La Justicia penal dispuso limpiar habitación de un edificio de Palermo pero la IMM no responde.

El hombre había pasado los 50 pero en el barrio nadie sabía con precisión su edad. Los padres fallecieron hace tiempo y luego también sus dos hermanos.

Era tan pacífico como alcohólico, y cuentan que sufría un retraso mental, aunque en tiempos de sobriedad se mostraba dispuesto a realizar algunas tareas para el edificio en donde vivía y se había criado desde que sus padres eran los porteros, en la calle Lorenzo Carnelli 1080, entre Durazno e Isla de Flores. Allí terminó ocupando una pieza lindera a la Unidad 301, aislado, mientras acumulaba objetos.

El 22 de diciembre de 2015 se constató su muerte, ocurrida algunos días antes. El nauseabundo olor a putrefacción alertó a los vecinos. La policía y bomberos llegaron al edificio y debieron esperar la presencia del juez de turno y el representante del ministerio fiscal.

Según los vecinos, después de abrir una precaria puerta, desde la basura amontonada aparecieron cucarachas, arañas, chinches y pulgas. Y también ratas, procedentes de un terreno lindero. El 23 de diciembre, los habitantes del edificio presentaron una carta a la División Salud de la Intendencia de Montevideo, denunciando la situación. El informe de la inspección, fechado el 29 de diciembre de 2015, confirmó que existía en la pieza "una gran cantidad de residuos, basura orgánica, cajas", olor nauseabundo, moscas y cucarachas.

La inspección concluyó que "el lugar es totalmente insalubre" y perjudica "claramente a los vecinos".

La habitación no tiene baño ni cocina y de acuerdo a la inmobiliaria administradora del pago de gastos comunes, pertenece a la Unidad 301, que figura con gran morosidad, y cuya propietaria niega en cambio tener responsabilidad jurídica.

Mariana Reale, residente en el edificio, dijo a El País que el inspector les recomendó tener cuidados especiales, como mantener puertas y ventanas cerradas, clausurar la azotea y extremar los cuidados en los apartamentos, desinfectando todo. "También nos dijeron que no subiéramos a la azotea porque lo mínimo que nos podíamos agarrar era un estafilococo dorado", sostuvo Reale.

El 13 de enero de 2016, algunos copropietarios e inquilinos concurrieron al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19° Turno, sede en donde se hallaba el caso del señor fallecido. El 19 de enero, el juez de Feria José María Gómez resolvió que se librara "orden de allanamiento a efectos de ingresar a la finca de referencia y practicar la limpieza del lugar por funcionarios de la Intendencia de Montevideo, con presencia policial".

La determinación judicial indicaba que "a la brevedad" fuese comunicado al juzgado "fecha y hora de la realización de la tarea de limpieza e identificación precisa del lugar a efectos de realizar la orden de allanamiento dispuesta, a la seccional competente".

Mariana Reale, integrante de una de las 22 familias afectadas, relató que al presentarse en el servicio de Salubridad, dependiente de la divisón Salud de la Intendencia, entregaron la disposición judicial y quedaron sorprendidos cuando una jefa les contestó "que ningún juez la iba a mandar, que tenía muchos casos adelante, y que las cuadrillas que disponían eran para limpiar las playas".

Desde Salubridad, el expediente se elevó a Jurídica de la Intendencia, en donde se respondió a los interesados que en dos días recibirían novedades.

El 25 de enero pasó a la órbita del contencioso de la propia comuna capitalina. Funcionarios de Jurídica recomendaron a los vecinos que contrataran a un abogado, cosa que hicieron.

A pesar de eso y de la existencia de un pronunciamiento judicial nada se avanzó.

El 3 de febrero los vecinos continuaron abriendo expedientes, pero entonces en el Municipio B. Y poco después tomaron conocimiento de que los abogados de la intendencia no tomarían como válida la orden judicial que los obliga a hacer la limpieza porque el trámite no lo hicieron ellos, de acuerdo al testimonio que brinda Mariana Reale.

Empleados de limpieza de la IMM indicaron que el trabajo no les llevará más de dos horas, pero necesitan la orden de Salubridad, que no llega.

Si bien la asamblea de copropietarios de una propiedad horizontal es soberana, no es posible tomar resoluciones en contra de la legislación nacional. A los vecinos del edificio de Palermo no les compete, por ejemplo, contratar una empresa para realizar por sí la limpieza de la finca contaminada, ya que ésta no es un bien común sino parte de una propiedad privada. Los abogados les explicaron que, de hacerlo, podrían tener otros problemas.

Salubridad en juegoCARLOS CIPRIANI LÓPEZ