La Fiscalía funciona con la reasignación de sus recursos.

La Fiscalía General de la Nación (FGN) ha estado operando en gastos de funcionamiento e inversiones, básicamente gracias a las economías generadas del rubro Retribuciones Salariales mientras se completa el proceso de ingreso de personal. Pero cuando se cubran todas las vacantes necesarias para la puesta en funcionamiento de la reforma procesal penal con la vigencia plena del nuevo Código, los créditos para gastos de funcionamiento e inversiones asignados en el presupuesto "tienen que aumentar porque, de lo contrario, en el año 2018 vamos a tener dificultades serias de funcionamiento".

La advertencia fue hecha por el fiscal Jorge Díaz ante la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes cuando presentó su rendición de cuentas.

El procedimiento de designación de los funcionarios públicos permite a los administradores de la Fiscalía jugar con los tiempos. Díaz explicó que al organismo "no se ingresa si no es por concurso abierto de oposición y méritos, el que lleva su tiempo instrumentar. Una vez que finaliza el concurso hay que solicitar la venia, y el trámite de la venia requiere cierto tiempo. Entonces, desde que se genera la vacante hasta que se cubre efectivamente el cargo, siempre hay un transcurso de tiempo importante, que es lo que ha permitido generar economías".

El jerarca contó a los legisladores que gracias a este procedimiento de redistribución de rubros, la Fiscalía General de la Nación durante el año 2016 pudo realizar la inversión más importante en sus ciento diez años de historia. "Se asignaron US$ 6.750.000 para la adquisición de dos inmuebles, uno para la sede central de la Fiscalía General y otro para el funcionamiento de las fiscalías penales en el nuevo proceso en la ciudad de Montevideo", informó.

En lo que va del año 2017, la situación se repite. "Seguimos financiando los gastos de funcionamiento en función de las economías", dijo, e insistió en que de cara a las nuevas funciones devenidas del Código del Proceso Penal (CPP) que entrará en vigencia el 1° de noviembre, el presupuesto del organismo "tiene que aumentar".

"Además de que no vamos a tener más economías con qué financiar los gastos de funcionamiento, esos gastos han aumentado. Con la entrada en vigencia del nuevo Código, para disponer de inmuebles que tengan las características adecuadas, relocalizamos 12 fiscalías en el interior del país, con el consiguiente aumento del gasto del alquiler", advirtió Díaz.

El fiscal Jorge Díaz informó que el organismo se apresta a crear una unidad de atención a víctimas de delitos que permita articular los distintos servicios que muchas veces la sociedad ya presta "y que están absolutamente desarticulados". La víctima de un delito "necesita atención inmediata", dijo a legisladores.

DANIEL ISGLEAS

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