ENCUENTRO

Vázquez con la bancada del FA para atar proyecto de seguridad

Presidente sondea apoyo para endurecer las penas que pide la oposición.

El eterno femenino de una imaginativa pintora
El hombre asesinó a un joven por el volumen en el que escuchaba la música. Foto: Archivo AFP

El presidente Tabaré Vázquez recibirá hoy a los coordinadores de bancada de los sectores que integran el Frente Amplio para conocer de primera mano su posición con respecto a los proyectos de seguridad presentados por la oposición que apuntan a aumentar las penas. El encuentro será a la hora 18 en la residencia de Suárez y Reyes.

Después de tres reuniones con los partidos con representación parlamentaria, esta es la primera vez que Vázquez convoca a la bancada oficialista para discutir el problema de la seguridad, que sigue siendo una de las principales preocupaciones del gobierno.

Los partidos de oposición han propuesto agravar las penas y el gobierno accedió a analizarlo. Sin embargo, el Frente Amplio se opone a recorrer este camino al entender que este tipo de medidas no lleva a disminuir la cantidad de delitos que se cometen.

El aumento de penas estuvo sobre la mesa en la cumbre de seguridad convocada por el presidente Vázquez el pasado viernes 22 de abril. "El Partido Nacional propone que estudiemos modificaciones al Código Penal con respecto a los temas del aumento de penas. Un segundo punto que plantea y que vamos a analizar —no hay temas proscritos— es el combate al narcotráfico. Y el tercero es sobre las modificaciones al tratamiento penal de los delitos cometidos por menores", dijo el presidente.

En la legislatura pasada, el Frente Amplio rechazó un proyecto de ley remitido por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, para duplicar las penas a menores infractores que cometieran delitos gravísimos como homicidio, violación, rapiña y copamiento.

Recientemente, el senador nacionalista Jorge Larrañanga presentó diez medidas sobre seguridad que buscan aumentar las penas por tráfico de drogas, en particular de pasta base, y también a los adolescentes que cometen delitos graves. Se propone llevar de dos a tres años la pena mínima por tráfico y venta de cocaína; también plantea llevar a cuatro años la pena mínima por cualquier delito vinculado con la pasta base. Estas iniciativas no tienen el visto bueno de la coalición de izquierda.

Por su parte, el gobierno apuesta a frenar la reincidencia en delitos graves mediante la limitación del beneficio de la libertad anticipada y la expulsión del país a delincuentes extranjeros que estén presos que hayan cumplido la mitad de su sentencia.

El Partido Nacional y el Partido Colorado le plantearon al gobierno varias objeciones a las iniciativas oficiales para mejorar la seguridad, en una reunión que tuvo lugar el vienes 6 en la Torre Ejecutiva. El diputado nacionalista Pablo Abdala, planteó su oposición a que se pueda aplicar la denominada "suspensión condicional del proceso penal" a delitos hoy inexcarcelables, por ejemplo la extorsión, como propone el gobierno; esa postura fue apoyada por los colorados. En la oposición tampoco ven oportuno apoyar la expulsión de extranjeros que delinquen como propone el gobierno.

Los representantes opositores sí apoyan la idea del gobierno de permitir el asesoramiento legal de las víctimas de delitos a través del Instituto Técnico Forense de la Universidad de la República y eventualmente de especialistas de las universidad privadas.

Los partidos políticos discutieron también las limitantes a las libertades anticipadas. El gobierno proponía limitaciones para los casos en que el delito fuese el homicidio, la rapiña y el copamiento.

El Partido Independiente propuso agregar la asociación para delinquir, los colorados las violaciones y los blancos las lesiones gravísimas (aquellas que dejan secuelas a la víctima) y los delitos de narcotráfico. Hay consenso entre los partidos de que se debe limitar el beneficio de la libertad anticipada para los reincidentes.

El Partido Nacional pidió que el proyecto de nueva ley orgánica del Ministerio Público que elaboró el gobierno sea enviado directamente al Parlamento para su discusión y no sea objeto de un preacuerdo, dada su complejidad.

El sábado, la Convención del Partido Colorado aprobó una resolución en la que insiste con la renuncia del ministro Eduardo Bonomi.

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