Presidente le dijo a la oposición que “por el momento” seguirá el ministro.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, seguirá "por el momento" en su cargo. Para el presidente Tabaré Vázquez esto no impedirá un "cambio de rumbo" en la política de seguridad pública, según le trasmitió ayer a los partidos con representación parlamentaria con quienes abrió el diálogo sobre el tema.

El Partido Nacional y el Partido Colorado han planteado con insistencia el relevo de Bonomi, al frente del Ministerio del Interior desde marzo de 2010 con el gobierno de José Mujica. El Partido Independiente, en cambio, entiende que la solución no pasa por sacar a Bonomi.

Vázquez recibió a los partidos en medio de una polémica por el cuestionamiento del ministro a algunos fallos de jueces penales que dejaron en libertad a delincuentes o le bajaron la pena, por ejemplo los casos de un joven de 23 años con ocho antecedentes penales al que se le redujo la pena porque la sociedad es "corresponsable" de que haya delinquido, y de otro que fue procesado sin prisión por hurto cuando lo que había cometido fue una rapiña.

El presidente abrió la reunión en la Torre Ejecutiva con una breve introducción donde aseguró que para él y el gobierno el encuentro era "muy productivo" y que su intención era "seguir avanzando", es decir que los partidos se pronuncien sobre su oferta y que en el próximo encuentro haya avances concretos sobre iniciativas que puedan ir al Parlamento con cierto consenso.

Presentó algunos proyectos de ley en titulares. Por ejemplo sobre el cambio del régimen de libertades anticipadas para los reincidentes, cambios en la función de las fiscalías con modificaciones al Código del Proceso Penal (CPP), un nuevo estatuto jurídico de la Fiscalía General de la Nación, ir hacia la libertad vigilada común y la libertad vigilada intensiva, la mejora en la persecución del tráfico de pasta base, lo mismo para la persecución del crimen organizado, y la regulación de las empresas de seguridad privada, dijeron a El País participantes de la reunión.

En la reunión, uno de los participantes de la misma, el senador nacionalista Javier García, le preguntó al presidente qué significaba un "cambio de política" en materia de seguridad. García le remarcó que era "clave" aclarar esto para el Partido Nacional porque "el ministro ha sido un fracaso".

"La sola convocatoria a esta reunión supone un cambio de rumbo" en materia de seguridad, apuntó Vázquez, aunque insistió en que Bonomi seguirá como ministro. Y agregó que el gobierno "está dispuesto a adoptar propuestas tanto de la oposición como del partido (FA) que se discutirán en su momento".

Vázquez ya había ratificado a Bonomi cuando respondió por escrito a una serie de planteos del senador del Partido Nacional Luis Lacalle Pou. "No está en los planes del gobierno nacional", dijo Vázquez ante el pedido de relevo del ministro.

Ayer el representante colorado Germán Cardoso pidió la renuncia del ministro diciendo que "es el sentir de la oposición". Sin embargo, Edgardo Novick (Concertación) dijo en la reunión que no lo incluyeran en esa afirmación "porque ese sentir a mí no me representa". Pablo Mieres, del Partido Independiente, se mantuvo en silencio.

En la reunión Vázquez no permitió que los medios registraran imágenes. "Es para que no digan que esto es para la foto", ironizó, en respuesta a afirmaciones de Lacalle Pou y Pedro Bordaberry que dijeron en estos días que ellos no estaban "para la foto" y que no tenían esperanzas en que prosperara la reunión.

Cardoso le dijo a Vázquez: "Pero Tabaré, Pedro no vino". El presidente no dio marcha atrás.

Vázquez tampoco se apeó de su prerrogativa de enviar al Parlamento una ley de urgente consideración para abreviar los plazos de debate. El artículo 104 de la Constitución establece la posibilidad de la ley de urgente consideración, con 45 días de plazo en cada Cámara.

El sábado 9, durante una gira por San José, Lacalle Pou propuso a Vázquez enviar al Parlamento una ley de urgencia para aprobar rápidamente varios proyectos de ley sobre seguridad.

La lectura política del encuentro es que el gobierno gana tiempo. Pese a Bonomi, los partidos le dan al Poder Ejecutivo una cierta tregua en la materia y esperarán a la llegada de los proyectos al Parlamento.

Una de las conclusiones que se extraen desde la oposición, según pudo saber El País, es que tras once años de gobierno frenteamplista anunciar un "cambio de rumbo" para el gobierno es reconocer que la situación de inseguridad ciudadana se ha agravado.

A la reunión con el presidente en la Torre Ejecutiva asistieron Daniela Payssé, Daniel Marsiglia y Orquídea Minetti por el Frente Amplio; por el Partido Nacional Luis Alberto Heber, Guillermo Besozzi y Javier García; por el Partido Colorado lo hicieron Germán Cardoso, José Garchitorena y Tabaré Viera; Pablo Mieres y Daniel Radío por el Partido Independiente; Eduardo Rubio, Gustavo López y Gonzalo Abella por la Unidad Popular; y Edgardo Novick con el exministro del Interior Guillermo Stirling por el Partido de la Concertación.

De acuerdo con el resultado del encuentro, ahora los partidos reunirán a sus respectivos órganos ejecutivos para analizar las iniciativas que les entregara el mandatario en formato digital.

Y el siguiente paso es que en unos diez días Vázquez volverá a convocar a los partidos para ver hasta dónde hay posibilidades de un entendimiento con el gobierno para allanar el trámite parlamentario de las iniciativas.

Un hecho destacado por la oposición es que el presidente dio muestras de estar abierto a incluir reformas pedidas por blancos, colorados e independientes que han venido bregando por reformar leyes y procedimientos empleados por los operadores judiciales.

El 21 de septiembre de 2014, a un mes de las elecciones de octubre de ese año, el entonces candidato presidencial del Frente Amplio dijo en entrevista a El País que no había "elementos ni motivos para cambiar la política de seguridad". En esa entrevista Vázquez también confirmaba la continuidad de Eduardo Bonomi.

—Arriesga con un ministro que ha sido muy cuestionado por la oposición.

—(...) Lawrence Sherman, de Cambridge, un criminalista número uno en el mundo que ha asesorado a varios gobiernos del Reino Unido, Estados Unidos, Nueva Zelanda, fue muy claro cuando dijo que Uruguay había encaminado el tema de seguridad por un sendero que seguramente iba a dar resultados muy positivos en un plazo prudencial. (...) Creo que no hay elementos ni motivos para cambiar la política de seguridad.

Una serie de proyectos de ley han sido presentados por los partidos de la oposición en materia de seguridad pública. El Partido Nacional volvió a entregar ayer al Poder Ejecutivo en manos del presidente Tabaré Vázquez varias iniciativas sobre el tema. Una por la cual los delitos de drogas se hacen inexcarcelables, otra que crea una agravante cuando se utiliza el hogar para la venta de droga, el aumento al máximo en penas de menores, y un aumento del mínimo cuando se cometan infracciones gravísimas (de 12 meses a dos años), la mantención de los antecedentes a menores que cometan infracciones gravísimas, la creación de la Guardia Nacional, la habilitación de la custodia de edificios públicos y embajadas por parte de efectivos militares, entre otros. También plantearon que cuando un homicidio se cometa contra un funcionario policial o un guardia de seguridad, el homicidio será muy especialmente agravado, cuya pena se aumentará de un mínimo de 15 a un máximo de 30 años. Asimismo, cuando la víctima sea un trabajador también el homicidio se considerará especialmente agravado, aumentándose la pena a un mínimo de 10 y un máximo de 24 años. Los nacionalistas también plantean que las cárceles dejen de estar en la órbita del ministerio del Interior, y se propone dotar a la policía con mayores recursos tecnológicos no letales para enfrentar con éxito la criminalidad. Por el lado colorado, el senador Pedro Bordaberry ha impulsado numerosos proyectos como uno por el que se establecen normas de prevención, control y erradicación de la violencia en el deporte; otro por el que se fijan normas sobre robo o suplantación de identidad, penalizar más severamente a quienes reinciden; encargar la custodia de embajadas y frontera seca a las Fuerzas Armadas; adecuar la legítima defensa del policía; nuevas figuras legales para que la Policía combata el delito; y autorizar a la Policía a utilizar armamento y vehículos decomisados.

LA PRIMERA REUNIÓNDANIEL ISGLEAS