POR TRABAJO DE SENEAMIENTO

Tribunal observa pago de la IMM a multinacional por US$ 600 mil

Advierte que es una contratación directa y que no pasó por la Junta.

El eterno femenino de una imaginativa pintora
Foto: Ariel Colmegna

El Tribunal de Cuentas de la República volvió a observar un pago de la Intendencia de Montevideo, en este caso por más de US$ 600.000, a una multinacional que fue contratada para hacer la regularización de un asentamiento.

Según denunció la semana pasada el portal Sudestada, el intendente Daniel Martínez adjudicó directamente un trabajo de saneamiento a la empresa Montelecnor S.A. (filial uruguaya de la española Elecnor) por $ 2,5 millones, pero ésta "boicoteó" la obra y obtuvo un pago adicional de $ 17 millones, que viola la Ley Orgánica Municipal.

Montelecnor ganó el 25 de enero de 2010 una licitación pública de $ 171 millones para encargarse de la regularización del asentamiento "San Antonio" (Camino Santos, Instrucciones, Behering y Batlle y Ordóñez, en el barrio Lavalleja), en el marco del Primer Programa de Mejoramiento de Barrios.

El 22 de octubre de 2012, se amplió en un 80% el contrato emergente de esa licitación, incluyendo en el mismo el realojo del asentamiento "Isla de Gaspar", por la suma de $ 137 millones, que implicaba la ejecución de trabajos de fraccionamiento de los barrios de Veracierto, Capitán Duarte y Cochabamba.

Una resolución municipal en poder de El País, del 30 de diciembre de 2016 admite que en el transcurso de la ampliación del contrato "se produjeron una serie de contratiempos, que ocasionaron demoras y mayores costos de ejecución de la obra". Desde entonces, la Intendencia intentó llegar a un acuerdo con la empresa, que presentó notas de reclamos.

Finalmente, la IMM se comprometió a pagarle $ 17.175.000 (unos US$ 600.000), que representan el 60% de lo que le reclamaba la compañía.

Contratación directa.

. Si bien en muchas ocasiones la Intendencia hace ampliaciones de contratos emanados de licitaciones, el Tribunal advirtió que éste no es el caso.

Según el organismo de contralor, el acuerdo alcanzado por la administración pública con la empresa "incorpora el realojo de un asentamiento no considerado ni en el llamado ni en el contrato suscito con Montelecnor S.A."

El Tribunal agrega que "no se ha acreditado que el contrato se encuentre vigente al momento del dictado de la resolución de ampliación" y que "no consta si el financiamiento del nuevo proyecto contará con aportes del PIAI (Programa de Integración de Asentamientos Irregulares), ni a cuánto asciende el total de aporte de la Intendencia".

Pedido de informes.

Este acuerdo ente la IMM y la empresa generó la reacción de la oposición en la Junta Departamental, desde donde otra vez se volvió a cuestionar al intendente por no enviar el expediente de marras para su estudio por parte del deliberativo comunal.

"Es una vergüenza que se desvirtúe el espíritu del artículo 74 del Tocaf para adjudicar de forma directa obras a empresas, cuando las mismas no tienen nada que ver con el objeto de la licitación original", declaró a El País el edil de Alianza Nacional Javier Barrios Bove.

"Llama la atención que esta transacción se dio entre gallos y medias noches, el último día hábil del año 2016 y cuando el intendente no estaba. Nuevamente la Intendencia viola la Ley Orgánica Municipal y no solicita la aprobación de la Junta Departamental. Esto es peor que lo ocurrido con la casa que pretendía comprar la Intendencia, porque que acá ya se desembolsaron casi US$ 600 mil del bolsillo de los contribuyentes", agregó Barrios Bove.

Según informó Sudestada, Montelecnor decidió parar la obra como represalia contra la comuna, a la que reclamaba US$ 1 millón, porque, a su juicio, los trabajos en el asentamiento Isla de Gaspar implicaron mayores gastos para la empresa al ejecutar el fraccionamiento de los terrenos.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Te recomendamos
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)