REGLAS CLARAS CONSERVAN LA AMISTAD

UPM condiciona inversión a que se regulen ocupaciones

Gobierno, Pit-Cnt y UPM negociarán protocolo de prevención de conflicto.

El martes 8 de noviembre se firmó el contrato de inversión en la Torre Ejecutiva. Foto: M. Bonjour
El 8 de noviembre se firmó el contrato de inversión en la Torre Ejecutiva. Foto: M. Bonjour

El gobierno uruguayo dio un paso muy importante para concretar la inversión más grande en la historia en el país. El contrato de inversión para la segunda planta de celulosa de UPM está firmado. Ahora la administración del presidente Tabaré Vázquez tiene que cumplir con una serie de deberes.

La empresa finlandesa puso como condiciones excluyentes para confirmar la inversión, que el Estado uruguayo realice las inversiones en infraestructura necesarias. En especial la reconstrucción del ferrocarril. Pero otro de los puntos clave —establecidos en el documento firmado por las autoridades del Poder Ejecutivo y la empresa UPM— es referente a la prevención de conflictos laborales.

De no lograr una ley, decreto, o convenio colectivo para regular los piquetes y ocupaciones, los finlandeses advirtieron en el documento que no garantizan la construcción de la megaplanta de celulosa en el centro del Uruguay.

Para eso, fuentes de UPM confirmaron a El País en la noche de ayer que se trabajará en la conformación de un "protocolo de prevención y solución de conflictos". En la mesa de negociación participarán representantes del Ministerio de Trabajo por el gobierno, el Pit-Cnt por los trabajadores, UPM y las cámaras empresariales.

Este tema es clave para la confirmación de la nueva planta de celulosa. Por eso ocupó un espacio importante en la primera parte de las negociaciones y "largas discusiones", explicaron a El País dos fuentes del gobierno.

"UPM cree en las relaciones y en el diálogo abierto con todos los actores y grupos de interés", explicó la fuente de la empresa finlandesa. El proyecto implica una inversión de unos US$ 4.000 millones por parte de la empresa, más otros US$ 1.000 millones que deberá desembolsar el Estado para infraestructura.

"El proyecto requiere reglas y prácticas claras para todas las partes", sostuvo la fuente de la empresa finlandesa. "Herramientas de prevención y planificación permiten un manejo proactivo de conflictos y generan un ambiente de trabajo estable y previsible", agregó el informante.

"Reglas claras".

La empresa finlandesa exige al gobierno "reglas claras" en todas las aéreas. Pero no solo compromisos verbales, además que queden selladas sobre el papel. Así lo dejaron plasmado en el contrato de inversión ya firmado entre el gobierno y UPM.

"Atendiendo a las necesidades del proyecto de normas claras en toda la temática relativa a las relaciones laborales y la relevancia que les otorga a los mecanismos ordenados de prevención y solución de conflictos, así como a las situaciones de hechos problemáticos que puedan generarse por eventuales piquetes u ocupaciones", dice el texto.

Allí el gobierno uruguayo asumió el compromiso de trabajar en diseñar el protocolo de prevención de conflicto y regular los piquetes y ocupaciones. A su vez se compromete a hacerlo en forma de ley, o decreto, con lo cual tendrá validez a nivel nacional y general para todas las empresas; y "eventualmente" a través de un convenio colectivo específicamente para la empresa UPM.

Las negociaciones tienen como fecha límite diciembre de 2019. El gobierno acordó con la empresa trabajar sobre la base del documento elaborado por el Ministerio de Trabajo presentado en marzo de este año. (Ver aparte).

"Cámaras culpables".

La discusión por la regulación de conflictos laborales ha estado muy presente a lo largo del 2017 tras la queja que las cámaras empresariales presentaron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En febrero de este año, el presidente Vázquez, visitó Finlandia para reunirse con el CEO de UPM.

En la visita oficial participaron el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, y el "número uno" de la Cámara de Industrias, Washington Corallo, y el entonces "número uno" de la Cámara de Comercio, Carlos Perera. En Helsinki, las tres partes lograron un preacuerdo que debía ser sellado a la vuelta a Montevideo.

Pero eso no ocurrió. Allí el Ministerio de Trabajo convocó a las partes y se comprometió a trabajar en un nuevo texto de prevención y solución de conflictos. El texto fue presentado en marzo de este año y establece una serie de pasos antes de llegar a las ocupaciones. Si empresarios o sindicalistas toman medidas antes de cumplir con esos plazos, las acciones adoptadas son consideradas ilegales e ilegítimas, y se permite la intervención del Estado.

"La responsabilidad de que eso no se haya firmado es exclusivamente de las cámaras empresariales", dijo a El País el ministro de trabajo, Ernesto Murro, ayer de tarde.

"Es inédito en el país que las partes nos comprometamos a negociar de forma tripartita. Y UPM acepta y el gobierno acepta que sea así. Eso es la importancia de lo inédito", dijo Murro.

El ministro destacó la importancia de alcanzar un acuerdo para posibilitar la confirmación de la construcción de la planta.

El documento elaborado por el Ministerio de Trabajo deja por escrito que si se adoptan ocupaciones o piquetes antes de los mecanismos de negociación previstos en el protocolo, el Ministerio del Interior intimará en un plazo de 24 horas a desactivarlos, previendo el "eventual uso de la fuerza pública", si fuese necesario.

En el caso que se produzcan piquetes u ocupaciones resueltos luego de los pasos previstos en el protocolo "deberán efectuarse pacíficamente, sin perturbar el orden público y permitiendo la libre circulación de personas y bienes y el derecho al ingreso en empresas o instituciones públicas o privadas".

La inversión más grande tiene varios deberes.

El sistema ferroviario uruguayo es del siglo XIX, y la megainversión requiere amoldar el tramo Paso de los Toros-Puerto de Montevideo al siglo XXI. El Estado uruguayo deberá hacer una inversión del entorno de los US$ 1.000 millones (puentes, túneles, carreteras). Para esto el Ministerio de Transporte entregó a interesados un borrador de los pliegos de la licitación internacional que se presentará en próximos días. Este es otro de los deberes que el gobierno deberá cumplir: sin tren no hay planta.

El compromiso del gobierno es "inédito" para el Uruguay.

Un informe del estudio Pérez del Castillo y Asociados que analiza el compromiso del gobierno de regular los piquetes y las ocupaciones para viabilizar la instalación de la segunda planta de celulosa de UPM, concluye que la decisión oficial "no tiene antecedentes" en la historia del Uruguay.

"Implica conceder garantías excepcionales en virtud de una excepcional inversión", señala el informe al que accedió El País. Por este motivo el estudio señala que no deberían ser reglas específicas solo para UPM en materia laboral, sobre un tema que ha implicado horas de negociación para toda la actividad.

"La solución prevista en el acuerdo sería auspiciosa en tanto implicaría hacer obligatorias determinadas regulaciones sobre cuestiones laborales que se echan en falta, y que conferirían seguridad jurídica, favorecerían la negociación colectiva y promoverían una mejora en las relaciones laborales", sostiene el documento.

Meses atrás la empresa, el gobierno y los trabajadores firmaron un "preacuerdo marco" en materia laboral. El director del Instituto Cuesta Duarte del Pit-Cnt, Milton Castellano, dijo a El País que en ese documento no se terminó de laudar nada referente a la regulación de medidas sindicales, como las ocupaciones o los piquetes.

"No compartimos que haya normativa especial para una empresa determinada o una inversión determinada", dijo. El sindicalista agregó que si por convenio salarial colectivo los trabajadores de UPM resuelven con la empresa un mecanismo de prevención de conflictos, eso "será cuando la planta exista. Muchos convenios colectivos tienen cláusulas de paz, de prevención de conflictos", señaló Castellano. En la rama de la construcción y los metalúrgicos existen mecanismos similares. De todas formas, aclaró que "la ocupación es una modalidad del derecho de huelga, incluso no es prohibida por la OIT".

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