LAS INVERSIONES EN TIEMPOS DE AJUSTES

Vázquez con pocas obras grandes para inaugurar

El Antel Arena, una cárcel y un puerto pesquero entre ellas.

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Tres obras grandes serán la principal infraestructura del período. Foto: F. Ponzetto.

Dada la incómoda situación fiscal actual, caracterizada por el elevado déficit de las cuentas públicas, al que se suma la desaceleración económica, todo indica que el presidente Tabaré Vázquez no tendrá la posibilidad durante su segundo gobierno de inaugurar grandes obras de infraestructura. Dos están en marcha y avanzan al ritmo previsto, por lo que podrían inaugurarse durante el mandato de Vázquez: el Antel Arena y la cárcel de Punta de Rieles.

Una obra privada relevante y de reciente inauguración es el estadio del Club Peñarol, a la que Vázquez asistió.

Otra podría estar inaugurada sobre el final de su mandato a mediados de 2019: se trata de la construcción de la Terminal Pesquera Capurro, un área especializada para el atraque de buques de pesca que costará US$ 94 millones. El contrato se firmó la semana pasada y la obra fue adjudicada a un consorcio integrado por las empresas Lavigne, Chediak y Teyma. También está previsto que este año comience la prolongación del muelle C en el puerto de Montevideo. Y el ministro de Transporte, Víctor Rossi, anunció que el gobierno pretende que en 2016 comience la construcción de un viaducto en la rambla portuaria (en el barrio La Aguada) para facilitar el ingreso de camiones al puerto montevideano. Está también en marcha la construcción de parques eólicos por parte de UTE.

El gobierno había anunciado el año pasado un plan de inversión en infraestructura por US$ 12.300 millones para el quinquenio, con un importante rol para la participación privada, sobre todo en infraestructura energética y transporte (carreteras y vías férreas, estas últimas al norte del río Negro). Parte de los fondos irán a infraestructura educativa.

El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, especificó que se quieren realizar 440 obras vinculadas a centros educativos durante los cinco años, el 38% a través del mecanismo público-privado (PPP).

Complementariamente, y como parte del Sistema Nacional de Cuidados, que da prioridad a la atención de la primera infancia, se construirán mediante el mecanismo de las PPP sesenta nuevos Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF), con una inversión inicial estimada en alrededor de US$ 32 millones.

Sin embargo, otra obra clave comenzada durante el anterior gobierno está parada y su futuro es incierto. Se trata de la regasificadora de Puntas de Sayago cuya construcción estaba prevista que fuera costeada por el privado que se iba a hacer cargo de la obra (el consorcio GNLS) lo que iba a implicar una inversión de US$ 1.125 millones. Y el puerto de "aguas profundas" al que tanto impulso le dio el gobierno anterior, quedó en la nada y no es prioridad para la actual administración.

De todas formas, el Antel Arena, que fue suspendido en julio del año pasado y cuya construcción se retomó por la fuerte presión de parte del Frente Amplio y el Pit-Cnt, avanza al ritmo previsto. Daniel Diverio, dirigente del Sunca (sindicato de la construcción) dijo a El País que la obra avanza a ritmo normal y sin conflictividad. Se está en una primera etapa y "están trabajando todos los trabajadores necesarios", señaló. También marcha de la manera prevista la construcción de la cárcel de Punta Rieles, aseguró.

El Antel Arena debería estar terminado en 2018. Actualmente están trabajando allí unos 180 trabajadores y se espera que lleguen a desempeñarse en la obra unas 300 personas.

En junio de 2015 el gobierno adjudicó la construcción de una cárcel en Punta de Rieles con el sistema público-privado. Esta cárcel tendrá capacidad para más de 1.800 presos y estaría finalizada para 2017. Supondrá una inversión superior a US$ 120 millones. El Ministerio del Interior comenzará a pagar la obra luego de que esté pronta y durante 27 años.

Prioridad al arreglo de las rutas.

En materia de vialidad el gobierno espera que a partir de la segunda mitad del año se puedan comenzar a concretar inversiones por US$ 700 millones. El mal estado de las carreteras, en parte consecuencia del "boom" productivo de los años de fuerte crecimiento económico, fue un tema importante durante la campaña electoral de 2014. El gobierno quiere que el sector privado tenga un rol clave.

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