En el hogar no se necesita del consentimiento de los trabajadores domésticos

Videovigilancia: controles y vacíos

Los sistemas de videovigilancia en ámbitos públicos y privados ganan terreno mientras la intimidad de los ciudadanos se ve cada vez más expuesta. Hay vacíos legales y escasas garantías de que la aggiornada normativa legal se cumpla.

Gonzalo Terra
Vigilancia

En un solo día, mientras trabaja, hace las compras, se traslada en ómnibus, realiza un trámite, asiste a un espectáculo público o simplemente pasea por la vía pública, decenas de cámaras graban sus movimientos y archivan los registros.

Las cámaras de videovigilancia se reproducen a nivel público con el fin de preservar la seguridad ciudadana. Pero también ganan espacio en la actividad privada, donde requieren de permiso previo y deben estar visibles o anunciadas a los usuarios. En estos ámbitos nadie controla que la ley se cumpla y solo se actúa frente a la denuncia de parte.

El debate se centra en el equilibrio que debe existir entre el avance tecnológico aplicado a la seguridad u otros fines y la vulneración a la intimidad de los ciudadanos.

En la vía pública, solo en Montevideo el Ministerio del Interior ubicó con el apoyo de privados 126 cámaras de seguridad, y proyecta ampliar sensiblemente ese número. Allí no rige la normativa en materia de protección de datos porque el fin es la seguridad pública y la defensa del Estado.

Sin embargo, el sistema de control se extiende a prácticamente todos los ámbitos privados (comercios de todos los portes, clubes, instituciones financieras, etc.), y en muchos casos sin que se cumplan los requisitos que exige la normativa vigente.

En Uruguay la ley 18.331 de Protección de datos personales y acción de Habeas Data, sancionada en agosto de 2008, regula todo lo vinculado a la videovigilancia y es de las más actualizadas de América.

No obstante, el avance de la tecnología y el surgimiento de nuevas conductas llevan a la Unidad Reguladora de Control y Datos Personales (URCDP) a hacer permanentes interpretaciones y actualizaciones de los conceptos para dar marco jurídico a todas las situaciones.

Muchas de las denuncias y consultas que llegaron en 2012 a la unidad (dependiente de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información, Agesic) correspondieron al uso de los sistemas de videovigilancia.

Si bien el marco jurídico parece ser suficiente para dotar de garantías a los ciudadanos, hay un vacío legal en cuanto resulta muy difícil para una persona ejercer su derecho de supresión de datos personales, en virtud de que no tendría las garantías suficientes de que se cumpla y tampoco habría una forma eficaz de realizarlo.

Además, queda librada a la responsabilidad del dueño de la base de datos su buen uso y cumplimiento de la normativa, ya que no hay controles específicos. Por ejemplo, que se establezca por escrito el objetivo del sistema de videovigilancia y no se utilice para ningún otro fin, que exista el consentimiento del titular de los datos, que sea un medio subsidiario y no se utilice cuando exista otro medio menos lesivo para la intimidad de las personas, que se garantice la seguridad de las imágenes y se evite su adulteración, que el plazo de conservación de los archivos se cumpla y que su acceso sea restringido.

En el hogar.

Antel ofrece un servicio de videovigilancia para el hogar a un accesible costo mensual que ha sido muy demandado, fundamentalmente, para controlar el trabajo de personal doméstico, niñeras, etc.

La URCDP se pronunció sobre el uso de esta tecnología en el hogar para el control de una niñera y concluyó que no es necesario informar al trabajador que sus movimientos están siendo vigilados.

"No sería necesario obtener el consentimiento de la persona afectada por el sistema de videovigilancia pues el art. 9 de la Ley N° 18.331 establece una serie de excepciones entre las cuales encontramos en el Numeral D), que si esos datos derivan de una relación contractual y son necesarios para su desarrollo o cumplimiento de la misma, no se exige recabar dicho consentimiento en forma expresa. En el caso analizado, puede considerarse que este tratamiento es necesario para el adecuado desenvolvimiento de la relación laboral referida al cuidado de los niños", sostuvo el dictamen. Advirtió, no obstante, que las cámaras no pueden instalarse en baños o dormitorios de la trabajadora porque "afecta su intimidad y privacidad y no se ajusta al principio de proporcionalidad (adecuación del medio utilizado al fin que se persigue), que debe contemplarse para que la misma sea legítima". Los datos podrían servir de prueba si deben presentarse ante la Justicia.

Sin embargo, la videovigilancia en el ámbito laboral fuera del hogar sí requiere del consentimiento de los trabajadores y forma parte del vínculo entre empresa y empleados.

Todo aquel que instale cámaras de videovigilancia estará creando una base de datos personales, por lo que debe hacer la inscripción correspondiente ante la URCDP.

Facultad.

Un estudiante denunció a una Facultad por haber utilizado los videos como prueba en un sumario sin tener debidamente registrado el sistema de vigilancia. La URCDP comprobó la contravención a la ley y emplazó a la Universidad de la República a registrar todos sus sistemas de videovigilancia.

En agosto, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo acogió parcialmente un recurso de nulidad de un funcionario de la Dirección General de Casinos sumariado hace cuatro años. Casinos no pudo presentar como prueba registros fílmicos del desempeño del trabajador al que acusaba de cometer irregularidades porque su reglamentación interna determina que las filmaciones se conserven solo por diez días.

La presencia de cámaras sobre la vía pública o edificios públicos está amparada por la función del Estado de velar por la seguridad pública de sus ciudadanos. El límite de su uso es la seguridad pública y no pueden tener ningún otro destino. Lo mismo ocurre en el transporte público o los comercios privados, donde además debe colocarse a la vista de pasajeros o clientes un logo con toda la información necesaria para no afectar el derecho de los usuarios. El uso de tales datos con fines ajenos a los que motivaron la instalación del sistema de videovigilancia representará un apercibimiento, multa de hasta 500.000 unidades indexadas o la suspensión de la base de datos por un lapso de hasta seis días hábiles.

Robo.

La URCDP debió pronunciarse sobre un caso concreto e ilustrativo. Las cámaras de seguridad de un comercio en un shopping registraron cómo una persona se apropiaba de un celular olvidado sobre un mostrador por un cliente. El personal de seguridad del shopping le solicitó al comercio el registro de las cámaras, pero antes de otorgarlo se consultó sobre la legalidad de ceder los datos.

"Existen en la materia dos principios o reglas esenciales, que son el de reserva y el de consentimiento. En virtud de la aplicación y juego armónico de ambos principios, la respuesta es negativa, ya que no se observa que existan en el caso ninguna de las condiciones o hipótesis legales en las que procede comunicar datos personales a terceros, por parte de quien dispone de ellos. En estos casos, corresponde que el propio responsable de la base de datos de videovigilancia, a través de personal autorizado, verifique si se cumplen las sospechas existentes, y en su caso dé trámite a la intervención policial y judicial correspondientes", sostuvo el dictamen.

El comercio podía hacer un informe sobre la visualización de las imágenes "siempre que no permita identificar ni hacer identificable al presunto autor del delito".

En consecuencia, salvo consentimiento del titular, o ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado, u obligación legal, u orden de la justicia competente, no procede revelar imágenes de los sistemas de videovigilancia a terceros.

Meses atrás, una persona denunció a un supermercado porque no le facilitó las grabaciones que, según ella, permitirían identificar a quien le robó su billetera mientras hacía un pago en la caja.

La URCDP declinó competencia y recomendó a la denunciante seguir la vía judicial, mientras que el supermercado quedó en evidencia porque no había inscripto el sistema de videovigilancia.

En muchos casos el registro de accidentes de tránsito por parte de cámaras sobre la vía pública no ha servido de prueba ante el reclamo del seguro o en la Justicia.

Por su parte, el funcionamiento de las cámaras en el Estadio Centenario pueden prescindir del consentimiento de los asistentes, pero solo el juez puede determinar si constituyen una prueba.

En la 34ª Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad que se realizó en Punta del Este, Wolfgang Kilian, profesor de la Universidad de Hannover, se preguntó: "¿A quién le gusta ser controlado, calificado, ubicado, etiquetado, descubierto, reconocido, localizado o identificado electrónicamente en todos lados y a la hora que sea para diversos fines?".

Condiciones de la videovigilancia

-Se define como videovigilancia toda grabación, captación, transmisión, conservación y almacenamiento de imágenes y en algunos casos de sonidos mediante la utilización de videocámaras u otro medio análogo.

-Los sistemas de videovigilancia deben tener consignado por escrito u otro medio análogo las finalidades para las que se utiliza. El uso de videocámaras debe quedar estrictamente limitado a las finalidades expresamente consignadas.

-Es necesario contar con el consentimiento del titular de los datos, excepto los casos de seguridad

pública, que tienen una regulación específica y en los cuales del juicio de ponderación resulte de mayor relevancia la seguridad pública.

-El responsable de la base de datos debe mantener la información en forma confidencial, por la cual se convierte en custodio de las imágenes.

-Debe garantizar que el titular de los datos pueda ejercer su derecho de acceso. También debe proceder al registro de las correspondientes Bases de Datos así como informar a las personas que sus imágenes están siendo captadas.

-Vencido el plazo previsto según la finalidad para la que se instaló el sistema, el responsable debe eliminar los registros.

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