La Fiscalía rastrea la trama de sobornos hasta la primera presidencia de Lula da Silva.

El exsecretario general del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) Silvio Pereira y el empresario Ronan María Pinto fueron detenidos ayer de manera temporal en el marco de las investigaciones del caso Petrobras, que se realiza en la región metropolitana de San Pablo.

La Policía Federal cumplió ayer con 12 órdenes judiciales, incluidas las dos de prisión temporal de Pereira y Pinto, en los municipios de San Pablo, Carapicuíba, Osasco y Santo André.

La prisión temporal de Pereira y Pinto, que serán trasladados a la sede de la Policía Federal de Curitiba, en el sur del país, está inicialmente fijada por cinco días, pero puede ser prorrogada y convertida en preventiva si la Justicia lo considera necesario.

El extesorero del PT Delubio Soares, uno de los condenados en el llamado "juicio del siglo" por corruptelas en el primer mandato del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, y el periodista y director del portal Opera Mundi, Breno Altman, fueron llevados por agentes de la PF a declarar a una comisaría de San Pablo. En la operación de ayer viernes, bautizada como "Carbono 14", se registraron las sedes del Diario do Grande ABC, en el municipio de Santo André, y de empresas de transporte y recolección de basuras, todas propiedad de Pinto.

El empresario, según un comunicado del Ministerio Público, es sospechoso de haber recibido seis millones de reales (1,6 millones de dólares), correspondientes a la mitad de un crédito supuestamente irregular y otorgado en 2004 por el Banco Schahin a José Carlos Bumlai, empresario estrechamente vinculado a Lula.

Las investigaciones del Ministerio Público apuntan a que el dinero fue usado para pagar deudas del PT y que el préstamo habría sido cancelado a través de un contrato fraudulento con Petrobras en 2009.

Bumlai, empresario del sector agropecuario, llegó a admitir en una declaración a la Policía que hubo fraudes en el contrato. Pinto, por su parte, estuvo implicado en las investigaciones sobre desvío de dinero público en Santo André, un caso que terminó en 2002 con la muerte del alcalde Celso Daniel, en la época uno de los coordinadores de la campaña de Lula para las elecciones que ganó ese año.

Los delitos investigados en esta fase de la operación policial son los de extorsión, falsedad ideológica, fraude, corrupción activa y pasiva y lavado de dinero.

Ayer también fue trasladado a Curitiba, donde se concentran las operaciones sobre el caso Petrobras, el empresario Luiz Eduardo da Rocha Soares, que estaba prófugo y fue detenido el pasado miércoles.

La petrolera estatal Petrobras, mayor empresa de Brasil y que cuenta con 57.046 trabajadores, calcula que puede convencer a 12.000 empleados a renunciar con un nuevo programa de despidos voluntarios que anunció ayer, en el marco de sus esfuerzos para reducir costos. La petrolera brasileña ya recortó 6.254 puestos de trabajo con un plan similar lanzado en 2014, al que también se adhirieron otros 1.055 empleados que saldrán de la empresa hasta mayo de 2017.

El nuevo Programa de Incentivo al Despido Voluntario fue ofrecido a todos los empleados de la empresa, independientemente de su edad o del tiempo de trabajo en la empresa, y que tendrán plazo entre el 12 de abril y el 31 de agosto para solicitar su inclusión, según el comunicado divulgado este viernes por la empresa.

"Actualmente la compañía posee cerca de 12.000 empleados en condiciones de jubilarse. Considerando una adhesión de este tamaño, el costo previsto para la implantación del programa es de 4.400 millones de reales (unos 1.190 millones de dólares)", según la nota.

La empresa calcula que, con la adhesión de 12.000 empleados, el plan de despidos voluntarios podrá generar un ahorro de 33.000 millones de reales (unos 8.918,9 millones de dólares) hasta 2020.

La petrolera, que ha lanzado desde el año pasado otros planes para reducir sus costos, aseguró que el objetivo del nuevo programa es "adecuar su fuerza de trabajo a las necesidades del Plan de Negocios para optimizar la productividad, así como reducir costos con el objetivo de alcanzar las metas del Plan".

La compañía aclaró que el nuevo programa fue desarro-llado teniendo en cuenta la necesidad de preservar el núme-ro de empleados necesario pa-ra garantizar la continuidad operacional de la compañía y el ajuste de personal en todas las áreas.

Igualmente para reducir costos y mejorar la eficiencia, el Consejo de Administración de la petrolera aprobó el pasado miércoles una profunda reforma estructural que recortó en un 43% el número de funcionarios con cargo de gerente, que ascendía a cerca de 5.300.

El ministro de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Brasil, Edinho Silva, criticó ayer el clima de intolerancia generado por la grave crisis política que enfrenta el país y defendió que las diferentes partes dialoguen antes de que aparezca el "primer cadáver". Silva defendió en declaraciones a periodistas que los partidos políticos se sienten a dialogar ante el riesgo de que la actual radicalización del país provoque muertes. "¿Vamos a intentarlo (el diálogo) o vamos a esperar el primer cadáver?", se preguntó el importante asesor de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y su correligionario en el PT. La defensa del diálogo fue hecha en el mismo día en que el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva le pidió a los militantes y sindicalistas que salieron ayer a las calles a defender el Gobierno de Rousseff que enfrenten a "quienes quieren atropellar la democracia".

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