Aplicaciones en Uruguay

Vázquez: se reglamentará, pero no se prohibirá Uber

La patronal del taxi apoya al gobierno; la empresa no opina.

El eterno femenino de una imaginativa pintora
Uber.

El presidente Tabaré Vázquez dijo ayer que el gobierno prepara un proyecto de ley que regulará a Uber y a otras aplicaciones. Así, dejó entrever que no se optará por el camino de la prohibición. Durante el Consejo de Ministros realizado en Piedras Coloradas (Paysandú) el mandatario señaló que Uber "irrumpió intempestivamente en el mercado uruguayo de transporte de pasajeros infringiendo todas las normas sin tener en cuenta que Uruguay es un país serio, responsable". Explicó que se va a "respetar la libertad de trabajo" y que "el camino no pasa por prohibir sino que pasa porque haya una ley que establezca claramente que cualquier tipo de aplicación para ofrecer los servicios dentro del país debe cumplir con las normas y las leyes (...) y para ello hay que darle la potestad a las autoridades de controlar".

El secretario de Presidencia Miguel Ángel Toma especificó que la norma "tendría carácter de orden público por lo que por más que quieran llegar a acuerdos privados deberán respetar las disposiciones de forma tal que más que prohibir deberán cumplir con la normativa vigente". Asimismo afirmó que la ley le dará "instrumentos a los organismos para que puedan realizar su labor de control mediante el ejercicio de policía administrativa para que sea realmente eficiente". El proyecto de ley será para "cualquier aplicación que utilice mano de obra", especificó Toma.

Consultado por El País, Óscar Dourado, presidente del Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro del Uruguay, dijo que "todos los planteos del presidente son correctos, lo apoyo".

Fuentes de Uber dijeron a El País que la empresa no hará comentarios hasta que no conozca el texto del proyecto de ley. La semana pasada su gerente de Políticas Públicas, Carl Meacham, estuvo en Uruguay y se reunió con el diputado oficialista Felipe Carballo y con el colorado Adrián Peña.

Carballo elaboró un proyecto de ley, a estudio de la bancada oficialista, que en su primer artículo establece que se prohíbe en todo el país por el plazo de 12 meses contados a partir de la promulgación de la ley "el transporte remunerado de personas en vehículos particulares registrados a través de software de aplicación móvil ("app") u otros medios tecnológicos similares que tengan por objeto conectar directa o indirectamente a los pasajeros con los conductores". Carballo también propone que los conductores, propietarios e intermediarios que incumplan la prohibición sean pasibles de sanciones que irán desde el apercibimiento hasta la incautación del vehículo. Carballo sugiere crear en el ámbito del Poder Ejecutivo una comisión integrada por un representante del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, uno del Ministerio de Industria y Energía, otro del Ministerio de Economía y Finanzas, otro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y otro del Congreso de Intendentes para analizar durante un año nuevas regulaciones para el servicio.

Una comisión interministerial recomendó pasos para evitar que Uber incurra en competencia desleal y aconsejó que se determine la naturaleza jurídica de la relación existente entre la empresa y los choferes que prestan su servicio.

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