Con una convicción a prueba de balas, el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Gerardo Barrios, defendió en la Comisión de Salud del Senado el proyecto para reducir a cero el límite de alcohol en los conductores uruguayos.

Se presentó en la sesión munido de un power point con estadísticas y de su proverbial elocuencia para exponer los dramas y costos sociales que generan los más de 30.000 lesionados que deja al año el tránsito en nuestro país.

Con una tasa de 15 fallecidos cada 100.000 habitantes, casi cuatro veces más que la media europea, Uruguay está comprometido a cumplir las metas de la ONU que aspiran a reducir a la mitad esa cifra de muertes antes del año 2020.

Barrios, médico intensivista, convertido en un apóstol de la "ley seca" en el tránsito, apuesta a reducir la siniestralidad mediante una férrea norma que prohíba beber alcohol y conducir cualquier vehículo.

Aunque admitió que solo el 6% de los accidentes de tránsito está vinculado al consumo de alcohol, aseguró a los senadores que reducir a cero el límite tendrá resultados similares a los verificados, por ejemplo, en Brasil, donde se estableció la tasa cero en 2008.

"¿Cómo funcionó en los primeros meses de aplicación?", se preguntó Barrios —y como él mismo tenía la respuesta, la contestó. "Con un descenso significativo tanto en la cantidad de fallecidos como de lesionados en el tránsito. Descensos del 30% al 50%. La disminución de los siniestros de tránsito se produjo en la mayoría de los estados del Brasil. También se registró un descenso significativo de víctimas fatales, de la asistencia realizada por unidades de emergencias móviles en las vías públicas y de ingreso a hospitales por estas causas".

El titular de la Unasev explicó que, en el caso uruguayo, "en los siniestros fatales las espirometrías positivas se duplican en comparación con los casos donde no se registran muertes. Por lo tanto, hay una relación directa entre la presencia de alcohol y el siniestro con resultado fatal". Llamó poderosamente la atención el hecho de que el mayor porcentaje de alcohol-conducción lo tienen los motociclistas", que representan un alto porcentaje de los lesionados en siniestros.

"Esta es la enfermedad que deja más discapacitados anualmente: 1.200 uruguayos quedan con una discapacidad, es decir, con una secuela de un traumatismo por año", dijo Barrios al referirse a las consecuencias sociales de esta pandemia.

"En las unidades de terapia intensiva se está dando un fenómeno que se extiende cada vez más, al punto que hoy el 40% de quienes ingresan son pacientes provenientes de la siniestralidad vial en su inmensa mayoría. Pero ese no es el único problema, porque también a quien tomó alcohol le va a ir bastante peor que al que no tomó. La evolución, las complicaciones y las secuelas son mayores en los lesionados que han ingerido alcohol", aseguró.

Los senadores que integran la Comisión de Salud —Marcos Carámbula y Ernesto Agazzi (FA), Javier García (PN) y Germán Coutinho (PC)— eran todo oídos ante los argumentos de Barrios, cuya exposición flaqueó un poco cuando expuso el panorama de la siniestralidad vial en los países desarrollados y su relación con el alcohol.

En los países con altos ingresos, en Europa y Estados Unidos, la tasa de mortalidad por siniestros es de apenas 4 cada 100.000 habitantes. En algunos de esos países ("seis o siete", que Barrios no identificó) está prohibido conducir habiendo bebido alcohol, pero la mayoría de los países aceptan hasta 0,5 gramos de alcohol en sangre (en Uruguay la tasa permitida hoy es de 0,3). Alemania, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, entre otros, admiten una tolerancia de hasta 0,5. En Estados Unidos, la tasa es del 0,8.

Lo mismo ocurre en Iberoamérica, admitió Barrios.

"En promedio se acepta hasta 0,5, y en algunos casos, bastante más", indicó.

¿Qué podría esperarse si se redujera el límite de 0,3 a cero en Uruguay?

Barrios mismo reconoció que "hay muy pocos infractores con niveles entre 0 y 0,3", según los resultados que se constataron en las 53.750 espirometrías que la Policía Caminera efectuó el año pasado. "Si pensamos que este cambio legal es para los que tienen entre 0 y 0,3, vamos a estar actuando sobre 276 conductores, que son los que anualmente se detectan en los controles aleatorios", dijo.

En Uruguay, desde 1994 rige la tasa 0 del alcohol para el transporte colectivo de pasajeros, y desde 2008 se extendió a taxis, remises, ambulancias, transporte escolar, materiales peligrosos y cargas. Para los conductores amateurs el límite es de 0,3, lo cual supone una disparidad.

"¿Qué dice la población? Más del 90% opina que hay que prohibir totalmente el consumo de alcohol para conducir", sentenció Barrios.

García se preguntó por qué no se incluyó en el proyecto de "tolerancia cero" al alcohol, una norma similar en relación con las drogas —cannabis, cocaína—, luego de que el presidente de Unasev admitiera que "si uno se fuma un porro de marihuana y toma alcohol, por más que sea poco, multiplica por 30 la probabilidad de tener un siniestro grave".

¿De qué sirve una norma si no se controla su cumplimiento? Para Coutinho, el 80% de la problemática del tránsito reside en los malos controles. "Las brigadas de la policía en varios lugares son casi residuales. A nivel municipal, es casi inexistente el control. En lo departamental queda todo recargado sobre el cuerpo inspectivo".

La meta es reducir a la mitad la tasa de víctimas fatales para el año 2020