Desde una decena de cuentas se atacó duramente a la persona del vicepresidente de la República.

La jueza penal Julia Staricco enviará un segundo pedido de información a la empresa Twitter sobre si las cuentas de una decena de tuiteros que amenazaron e insultaron al vicepresidente Raúl Sendic se encuentran en Uruguay.

Desde un primer momento, el caso comenzó a ser trabajado por el Departamento de Delitos Informáticos de la Dirección de Crimen Organizado.

Utilizando modernos equipos, se identificó que las amenazas y los insultos al vicepresidente de la República provinieron de una decena de cuentas de Twitter de Uruguay.

A principios de este mes, Staricco envió un oficio a Twit-ter solicitando que la compañía estadounidense envíe datos sobre las personas que insultaron y amenazaron a Sendic.

Los insultos tienen que ver con supuestos actos de corrupción de Sendic en Ancap —hay una investigación judicial en curso— según indicaron a El País fuentes del entorno del vicepresidente de la República.

Sendic consideró que los mensajes de Twitter afectaban su honorabilidad y, por ende, pidió a la Justicia que investigara el origen de los insultos.

La Policía no constató insultos contra el dirigente frenteamplista en Facebook.

"Se pidió información (a Twitter) para ver si los insultos a Sendic surgieron desde Uruguay. Se investigan delitos cometidos en el territorio. Por eso se piden datos sobre cuentas que están en Uruguay", dijo una fuente de la investigación a El País. En caso de que las computadores de donde provienen los insultos contra Sendic estén en el extranjero, no se podrá sancionar penalmente a agresores.

Con respecto al contenido de los insultos realizados a través de dicha red social, la fuente señaló: "El honor es muy subjetivo. Hay cosas que a algunas personas no las ofende y a otras sí".

La denuncia penal fue presentada a fines del mes pasado por los abogados penalistas Ignacio Durán y Gumer Pérez. La fiscal Adriana Costa hizo lugar a la solicitud de los penalistas de investigar.

El documento señala que, mediante Twitter, se realizaron "acciones agraviantes" y "difamatorias" sobre la honestidad del vicepresidente de la República.

Algunos tuits calificaron a Sendic de "ladrón".

Investigadores de la Dirección de Crimen Organizado e Interpol ya identificaron las IP (número identificatorio de un dispositivo electrónico) y las URL (la dirección de una página web en Internet).

El 19 de abril de 2016, los partidos Nacional, Colorado, Independiente y Unidad Popular presentaron denuncias penales sobre eventuales casos de corrupción en Ancap. Sendic y otros exdirectores serán citados a declarar el próximo mes. Fueron presentadas 22 carpetas con denuncias: seis por el Partidos Nacional; cuatro por el Partido Colorado; seis por el Partido Independiente y seis por Unidad Popular.

La Justicia ya ordenó el levantamiento del secreto bancario para exjerarcas del ente.

La jueza especializa en Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, y el fiscal investigan una megafiesta de inauguración de la planta desulfurizadora de La Teja; la contratación de la agencia de publicidad La Diez; los negocios de intermediación entre Ancap, Petroecuador y la empresa holandesa Trafigura cuestionada por corrupción.

La Justicia también indaga el funcionamiento de las plantas de cal y la contratación de camiones brasileños sin llamado a precios para llevar el producto desde Treinta y Tres a una central eléctrica en Brasil.

Un quinto capítulo que piden investigar blancos, independientes y Unidad Popular es el contrato de Ancap con la Armada para la construcción de un remolcador y dos barcazas a un costo de US$ 12,5 millones.

A principios de julio de este año, el senador de la Lista 711, Leonardo de León, presentó una denuncia por una foto que ha circulado profusamente en las redes sociales. En la foto se puede ver al senador sentado en un avión con un whisky marca Chivas en la mesa y papeles en la mano.

"Ante la aparición de fotos trucadas en las redes sociales en las últimas horas, quiero informar que ya he encomendado a mis abogados la realización y presentación de la denuncia en Delitos Informáticos para identificar al responsable de esta mentira", informó De León en un comunicado emitido en la página web de la 711.

El abogado del senador, Ignacio Durán, dijo que en la imagen hay varios elementos que aparecen trucados, por ejemplo la botella de whisky importado, que fueron colocados para agraviar al senador.

El 13 de julio pasado, la jueza penal Ana Ruibal citó a declarar al periodista salteño Pedro Rodríguez, de quien se dice que impulsó la 711 en Salto, y el exdiputado colorado Leonardo Vinci.

Ambos habían sido señalados como posibles responsables. Sin embargo, Ruibal aún no imputó penalmente a ninguno de los declarantes.

ALUR, la subsidiaria de Ancap dedicada básicamente a la producción de biocombustibles, ha estado en el tapete. Por un lado, Ancap apartó de su cargo a tres funcionarios por pagar US$ 100.000 en lugar de $ 100.000 a un proveedor. Además, el año pasado su gerente Manuel González fue removido luego de que el Ministerio de Economía cuestionara un convenio salarial que él había suscrito y que consideró demasiado generoso. ALUR tiene como único cliente para sus biocombustibles a la propia Ancap, que se los paga por encima de la paridad de importación, algo que la oposición considera que es un subsidio encubierto. Desde 2006 Ancap condonó US$ 22 millones en deudas de ALUR y la capitalizó por US$ 129 millones, de acuerdo con información que entregó el Ministerio de Industria al diputado blanco Pablo Abdala. Ese subsidio encubierto, según el legislador nacionalista, equivale a US$ 160 millones anuales. ALUR tiene además dos plantas de biodiesel en Montevideo, un "complejo agroenergético en Bella Unión" y una microdestilería en Artigas. Su capitalización inicial fue de alrededor de US$ 2,4 millones.

El lunes 14, el senador de la Lista 711, Leonardo de León respondió por escrito a las preguntas realizadas por la jueza de Crimen Organizado Beatriz Larrieu sobre su gestión al frente de ALUR S.A. Luego de que se supiera que Alcoholes del Uruguay (ALUR) pagó durante diez años una remuneración a alrededor de 2.500 trabajadores vinculados a la caña de azúcar en el departamento de Artigas por la cual no se realizaron aportes al BPS, la oposición se apresuró a anunciar que se analiza incluir la irregularidad en una ampliación de la denuncia penal realizada el año pasado sobre Ancap. En su escrito enviado a la Justicia de Crimen Organizado, De León dijo que los cañeros "no tenían" una relación laboral con ALUR. Tras aclarar que los ingresos de los trabajadores cañeros eran muy menguados, el expresidente de ALUR advirtió a la Justicia que los pagos "no eran en negro" y señaló que "se trataba de donaciones" que se registraban contablemente en los estados financieros de la empresa propiedad de Ancap. En sus respuestas, el parlamentario señaló que los pagos de dinero a los cañeros no recibieron ninguna observación de un auditor externo a la firma. "Se trató de donaciones hechas por ALUR a esos trabajadores", dijo De León en el escrito enviado a Larrieu. El parlamentario dio su punto de vista sobre supuestos sobrecostos en la contratación de la planta de ALUR ubicada en Paysandú, una denuncia realizada en 2014 por un empresario y luego archivada por la Justicia. En su respuesta, De León señaló que, en la comisión investigadora del Parlamento, ninguno de los partidos que integran la oposición, presentó una denuncia sobre este tema.

EDUARDO BARRENECHE

DENUNCIA DEl vicepresidenteEDUARDO BARRENECHE