La iniciativa para regular las aplicaciones es criticada en varios frentes.

Tras las objeciones planteadas por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía al proyecto de regulación de aplicaciones de la IMM, la Unott y los trabajadores del taxi sumaron rechazos a la iniciativa.

"Estamos en contra de este tipo de regulación, en contra de este proyecto que parece hecho por Uber. Nos parece que lo favorece demasiado y que abre caminos de peligro para los trabajadores en general y para los del taxi en particular", declaró el dirigente sindical Antonio Diez ante la Comisión de Movilidad Urbana de la Junta Departamental, que viene estudiando el proyecto de decreto del intendente Daniel Martínez.

Otro de los dirigentes gremiales que concurrió a la Junta fue Juan Mañana, en representación de la Unión de Cooperativas del Taxi, Udecoot.

"No estamos de acuerdo con la regularización que la Intendencia pretende hacer sobre el transporte de pasajeros contratado a través del uso de plataformas electrónicas, porque vemos que no hay un respaldo, principalmente de la IMM, hacia los trabajadores del taxi, hacia el sistema. Tampoco hay un respeto por la cantidad de años que venimos aportando nuestro trabajo y sacrificio. No entendemos por qué de un momento a otro se pretende regularizar este sistema de plataformas electrónicas, que no sabemos a qué apunta, ni qué le va a aportar a la población. Tampoco conocemos la forma en que la Intendencia pretende regularlo, cosa que no ha hecho hasta el momento", sostuvo Mañana.

El sindicalista también se preguntó: "¿Por qué primero no se corta la aplicación y después se regulariza? No entendemos por qué primero están los de afuera, por qué están antes que nosotros, que llevamos una vida en el taxi. Hace añares que venimos trabajando en el taxi y ahora, en un año quieren cambiar todo. Somos ocho mil y pico de trabajadores que dependemos del taxi. No lo compartimos de ninguna manera".

Representando a la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott), el sindicalista Miguel Marrero consideró que el proyecto municipal es "absolutamente a medida de lo ilegal".

"Estamos decididamente en contra. Entendemos que el transporte tiene una fuerte legislación y que todas las empresas que vengan al sistema deben adaptarse a esa legislación, y no la legislación adaptarse a empresas que están muy lejos de brindar un mejor servicio a la población", sostuvo Marrero.

A nivel político, se da por descontado que la bancada de ediles del Frente Amplio apoyará el proyecto de decreto enviado por la Intendencia a la Junta Departamental.

Pero en la oposición, la iniciativa también genera rechazos. "Falta todo un capítulo de derecho de los usuarios, que es a quienes se debe proteger", declaró a El País el edil nacionalista Javier Barrios Bove.

"Tampoco compartimos el fundamento filosófico de la administración del cobro de un canon por la utilización de la vía pública y la consecuente obtención de un beneficio económico por parte del particular. Con este criterio, se estaría sentando un precedente para que el día de mañana se cobre un canon, por ejemplo, a las motos de deliverys, a los camiones de reparto, o incluso a los propios ómnibus, que utilizan las calles y obtienen un beneficio económico", agregó Barrios Bove.

Según el legislador de Alianza Nacional, de existir un canon, este "debería ser abonado por las empresas y no por los choferes. De esta forma sería más fácil su control y liquidación". Asimismo, el legislador entiende que no se puede limitar el número de vehículos como pretende la Intendencia, "sin que exista un estudio técnico".

La gremial que agrupa a los conductores de aplicaciones (ACUA) también estuvo en la Junta.

El vocero Esteban Queimada dijo a El País Digital que el canon que quiere cobrar la IMM lo debería pagar la empresa, algo que "las leyes de hoy no lo permiten". También señaló que la ACUA está a favor de una tarifa fija y que pretende que la antigüedad máxima de los coches sea de 6 años (con otros 2 de prórroga) en lugar de 4 como pretende la IMM.

PROYECTO DE REGULACIÓN DE APLICACIONES