Denunciado por irregularidades cometidas en Necrópolis “durante 15 años”.

Un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) obliga a la Intendencia de Montevideo a restituir en su cargo a un jerarca del Servicio de Necrópolis despedido en 2013 tras ser denunciado por irregularidades cometidas durante un lapso de 15 años.

Según una resolución firmada por la entonces intendenta Ana Olivera, el funcionario cometió "actos incompatibles con el buen desempeño de sus funciones, causando perjuicios a la Administración y comprometiendo gravísimamente su responsabilidad administrativa". La Intendencia logró removerlo tras constatar que durante años trabajó para la comuna y para una mutualista con cargos jerárquicos en los servicios de necrópolis, superponiendo los horarios.

Pero además, el funcionario fue acusado de otras graves irregularidades, como la de entregar a familiares un cuerpo por otro para hacer una cremación (por haberse "extraviado" el primero), extremo que fue constatado por una pericia forense.

El funcionario fue uno de los denunciados por el ex edil y actual diputado suplente por el Partido Nacional Daniel Graffigna por distintas irregularidades cometidas en los cementerios municipales. Con las pruebas que Graffigna aportó a la justicia del Crimen Organizado y a la propia Intendencia, logró la destitución del jerarca, que ahora deberá ser restituido e indemnizado. También logró el procesamiento con prisión de tres escribanos involucrados en la venta ilegal de nichos y panteones.

El legislador dijo ayer a El País que "no hay dudas que la defensa de la Intendencia fue vergonzosa, llena de errores y omisiones desde el punto de vista jurídico, y por eso el TCA tomó la resolución que tomó. Pero esto no es solo por dinero. Porque además, el que pagará los sueldos de este funcionario corrupto será Juan Pueblo. Hay también una cuestión moral, en la que la Intendencia no tuvo ni siquiera la delicadeza de pedir disculpas a los familiares. Tiraron restos de personas a la basura, hicieron desaparecer cuerpos, perdieron restos hasta de niños. Una vergüenza. Me parece que el intendente Daniel Martínez tendría que dar la cara ahora y explicarle a los montevideanos por qué tendremos la obligación de resarcir a esta persona".

"No me llama para nada la atención este tipo de situaciones. Es una Intendencia afectada fuertemente por la corrupción. A modo de ejemplo: desde 2005 a 2010, gracias a las denuncias de los ediles del Partido Nacional, fueron condenadas 8 personas, muchas de ellas funcionarios municipales, por actos de corrupción. Y la División Necrópolis no escapó a esa situación", sentenció Graffigna

"Este tipo de corrupción en Necrópolis se arrastra, según yo he visto, por lo menos desde la segunda administración de Mariano Arana, Ricardo Ehrlich, Hyara Rodríguez (que también fue la directora política del Servicio) y Ana Olivera, que insólitamente archivó todas las investigaciones administrativas cuando el Juzgado Especializado en Crimen Organizado había procesado a tres personas por actos claros de corrupción", agregó.

La asesora jurídica del Departamento de Gestión Humana de la Intendencia, Rossana Paredes, dijo ayer a El País que el resarcimiento "todavía no está definido", y que "lo que dice el expediente es que se deberá proceder a la restitución del cargo, en cumplimiento de la sentencia. Él (el funcionario en cuestión) tendrá que hacer las reclamaciones que correspondan. Los daños y perjuicios son objeto de otro juicio. Vamos a ver qué actitud toma".

Sin embargo, fuentes del Tribunal de lo Contencioso indicaron a El País que la Intendencia deberá pagar los salarios perdidos y "otros beneficios que tuviera como funcionario". En la misma línea, el edil nacionalista Javier Barios Bove, abogado de profesión, precisó que "cuando se declara la nulidad de un acto impugnado, hay que restituir todos los derechos perdidos, lo cual incluye salarios y otros beneficios".

Paredes dijo no recordar antecedentes similares a esta resolución del TCA en "al menos diez años" y que "es algo fuera de lo común" que el cuerpo haya advertido en su fallo que el funcionario debió ser suspendido en lugar de removido de su cargo.

"El efecto de la nulidad de un acto administrativo es que las cosas vuelvan su sitio, es decir que regrese a trabajar al mismo lugar", sostuvo.

A su vez, fuentes del gabinete municipal señalaron a El País que "la Intendencia va a pelear para no pagarle, no se va a callar la boca" y que "lo del Contencioso también preocupa, porque la destitución fue aprobada por la Junta Departamental, que no siempre da curso a este tipo de solicitudes para remover a funcionarios del cargo".

El fallo del TCA, en poder de El País, deja entrever que la Intendencia presentó una prueba débil para respaldar la remoción del acusado de los cuadros municipales.

"De la prueba recogida por la administración no surge nada que, más allá de una razonable sospecha, corrobore que el actor dejó de cumplir las tareas de su cargo para dedicarse a la tarea privada", señala el fallo. Y destaca que quienes declararon en el proceso, como el actual director de Necrópolis de la comuna, Richard Burgos, manifestaron "un alto grado de satisfacción con su desempeño".

"Si bien no cabe duda que la situación comprobada tiene serios vicios de irregularidad, la mayoría del Tribunal entiende que no se ha probado que el funcionario incurriera en omisión de cumplimiento de las tareas asignadas por la administración", indica el TCA.

El fallo del órgano de alzada también tuvo un voto discordante: el del doctor Alfredo Gómez Tedeschi.

El magistrado sostuvo que el funcionario "pretende que se crea que gozaba de ciertos privilegios en la empresa privada que le permitían cumplir horario flexible o aún no cumplir la totalidad de horas asignadas; sin embargo, ello no surge probado".

Para remover al funcionario, la Intendencia basó su estrategia jurídica en la superposición de horarios en su tarea como municipal y empleado de una mutualista, de la que también fue despedido, según informaron a El País fuentes consultadas. La mutualista también debió resarcir a una familia a la que su empleado le entregó un cuerpo por otro.

La destitución aprobada por la Junta Departamental fue por la causal de "omisión".

Según el petitorio que elevó a la Junta la ex intendenta Olivera, el funcionario "durante aproximadamente 15 años cometió actos incompatibles con el buen desempeño de sus funciones, causando perjuicios a la Administración (y) comprometiendo gravísimamente su responsabilidad administrativa". También —agrega la resolución—, vulneró "deberes fundamentales" que tienen que ver con los principios de "buena fe y lealtad".

En junio de 2011, la Intendencia cesó al implicado en su cargo de jefe de la unidad de cementerios Cerro La Teja, reasignándolo al taller municipal de Necrópolis que se encuentra en la calle Filadelfia. Ese fue el comienzo del fin, que desembocaría dos años más tarde en su remoción de la plantilla municipal

Anteriormente y durante cuatro años había sido jefe del Servicio Fúnebre Municipal.

En 1981 y hasta 1996 tuvo su lugar de trabajo en el cementerio del Buceo y desde 1981 fue también empleado de la mutualista, que tiene su panteón en esa necrópolis.

Según pudo comprobar la investigación realizada por la Intendencia "el actor tenía un horario de trabajo en el Servicio Fúnebre y Necrópolis en horario matinal, con ingreso entre las 7:00 y las 8:30 y salida entre las 13:00 y las 14:30, a la vez que en la mutualista trabajaba —según informe— desde el lunes entre las 10:00 y las 18:00 horas y los sábados de 7:00 a 15:00, debiéndose tener en cuenta que en el Cementerio del Buceo, donde trabajó la mayor parte del tiempo, hay un panteón de la mutualista y que también lo hay en el otro cementerio de La Teja-Cerro, donde también estuvo un tiempo".

ANDRÉS LÓPEZ REILLY

HABÍA SIDO REMOVIDO CON ANUENCIA DE LA JUNTAANDRÉS LÓPEZ REILLY