El 24 de julio había una asamblea de funcionarios en el Centro de Privación de Libertad (Ceprili), uno de los institutos del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), que a su vez depende del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU).

Dos menores comienzan a romper la tapa de una alcantarilla. Apartan cascotes y esconden fierros en sus celdas. Los funcionarios los ven y los menores dejan en el piso los restos de cascotes que tenían en la mano.

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Unos treinta funcionarios entran al patio, se arrojan sobre los menores y los reducen a golpes y los esposan; al menos uno recibe una patada en el piso. Otros menores son sacados de sus celdas y también arrojados al piso y esposados.

Todo aparece en un video de las cámaras de seguridad. Entre los funcionarios aparece José Lorenzo López, vicepresidente del Pit-Cnt, líder del sindicato del INAU y secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE). López no participa directamente en la agresión a los menores, pero observa todo. La difusión del video desató una ola de condenas.

López dijo que él y su sindicato son objeto de una “operación política” de la directora del Sirpa, Gabriela Fulco. “No debe haber matones trabajando para el Estado”, reaccionó la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, en claro respaldo a Fulco, que también recibió el apoyo de la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, de cuya secretaría de Estado depende el INAU y por eso será interpelada hoy por el diputado colorado Tabaré Viera, y del ministro del Interior, Eduardo Bonomi.

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