POLÉMICA POR COMPLEJO HABITACIONAL

Vecinos de Euskal Erría recurren contra la IMM

Contencioso Administrativo definirá por reclamo millonario.

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Algunos llegaron a recibir en 2015 facturas de saneamiento de hasta $ 40.000. Foto: Archivo El País

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) tiene a estudio un recurso presentado por más de 30 vecinos del complejo Euskal Erría 71 contra la Intendencia de Montevideo, que les atribuye una millonaria deuda por tarifa de saneamiento.

En febrero del año pasado, la ex intendenta Ana Olivera rechazó un recurso presentado por la Comisión Administradora del complejo, que solicitó la exoneración de la deuda, de casi un millón y medio de dólares. En 2015, la comuna hizo un prorrateo y envió a cada propietario facturas que, en algunos casos, llegaban a los $ 40.000, colocando a muchos vecinos en una situación realmente comprometida.

El Euskal Erría 71 tiene 1.496 apartamentos. Y la tarifa se calcula en base al consumo de agua, lo cual representa parte del problema: hay solo tres medidores de OSE para todas las unidades. Algunos vecinos creían que pagaban esta tarifa con los gastos comunes. "Jamás nos había llegado una factura de saneamiento y la mayoría de la gente desconocía que había que pagarlo", declaró a El País uno de los vecinos.

El complejo siempre recibió factura por tarifa de saneamiento, pero al no haber contadores para cada apartamento, los vecinos no la recibían individualmente, hasta que la IMM hizo una división por unidades.

La acción ante el TCA entiende que la actuación de la IMM es "ilegítima" y que los vecinos han pagado sumas "en forma indebida". A su vez, considera que genera daños graves a los habitantes, a quienes no les correspondería el pago de una deuda a título individual. Se considera todavía más grave que se exija el pago de la retroactividad de una deuda, con multas y recargos, que los vecinos desconocían por no haber sido notificados oportunamente de la existencia de la misma.

Críticas.

Miguel Di Ruocco, ex edil nacionalista y actual asesor del senador Luis Lacalle Pou en materia de Vivienda, dijo a El País que "hubo omisión en los controles por parte de la Agencia Nacional de Vivienda, que es la dueña del complejo", de acuerdo a lo que establece el artículo 24 del reglamento sobre comisiones administradoras. "Debió controlar el cumplimiento de sus funciones, entre ellas el pago de tributos, el pago a OSE y del saneamiento con los gastos comunes".

Di Ruocco recordó que la Administración del complejo notificó en su momento a la ANV de la existencia de un importante número de vecinos que no pagaban los gastos comunes y que la Agencia "no tomó las medidas necesarias para resolver el problema y apoyar a la Administradora y a los buenos pagadores".

Según Di Ruocco, la Intendencia tampoco ha cumplido con su "rol fiscalizador". "El problema se podría haber solucionado mucho antes si hubiese notificado la situación morosa del complejo", anotó.

En la resolución firmada por la ex intendenta Olivera, se señala que "la tarifa de Saneamiento es un precio público y no un tributo, motivo por el cual todas las referencias o argumentaciones relativas a aspectos específicamente de Derecho Tributario resultan ajenas al ingreso departamental". En sus fundamentos jurídicos, la resolución agrega que los recurrentes "confunden a los usuarios del servicio —deudores del precio respectivo— con el órgano representativo de la copropiedad CH 71", ya que "la Administradora no es sujeto pasivo de la tarifa de saneamiento en tanto no se trata de una entidad con capacidad de ingresar dentro del término ocupante".

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