INSEGURIDAD

Vecinos ofrecen viviendas a policías para frenar "bocas"

Vendedores de drogas se apropian de apartamentos vacíos en el Cerro.

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El CH 28 llegó a tener 15 apartamentos ocupados por intrusos. Foto: M. Bonjour

En San Fuentes y Cibils (Cerro), el conjunto habitacional CH 28 vive una situación que no es ajena a otros complejos que pertenecen a la Agencia Nacional de Vivienda: cuando los apartamentos quedan libres, la demora en volver adjudicarlos lleva a que sean ocupados ilegalmente, en muchos casos para abrir bocas de venta de drogas.

Si bien la Agencia clausura las aberturas de las unidades desocupadas, rápidamente los vendedores y consumidores de pasta base abren boquetes y se apropian de ellas.

Actualmente, el complejo tiene tres unidades desocupadas y cinco en proceso de desalojo. Pero llegaron a ser unas 15 las que fueron habitadas por intrusos, muchos de los cuales, con el tiempo, regularizaron su situación y hoy son aceptados por el resto de los vecinos.

"Al fin y al cabo, antes de que se meta una banda de narcos, preferimos que se meta gente que sea normal, que trabaje. Son familias de bajos recursos", explicó a El País José Osuna, presidente de la Comisión Administradora del CH 28, quien ocupa una de las unidades del complejo desde 1979.

"Hay viviendas que han sido ocupadas, desalojadas, y vueltas a ocupar; es como una calesita. Y es por burocracia, porque la Agencia de Vivienda no las adjudica; las tapia pero pasa un tiempo y la gente se mete. No hay muchas personas que quieran vivir acá, entre otras cosas los edificios tienen muchos años", agregó Osuna.

La Comisión Administradora tiene agendada para hoy una reunión con la Agencia Nacional de Vivienda, a la que le planteará algunas propuestas para solucionar la problemática de las unidades vacías que son ocupadas. Una de ellas es que se entreguen a policías o militares de la zona, con lo que matarían dos pájaros de un tiro: la ocupación ilegal y la inseguridad.

"Cuando hay un inspector de tránsito, uno va despacito y respeta todas las señales, todos sabemos que eso es así; por eso queremos que vengan a vivir policías, o gente del Ejército. No discriminamos, al contrario. No nos conviene que haya viviendas vacías", dijo el presidente de la Comisión Administradora.

Los gastos comunes para cada unidad del CH 28 son de $ 300, pero de los 96 apartamentos, solamente hay unos 20 que los pagan. "Y tenemos gastos fijos, como un limpiador, el corte del pasto, bombitas que se queman", dice Osuna, quien aclara que "al día de hoy no tenemos bocas de pasta base porque nos movemos rápido".

"Cuando hay un apartamento al que empiezan a picar, llamamos a Seguridad de la Agencia de Vivienda. Porque donde se instale una sola boca de drogas, arruina todo. Si la Agencia no da las viviendas, nosotros le podemos proporcionar una lista de interesados y ella puede ver si sirven o no sirven", agregó Osuna.

Inseguridad.

Antonio es otro vecino del complejo. Tiene 60 años y vive allí desde hace cuatro décadas. Comparte el apartamento con su señora, su hermana y dos hijos. Otro de sus hijos vive en otra unidad del complejo, con su esposa.

"Al lado de mi casa hay un apartamento que lo tapiaron tres veces entre el jueves de la semana pasada y el lunes, y que lo rompieron tres veces. Es un aguantadero de delincuencia. Hay apartamentos que han quedado vacíos y que fueron ocupados por gente de mal vivir, que rompió lo que estaba tapiado y se metió, por lo que tuvo que venir la Policía a sacarlos", señaló.

"De las 96 casas, cerca de 80 son ocupadas por gente que tiene 35 o 40 años en el complejo. Es un barrio en el que nos conocemos todos, en el que nuestros gurises se criaron juntos. Pero de la forma que trabaja la Agencia, tapiando y no haciendo nada por otorgar las viviendas a personas que lo necesitan realmente, están transformando esto en un gueto", manifestó Antonio preocupado.

El vecino se quejó por la falta de respuestas de las autoridades. "El país tiene necesidad de viviendas, no entiendo la política de la Agencia de dejar apartamentos vacíos. Si la persona cumple con normas de vecindad mínimas, no causa problemas y se adapta a gente que hace muchos años que vive acá, hay que hacerle el convenio y que lo termine de pagar cuando pueda. Si usted hace una encuesta, la gran mayoría de la gente en Uruguay va a decir que el problema más grave es la inseguridad, pero no hacen nada para eliminar eso".

Reclamo.

Miguel Di Ruocco, ex edil nacionalista y actual asesor del senador Luis Lacalle Pou, se reunió la semana pasada con los vecinos del CH 28 para escuchar sus planteos e intentar ayudar en la búsqueda de soluciones. Di Ruocco dijo a El País que "la Agencia debe tomar cartas en el asunto", porque "es potestad del dueño del complejo, es decir la ANV, buscar soluciones para que haya convivencia pacífica".

Di Ruocco agregó que "hay menores que a determinada hora no salen del complejo por miedo a la gente extraña".

Las demoras de la agencia

Los vecinos del conjunto habitacional CH 28, de San Fuentes y Cibils, se quejan por las demoras de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) en otorgar los apartamentos que van quedando vacíos. Dicen que esto ha llevado a que vendedores y consumidores de drogas los ocupen, generando inseguridad en el barrio.

En una reunión pautada para hoy, le sugerirán a la ANV que entregue las unidades vacías a policías y militares de la zona, con lo que esperan solucionar parte de sus problemas.

Los gastos comunes para cada unidad del CH 28 son de $ 300, pero de los 96 apartamentos, solamente hay unos 20 que los pagan.

Muy cerca se encuentra otro complejo habitacional "que ni siquiera tiene comisión administradora" y que —según denuncian los vecinos— "es tierra de nadie".

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