CONFLICTO SALARIAL

Vázquez llamó a judiciales a la "reflexión"

Dio a entender que no les hará otra oferta de aumento salarial.

El presidente de la República Tabaré Vázquez exhortó una vez más a los funcionarios judiciales que mantienen su reclamo de un incremento salarial del 21,6% a aceptar la propuesta de un aumento del 15% que los trabajadores rechazaron en una asamblea realizada en febrero. El mandatario los llamó a la "reflexión". El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, ya había hecho un pedido similar. Murro recordó en marzo que la última propuesta del gobierno suponía el pago de US$ 100 millones durante tres años a 5.000 funcionarios.

El gobierno llegó a acuerdos con los fiscales, defensores de oficios y jueces y el presidente Vázquez anunció ayer, durante el Consejo de Ministros realizado en Cardal (Florida) que ya se habilitaron los créditos correspondientes para el pago.

Eduardo Silveira, secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, dijo a El País que el gremio encargó un estudio técnico para demostrar que el Estado cuenta con recursos para por lo menos conceder la actualización salarial del 21,6% que reclama el sindicato (serían unos US$ 50 millones).

El origen del conflicto es la aprobación durante el anterior gobierno del "enganche" de las remuneraciones de los judiciales con las de los ministros de Estado y de la Suprema Corte de Justicia. El anterior gobierno adujo que nunca tuvo la intención de que hubiese un "enganche". La oposición, en particular el Partido Nacional, ha cuestionado duramente lo que entiende fue un grave error de redacción en la ley presupuestal que habilitó el "enganche".

El sindicato insiste en que reclama solamente la adecuación salarial y que está dispuesto a negociar en una etapa posterior el pago de la deuda que entiende que se ha generado por el no incremento de los sueldos. El sindicato tiene a su favor una sentencia judicial firme, pero el artículo 733 de la Rendición de Cuentas condicionó ese pago a que el gobierno cuente con fondos. El sindicato considera que ese artículo es inconstitucional. Y ha elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un planteo contra el Estado uruguayo por el no cumplimiento de la sentencia.

Como medidas de protesta, el gremio decidió el mes pasado que en los asuntos de contenido patrimonial en los cuales el Estado sea actor los trabajadores no tramitarán los expedientes y no concurrirán a los cursos de capacitación para la implementación del nuevo Código Procesal Penal (que comenzará a aplicarse este año) y el Código de Procedimiento Aduanero.

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