JUSTICIA CIVIL

Vivienda sindical: Justicia cita a Juan Castillo y Jorge Polgar

Exministra de Vivienda y gremialistas también declararán ante una jueza civil.

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Cúpula del PIt reconoció que el Plan de Vivienda no tiene el ritmo pretendido. Foto: Archivo

En su última actuación, la jueza Civil de 16° Turno, María Cristina Crespo citó a declarar al presidente del Banco República y expresidente del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), Jorge Polgar, a la exministra de Vivienda, Graciela Muslera, al actual director Nacional de Trabajo y excoordinador del Pit-Cnt, Juan Castillo, y a gremialistas vinculados con el Plan de Vivienda Sindical.

Dichas convocatorias tienen como objetivo echar luz sobre los alcances del acuerdo firmado entre el Banco Hipotecario y el Pit-Cnt que permitió que los gestores, Milton Díaz y R.CH.M., ya fallecido, negociaran con empresas constructoras en nombre de la central obrera con visos de legalidad. Este convenio fue cuestionado en la Justicia Civil por la empresaria de Rocha Susana Nicodella, quien inició una demanda contra el Pit-Cnt, 36 sindicatos y contra el Estado en reclamo de daños y perjuicios.

Nicodella declaró que pagó a los dos gestores una "comisión" de US$ 300.000 en ocho cheques y que estos fueron cobrados antes de que se firmaran los contratos para la construcción de las viviendas o se adquirieran los terrenos para las mismas, según el expediente al que accedió El País.

El acuerdo entre el BHU y el Pit-Cnt también fue criticado por el abogado de una empresa constructora española, Gustavo Salle. Esta compañía también entregó una "comisión" de US$ 300.000 a los dos gestores que decían ser representantes del Pit-Cnt. Tanto Nicodella como Salle sostienen que el convenio firmado entre el BHU y el Pit-Cnt es nulo porque la central obrera carece de personería jurídica. Según la cúpula sindical, el documento firmado con el Banco Hipotecario es un acuerdo marco y no un contrato, informó Búsqueda.

El 1° de septiembre de 2011, el entonces presidente del Directorio del BHU, Jorge Polgar y, por el Pit-Cnt, Juan Castillo y Fernando Pereira, firmaron un "convenio" para facilitar créditos a los trabajadores de "medianos recursos" que se encuentran agrupados en el Programa de Vivienda Sindical para construcción y financiación de viviendas.

El artículo cuarto del documento señala que el BHU participará en el financiamiento a los beneficiarios en forma individual para la adquisición de viviendas comprendidas en proyectos del Programa de Vivienda Sindical. A su vez, el Banco firmará convenios particulares con los "promotores privados" que ejecuten la construcción de las mismas.

Prestamistas.

En una demanda civil presentada en 2014, la empresaria Nicodella señala que, además del Pit-Cnt, el Ministerio de Vivienda es responsable "por omisión" de su deber de control, cuando permitió que autoridades de la central encargadas de la ejecución del Plan de Vivienda Sindical actuaran comercialmente en una "fragilidad jurídica" que "no garantizaba" la seguridad de los inversores perjudicados.

Los acusados, señala el escrito, captaron capitales mediante "estrategias espurias" invocando el interés del gobierno para concretar sus propósitos que, en el caso de la demandante, no eran otros que conseguir cheques para descontar con prestamistas.

Esos cheques, señaló la empresaria, debieron ser destinados a la compra de terrenos donde se edificarían las casas para los trabajadores nucleados en el Plan de Vivienda Sindical. Su participación en dicho plan consistía en la construcción de 1.000 viviendas de un total de 15.000.

La demandante, quien es propietaria de una barraca en Rocha, obtendría ganancias por aportar la mano de obra y la venta de materiales de construcción para 1.000 casas.

Nicodella reclamó al Pit-Cnt la pérdida de ganancia por ma- nejo de mano de obra por US$ 750.000; pérdida de ganancias por la venta frustrada de materiales de construcción, US$ 1.500.000; por los cheques diferidos entregados se reclama el equivalente a su valor, US$ 300.000; por daños y perjuicios ocasionados a la empresaria, US$ 200.000 y por el daño moral causado, US$ 100.000. El reclamo totaliza US$ 2.850.000.

"Milton díaz era un militante de izquierda".

El excoordinador del Pit-Cnt, Juan Castillo, declaró ante la Justicia Penal que el Pit-Cnt carece de personería jurídica porque tiene un estatuto de "corte anarquista", según el pedido de procesamiento emitido por el fiscal Carlos Reyes contra el gestor Milton Díaz por apropiación indebida. Castillo señaló en la sede judicial que conoció a Díaz por "su militancia de izquierda" y que a pedido de este, lo vinculó con "compañeros que trabajaban en esa área dentro de la Central Sindical". El dictamen del fiscal Reyes sostiene que Díaz ofició de "nexo" o "gestor" entre el Pit-Cnt y las empresas interesadas en invertir en el Plan de Vivienda Sindical. El miércoles 15, los coordinadores del Pit-Cnt, Marcelo Abdala y Fernando Pereira señalaron que Díaz era "un empresario" como "tantos otros" que se acercaron a la sede de la central.

"Los conocen".

"Extrañamente ni el señor (Fernando) Pereira ni el señor (Marcelo) Abdala han entablado acciones legales en contra de los verdaderos responsables (los gestores Milton Díaz y R.CH.M.) aunque los conocen", dice la demanda de la empresaria Susana Nicodella. El miércoles 15, en una conferencia de prensa, ambos dirigentes negaron conocer a los dos gestores.

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