El número de personas privadas de libertad llegó en enero al máximo de 11.300.

La cifra de presos en Uruguay volvió a crecer en enero de 2017, cuando la cantidad de personas privadas de libertad marcó nuevamente un "triste récord histórico", que hoy ronda las 11.300 personas y que representa un problema "dramático" para el país, expresaron fuentes penitenciarias.

El comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, dijo que en enero hubo un "aumento importante" en el número de presos, que se situó "entre los 11.300", que provocó que aumentara la cantidad con respecto a la última cifra divulgada por el Gobierno, que rondaba los 10.690 presos.

En este sentido, Petit indicó que Uruguay volvió a alcanzar un "triste récord histórico", y que actualmente el país se encuentra en el entorno de 320 presos cada 100.000 habitantes.

"Estamos en el paquete de los primeros 30 países con más presos en el mundo", agregó en ese sentido, y subrayó que se trata de una cifra "muy importante" que "requiere una reflexión y la activación de políticas públicas".

El comisionado parlamentario hizo esas declaraciones al ser consultado por la publicación que el fiscal de Corte de Uruguay, Jorge Díaz, hizo en su cuenta de Facebook, donde denunció la situación que enfrenta el sistema penitenciario del país sudamericano, que según sus datos, cuenta con 11.597 personas privadas de libertad.

Además, Díaz afirmó que casi un 80% de la población penitenciaria "no tiene sentencia de condena ejecutoriada", y que ese índice "es inconsistente con un Estado de Derecho".

Petit sostuvo que "tiene que haber una política penitenciaria" que asegure que quienes "caen en el delito o presos" puedan acceder a un mecanismo de rehabilitación para luego reinsertarse en la sociedad.

"Todos los años hay unos 2.000 presos que salen de la cárcel y vuelven a la sociedad. Entonces, si tenés 2.000 personas que salen peor de lo que entraron (...), estamos atacando el fuego con nafta", remarcó el comisionado parlamentario.

Sin embargo, aseguró que el sistema penitenciario mejoró en los últimos años, aunque aún "sigue estando muy mal" y la situación "sigue siendo muy grave".

Por ejemplo, Petit mencionó algunas mejoras del sistema como la incorporación de prestaciones del sistema de salud pública, personal civil, el aumento en la cantidad de emprendimientos productivos y la creación de programas innovadores "muy buenos", entre otras medidas.

Pese a que "hay mucha gente trabajando y haciendo cosas", consideró que es necesario contar con una mayor presencia del Estado. En este sentido, comentó que el sistema de salud pública del país solo cubre un 60% de la población carcelaria, algo que debería llegar a "todas las cárceles". Asimismo, explicó que hay problemas en el área de salud mental y que el sistema penitenciario consiguió recién este año incorporar a un psiquiatra.

"Hay una falta dramática en atención psiquiátrica", señaló Petit. Además, dijo que "prácticamente no existen programas contra las adicciones", algo importante si se tiene en cuenta que una gran parte de la población carcelaria "llegó al delito luego de un deterioro provocado por drogas, incentivado por ellas o luego de haberlas traficado (...) Todas esas carencias, más las carencias de personal, llevan a una convivencia muy complicada en muchos centros", manifestó Petit.

Aunque desde hace meses su equipo de trabajo "está avanzando" en un plan de política penitenciaria, consideró que es necesario "un empujón de todos los actores políticos y sociales", porque "la situación es muy crítica". EFE

En 2016 las rapiñas en todo el país cayeron un 3,7% (fueron 20.348 en total) respecto al año 2015 (21.135). Las rapiñas en Montevideo cayeron un 4,7% (16.349 casos) en 2016 en comparación con 2015 (17.164). Lo mismo ocurrió en Canelones donde la baja es de un 4,3%. En ese departamento, las rapiñas en 2016 fueron 2.678 y 2.797 en 2015. Los atracos aumentaron un 12,5% en el resto del país en 2016, lo que probaría que los delincuentes se desplazaron desde Montevideo y Canelones hacia algunas zonas del interior del país.

CÁRCELES ABARROTADAS