Comisión Investigadora sobre Ancap

Los últimos ajustes a los informes sobre Ancap

Detectan pérdidas en el área de portland y confirman envío del caso a la Justicia.

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Sede Ancap. Foto: Fernando Ponzetto

Regularización tardía de importaciones, aumento del costo de la planta desulfurizadora de La Teja y las crecientes pérdidas en la división portland son los tres capítulos que agregará el informe del Partido Nacional sobre la comisión investigadora de Ancap. Los informes se entregarán mañana lunes a la secretaría del Senado, y el miércoles tendrá lugar la sesión del plenario donde se discutirán.

El Partido Nacional y el Partido Independiente adelantaron que enviarán los antecedentes a la Justicia; el Partido Colorado define en estas horas, y el Frente Amplio entiende que no hubo ilícitos en el período analizado: 2000-2015, la últi- ma administración colorada y las dos gestiones del Frente Amplio.

La bancada del Partido Nacional se reunirá mañana lunes a la hora 14 y a las 19, luego de que lo apruebe, los senadores Álvaro Delgado y Jorge Saravia entregarán el informe a la secretaría del Senado.

El informe de los blancos tendrá 15 capítulos, tres más que la denuncia que dio origen a la comisión investigadora. Las tres denuncias que se agregan son por la regulación tardía (hasta tres años) de importaciones de gas y petróleo, el aumento del costo de la planta desulfurizadora que pasó de US$ 80 millones a US$ 410 millones, y las pérdidas en los negocios del portland, que pasaron de US$ 17 millones en el período 2000-2004 a US$ 57 millones entre 2005-2009 y US$ 105 millones entre 2010-2014.

En 2007 Ancap invirtió unos US$ 250 millones en el área de portland, pero no logró detener las pérdidas, y le faltan otros US$ 240 millones para alcanzar el punto de equilibrio. Además tampoco aumentó su producción: en 2005 produjo 353.000 toneladas de portland, y en 2014 apenas algo más: 367.000 toneladas.

El informe de los blancos concluirá que hubo problemas de gestión e irregularidades, y elementos de convicción para que intervenga la Justicia.

También habrá recomendaciones para mejorar la gestión en Ancap, en particular de sus empresas colaterales, que no tienen control de organismos como el Tribunal de Cuentas.

Ayer Delgado y Saravia, junto a un equipo de abogados, escribanos y contadores, trabajaron en el Palacio Legislativo en la redacción del informe. Delgado declinó dar detalles de las denuncias hasta que sean analizadas hoy por la bancada.

En el Frente Amplio, en cambio, hay tensas negociaciones para acordar un informe entre el MPP del expresidente José Mujica y la lista 711 del vicepresidente Raúl Sendic con el Frente Líber Seregni (FLS) del ministro de Economía, Danilo Astori.

El acuerdo estaba "trancado" debido a diferencias entre los astoristas y mujiquistas, ya que se deben conciliar explicaciones contradictorias sobre el origen del déficit en Ancap, dijo a El País una fuente de la coalición de izquierda luego de la reunión del viernes de la bancada oficialista que analizó el tema.

El informe de los senadores del Frente Amplio en la comisión investigadora traslada la responsabilidad del déficit de US$ 800 millones en Ancap al Ministerio de Economía, porque no dejó que el ente trasladara a precios sus costos. El informe está firmado por Marcos Otheguy (Lista 711), Ruben Martínez Huelmo (Espacio 609), Daisy Tourné (PS) y Marcos Carámbula (PCU).

Información adicional surgió en las últimas horas con las cifras de lo que Ancap pagó de más en horas extras en los últimos diez años: 200%. El importe gastado en el año 2000 por concepto de horas extras fue de $ 46 millones, en el 2004 de $ 60 millones y en el 2014 de $ 372 millones.

Una reestructura instrumentada a partir del año 2008 fue cuestionada por el ministro Astori y por su antecesor, Fernando Lorenzo, en la comparecencia de ambos a la comisión investigadora sobre Ancap. Un anexo presentado la semana pasada por los astoristas critica abiertamente "el peso de sostener decisiones que no están justificadas" y como ejemplo cita la reestructura de Ancap. Según Astori, la reestructura no fue "totalmente transparentada" en el presupuesto. Además, el costo previsto significaba un incremento del 7% en la masa salarial.

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