes han sido más afectados y de quienes están en los lugares más apartados", indicó.

La labor está en marcha. El presidente Peña Nieto informó que el servicio eléctrico fue restablecido 100%, mientras hay un avance del 99,8% en el suministro de agua potable. Asimismo, se restableció la circulación en todas las rutas y el 98% de la unidades médicas funciona. FUENTES: AFP Y EFE