Dijo que Burgos fue su “socio” y pidió “perdón” a una de las denunciantes.

Ayer, al caer la noche y durante dos horas, la jueza Graciela Eustachio tomó declaración in extremis al gestor R.CH.M., denunciado junto a su socio M.D. en cuatro causas penales por presunta estafa con el plan de vivienda sindical del Pit-Cnt. El indagado declaró que el encargado del plan de vivienda sindical, Eduardo Burgos, fue su "socio" y que tuvo el "aval" del Pit-Cnt durante las negociaciones con los privados que lo denuncian. También admitió que pidió dinero a los empresarios que nunca fue devuelto.

La audiencia, de la que participó la fiscal del caso, la defensa del indagado y una de las denunciantes (Susana Nicodella) junto a su abogada, se realizó en una vieja casa en Carrasco Norte. R.CH.M permaneció acostado en la cama de un frío dormitorio. Luce una vía en su brazo, a través de la cual recibe diálisis tres veces por semana, y por momentos, mostrándose muy fatigado, pidió interrumpir la declaración. Fue conciso y claro al responder algunas de las preguntas de la jueza Eustachio. Por ejemplo, dijo que en todo momento tuvo el aval del Pit-Cnt para actuar junto a M.D. como intermediario frente a particulares y empresas para que participaran de la construcción de las viviendas sindicales. El indagado y su socio están acusados en cuatro denuncias penales por, presuntamente, pedir cheques —para la compra de terrenos— a cuenta de las futuras ganancias por la construcción de las viviendas que estaban en condiciones de otorgar gracias a los contra- tos firmados con el Pit-Cnt. Sin embargo, nunca concretaron los negocios ni adquirieron los terrenos, descontaron los cheques con prestamistas y utilizaron el dinero en provecho propio.

R.CH.M. dijo quien lo acercó al negocio de las viviendas sindicales fue Jorge Burgos, hermano de Eduardo, quien se desempeñaba en 2011 como cónsul honorario en Vigo. El indagado vivía en aquel país y fue al consulado a hacer los trámites para volver a Uruguay. En esa instancia, de acuerdo a su relato, Jorge Burgos le recomendó que una vez en Uruguay se acercara a su hermano para concretar negocios. R.CH.M. dijo que tuvo una reunión con Eduardo Burgos, encargado del plan en el Pit-Cnt. Dijo que semanas después se le acercó M.D. y le propuso una sociedad para buscar constructores que financiaran las viviendas. Para ello dispondrían de contratos con el Pit-Cnt, otorgados por Eduardo Burgos, y el convenio que la central sindical firmó con el Banco Hipotecario para financiar la compra de viviendas y proveer los aspirantes para las cooperativas. Según dijo R.CH.M. a la jueza, su socio M.D. actuaba como representante "encubierto" del Pit-Cnt. En ese momento se le preguntó si Eduardo Burgos percibía algún beneficio. R.CH.M. dijo que Burgos fue "socio" de ellos durante "poco tiempo".

Se le preguntó si era cierto que una vez se le entregó un cheque por US$ 45.000. R.CH.M. dijo que no podía recordarlo. Interrogado específicamente sobre si Burgos percibía algún beneficio, el indagado dijo que su ganancia sería "con la colocación de todo lo vinculado a la metalúrgica en las viviendas" y "otros negocios" posteriores a la construcción. Burgos se desempeñaba en Umissa, una metalúrgica que iba a ser proveedora de las casas prefabricadas del plan.

Interrogado específicamente sobre el caso de la empresaria de Rocha, Susana Nicodella, la primera de los denunciantes que dice haber sido estafada en 300 mil dólares, R.CH.M. admitió que recibió los cheques, dejó entrever, aunque sin ser tajante, que terminaron en manos de prestamistas y reconoció que nunca se adquirieron los terrenos para los que el dinero debió ser destinado. Al terminar la audiencia, el gestor pidió disculpas a la denunciante.

R.CH.M. culpa a su socio por el fracaso de los negocios y el mal uso del dinero pedido a los empresarios a modo de "llave" para construir las viviendas. Afirmó que le "robaron" toda la documentación que tenía en una lujosa casona del Prado que funcionaba como oficina de su empresa. Acusó de la sustracción a una escribana que actuó en casi todos los contratos de los gestores.

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira y el secretario general de la central, Marcelo Abdala, se reunieron ayer por la t arde con el presidente Tabaré Vázquez en la Torre Ejecutiva. Consultado por El País, Abdala prefirió no dar detalles de lo que se conversó durante la reunión. En el acto del pasado 1º de mayo el Pit-Cnt reiteró su reclamo de que se modifiquen los lineamientos salariales y de que se permita que los correctivos de inflación se puedan aplicar al año de firmarse un convenio.

INVESTIGACIÓN SOBRE EL PLAN DE VIVIENDA SINDICALGONZALO TERRA