Uruguay es uno de los países que, en proporción, tiene más empleados públicos en América del Sur. Solo está algunas décimas detrás de Argentina y Venezuela. En tanto, el gobierno de Tabaré Vázquez no prevé bajar la cantidad de funcionarios de acá a 2020. La razón: más programas, algunas reformas y el objetivo de continuar en el camino de la presupuestación.

El 16% de la población económicamente activa del Uruguay trabaja para el Estado. Según los datos de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), hasta diciembre de 2013 había 280.853 vínculos laborales en el sector público. Los nuevos números, los de 2014, estarán para mediados de este año. En tanto, los datos del Banco Mundial advierten que en 2013 los uruguayos en edad y condiciones de trabajar eran 1.749.379.

Durante los últimos años creció de manera considerable la cantidad de funcionarios públicos. El grifo se abrió precisamente con el primer gobierno de Vázquez. Cuando asumió, en 2005, había 231.270; cuando se fue en 2010 ya eran 248.157.

Nuevos planes y nuevos empleados. Durante el primer gobierno del Frente Amplio (2005-2010) también se regularizó la situación de muchos pasantes y personal contratado que desde hacía años, y hasta décadas, se desempeñaban en el Estado sin estar presupuestados. Durante la era de José Mujica se continuó con esta tendencia. En 2011 los empleados públicos eran 264.078.

Hasta la primera asunción de Vázquez, además, el juego en el Estado era que cada vez que entraba un funcionario, salía otro. Por eso es que desde el gobierno del nacionalista Luis Alberto Lacalle (1990-1995), hasta finalizar el del colorado Jorge Batlle (2000-2005), con pequeñas oscilaciones, siempre fue bajando la cantidad de funcionarios públicos, pasando de 261.122 a 240.451.

Consultado por El País sobre si se pretende ahora seguir adelante una política que lleve a que cada vez que entre un funcionario lo haga por otro que ya no trabaje más para el Estado, el director de la ONSC, Alberto Scavarelli, fue categórico: "Es que no funciona así. No es sale uno y entra uno. Porque si hay nuevos cometidos, no alcanza con reponer, hay un factor vegetativo y hay un factor de roles a cumplir. Si hay un nuevo Sistema Nacional de Cuidados es evidente que vas a tener una estructura que antes no existía", precisó.

Así que la tendencia continúa. Pero no es solo el Sistema Nacional de Cuidados. Hay otros planes que también implicarán la necesidad de contratar a más funcionarios. Está la separación del Ministerio de Turismo del de Deportes. Y la reforma del Código del Proceso Penal, para el que los involucrados ya aclaran que se necesitará más presupuesto, pretenden pasar del 1,2% al 2%, y más personal informático y técnico.

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Después están los déficits de personal en varias áreas que se pretenden cubrir. Si Vázquez lo logra, lo hará a fuerza de contratar a más empleados públicos. Faltan profesores (sobre todo de matemáticas, química, física e idioma español), y también faltan licenciados en Enfermería, más de 9.000, en todo el sistema de salud. "Queda muy claro que la función pública no puede desagotarse. Pero el tema es cómo, cuándo y con qué mecanismos. Eso es lo que estamos analizando y haremos anuncios luego de Semana Santa", explicó Scavarelli.

La política de trabajo del nuevo gobierno de Vázquez se va a regir por el principio de no debilitar la operatividad del Estado y al mismo tiempo trabajar para intentar fortalecer algunas áreas. En tanto, el acceso a los empleos públicos ya se resolvió que se seguirá realizando a través de la ventanilla única de Uruguay Concursa.

Los datos del último reporte de la ONSC advierten que de los 280.853 vínculos laborales que hay con el Estado, 103.389 (equivalentes al 36,8%) corresponden a funcionarios presupuestados. Del resto, el 27,9% son docentes efectivos y suplentes, 10,7% policías, 9,6% corresponden a contratos permanentes o de función pública y 9,3% son militares. El resto, 5,7%, corresponden a vínculos zafrales o provisorios, como son los pasantes.

El 35% de los vínculos laborales con el Estado corresponden a las áreas de educación, cultura y deporte; seguidos por los dependientes de las intendencias (13,9%), los encargados de la Seguridad Pública (11,3%), los de la Defensa (10%) y Salud Pública (8,2%).

En tanto, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) ya advirtió que luchará por más presupuestación de funcionarios que hoy tienen alguna de las modalidades de contrato.

A nivel de América del Sur, en tanto, Uruguay está casi en la cima, apenas por debajo del porcentaje de empleados públicos que hay en Venezuela, donde la estadística arroja que en los últimos años ingresaron unos 300 nuevos empleados por día.

En la tierra gobernada por Nicolás Maduro, la del chavismo proteccionista, el 17,42% de la población económicamente activa es funcionaria pública.

Pero la Argentina kirchnerista le gana, con un 17,9%. Y el crecimiento también fue cosa de los últimos años, donde la izquierda, primero de la mano de Néstor Kirchner, es la que ha mandado.

En números absolutos, en tanto, Brasil no solo es el país con mayor población, sino también con más empleados públicos: 11.100.000 según las cifras oficiales. Se reparten entre el Gobierno nacional con base Brasilia y un sinfín de Estados, algunos más ricos y otros más pobres, todos con centenares de miles de empleados públicos.

Pero cuando uno mira los porcentajes en Brasil, no parecen tantos. Son 10,5% de la población económicamente activa. Chile apenas sobrepasa el 9%, Paraguay el 8% y Ecuador el 7%. Y en Colombia y Bolivia no se llega ni al 5%.

Pero las cifras que ostenta Uruguay incluso son excesivas a nivel mundial. El informe Panorama de las Administraciones Públicas 2013, el último editado y que fue elaborado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), advierte que Noruega, Suecia y Dinamarca son los países con más asalariados a cuenta del Estado, con un 30% de la población económicamente activa de cada país.

Sin embargo, en el resto de Europa, son pocos los que llegan a cifras tan elevadas. En Francia es el 22% y en Reino Unido el 18%, pero en Italia y España solo llega al 14%, en Alemania al 10%, y en el resto de los países del viejo continente también es inferior.

Grecia, por ejemplo, al igual que Corea del Sur y Japón, tiene un porcentaje de empleados públicos que no sobrepasa el 9%. En Estados Unidos el 14% se desempeña a cuenta del Estado. Desde 2010 la cifra viene bajando. Al revés de lo que sucede en Uruguay.

La mayoría de los funcionarios públicos trabajan para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), un total de 71.529 funcionarios según los últimos datos divulgados por la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) y correspondientes al año 2013. Bastante más lejos, pero en segundo lugar, le siguen los empleados del Ministerio del Interior que son 30.461. Detrás van el Ministerio de Defensa con 27.816, la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) con 20.960 y la Universidad de la República (UdelaR) con 20.960. Después viene la Intendencia de Montevideo, con 8.663 empleados, el Poder Judicial con 4.720 y el Banco de Previsión Social (BPS) con 3.803.

De las intendencias, después de la de Montevideo, viene la de Maldonado, con 2.877 empleados. Así, tiene más funcionarios que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), que tiene 2.743 funcionarios, la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (Ancap), que cuenta con 2.504, y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que tiene 2.351.

El ente con más empleados es UTE: son 6.271 trabajadores. Le sigue Antel con 5.503. Y OSE tiene 4.191.

En el resto de las intendencias, en tanto, la de Canelones tiene 4.512 funcionarios más que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que cuenta con 4.244 y que el Banco República del Uruguay (BROU) que tiene 3.961, la de Salto tiene 2.069, la de Rocha 1.946, la de Paysandú 1.798 y la de Tacuarembó 1.510.

Con los datos de 2013, los organismos con menos funcionarios eran Pluna, con 84, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con 75, y el Congreso de Intendentes, con 12.

Antes de las elecciones, en plena campaña, el entonces vicepresidente y hoy ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, dijo en una entrevista con El País que “lo que es conveniente a futuro es tener mucha cautela en las decisiones de incorporación de funcionarios” públicos. E insistió: “sin duda, hay que tener prudencia extrema”. Quien fue el número dos del gobierno de José Mujica dijo que a su entender “la falta de calidad no se arregla con más cantidad y eso es aplicable a los funcionarios”.

Su opinión iba en la misma línea del exsenador del Frente Amplio y exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Enrique Rubio, que también en ese entonces expresó a El País que “la plantilla (de funcionarios públicos) es excesiva, y entonces mediante la reforma del Estado se debería redistribuir” a algunos funcionarios. Una reforma que había sido prometida por José Mujica y trancada en mil y un sentidos por los sindicatos.

La cantidad de empleados públicos fue también un tema de campaña, aunque perdido entre los debates por la educación y la seguridad pública.

Rodrigo Ferrés, quien fuera asesor de Luis Lacalle Pou y coordinador del grupo de trabajo sobre Administración Pública y Transparencia del candidato nacionalista, observaba “con preocupación” el incremento de vínculos laborales en el Estado.

“El problema pasa porque el incremento de funcionarios no está relacionado con las necesidades que el país tiene para cumplir con sus programas y metas, incrementándose el gasto público y no obteniéndose a cambio una Administración Pública más eficiente”, consideró cierta vez que fue consultado por El País.

En tanto, desde la Comisión de Economía y Finanzas del Partido Colorado, el exministro de Jorge Batlle, Isaac Alfie, coincidía en que el total de funcionarios le generaba “preocupación” ya que lo consideraba “un despropósito”.

estado: Con 16% de los trabajadores, solo está debajo de Venezuela y ArgentinaCARLOS TAPIA