Desde 2010 hubo 31 subastas; la última fue este mes: la del velero Samoya.

En lo que va de 2016 se realizaron 6 remates de bienes decomisados al crimen organizado que gira en varios rubros, en especial el narcotráfico. Este año se ubica así a pasos del récord en cantidad de subastas, que es de 2015, cuando hubo 8.

Desde 2010 ya fueron efectuados 31 remates, y se recaudó $ 79.656.462, (US$ 1.115.251).

El mayor monto obtenido por un solo bien se registró al enajenarse un yate (el Maui) en diciembre de 2011; pagaron por él US$ 160.000. Esta embarcación estaba vinculada con una poderosa organización serbia de incipiente actividad en Argentina.

Sin contar inmuebles, en la lista le sigue un buque pesquero (el Perbes), que en marzo de 2015 se llegó a subastar en US$ 100.000, cuando su precio estimado era de US$ 280.000. Había pertenecido a una organización de narcotraficantes colombianos y tenía bandera panameña. Transportaba casi una tonelada y media de cocaína y resultó la mayor incautación de esa droga que hizo la Armada.

El pasado 14 de septiembre tuvo lugar el más reciente remate. El Fondo de Bienes Decomisados de la Junta Nacional de Drogas, en convenio con el Ministerio del Interior y el Poder Judicial, mandaron bajar el martillo al velero oceánico Samoya, que terminó vendiéndose en U$S 16.500.

Se trata de una embarcación deportiva construida en 1986 y reciclada a nuevo en el año 2010. Cuenta con 12.80 metros de eslora, dos camarotes, uno en proa y otro en popa, con siete cuchetas y un baño.

Los bienes rematados desde 2010 son de diverso tipo; predominan los vehículos de diversa especie, muchos de alta gama. Pero también hubo entre los lotes, además de barcos: ganado en pie, joyas, tecnología, aeronaves o inmuebles. El último de éstos fue subastado en abril de este año por US$ 71.000.

El Fondo de Bienes Decomisados fue creado por ley en 2006. Lo que recauda se destina a la prevención del consumo de drogas, tratamiento, asistencia e inserción social de los afectados. También se dedica a la mejora de las actuaciones de prevención, investigación y represión de los delitos de tráfico de drogas y lavado.

Una cuota parte puede corresponder asimismo a los organismos encargados del cumplimiento de las políticas públicas en el área de represión del narcotráfico.

A la Junta Nacional de Drogas le corresponde determinar el destino de los bienes, por ejemplo enviarlos a subasta, si es que no decide retenerlos para un uso social o transferirlos a cualquier entidad pública que haya participado en su incautación.

Cuando se concreta una subasta, el dinero puede quedar depositado en las cuentas del Poder Judicial hasta que haya sentencia definitiva en el caso que involucra al bien. Después que ésta es ejecutada, el dinero se pone a disposición de la Junta Nacional de Drogas.

El remate es una medida anticipada que toma la Junta en relación a los bienes que se hubieran embargado o "que en general se encontrasen sometidos a cualquier medida cautelar, que corran riesgo de perecer, deteriorarse, depreciarse o desvalorizarse o cuya conservación irrogue perjuicios o gastos desproporcionados a su valor, como por ejemplo vehículos de cualquier tipo que no hubiesen sido asignados judicialmente al uso provisional de alguna entidad, semovientes u otros animales, o alimentos para consumo humano o animal".

La exoneración de deudas departamentales que tengan los bienes rematados, así como su tramitación, dependen de cada gobierno departamental.

Para los tributos municipales, durante el período de incautación, corresponde la exoneración. Por las deudas anteriores, la Junta Nacional de Drogas hace gestiones ante el Congreso de Intendentes, el Sucive y cada departamento para lograr su exoneración, mediante un acuerdo interinstitucional alcanzado con el Congreso de Intendentes en 2014.

Algunas intendencias cuentan con norma de exoneración, por ejemplo Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha.

En todos los casos en que se solicite, el Fondo de Bienes Decomisados asesora a los adquirentes para la tramitación de las exoneraciones.

Ya se logró que más de 600 bienes por los cuales no se contribuía al Estado, hayan comenzado a aportar, ya sea por concepto de patente, contribución inmobiliaria, tributos domiciliarios, de saneamiento, impuesto a Primaria y BPS.

Se estima que los ingresos superan al año los $ 10.000.000, dinero que sobre todo los gobiernos departamentales retornaán a cada comunidad según lo definan.

RIQUEZAS DEL CRIMEN ORGANIZADO