UNA EVASIÓN SIDERAL

Tres indigentes son dueños de 1.000 empresas truchas

Maniobra con 29 testaferros y venta de facturas para facilitar evasión a DGI.

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DGI estima que la estafa alcanza como mínimo los $ 78 millones. Foto: F. Ponzetto

Unas mil empresas unipersonales truchas armadas desde 2010 hasta marzo de este año para defraudar a la DGI, tenían como titulares a tres indigentes en situación de calle que oficiaban como testaferros, según consta en un expediente del Juzgado Especializado en Crimen Organizado de 2° Turno.

Durante un allanamiento a un estudio contable realizado por la DGI a fines del año pasado, la testaferro María de los Ángeles (nombre ficticio) declaró: "Vengo desde 2010. Vine porque me trajo un amigo en común con el dueño del estudio. Yo integro el grupo de las sociedades. Se me paga para figurar, después de ahí no sé más nada (…)".

Enseguida agregó: "Son dos personas las cabezas de cada sociedad, a veces estoy como integrante físico. A mí me remunera cuando yo integro en la sociedad con equis cuota, que era de $ 600 que para mí era un beneficio en aquel momento (2010). Ahora es de $ 1.000 cada vez que firmo los papeles".

El expediente, al que tuvo acceso El País, revela que ambos estudios vendían a contribuyentes facturas de empresas en formación. En dichas facturas se documentaban prestaciones de servicios o circulaciones de bienes inventadas por montos "a medida" del consumidor contribuyente —en algunos casos las cifras facturadas responden a millones de pesos— y, de esta manera, se disminuía ilícitamente la base del cálculo de los impuestos.

Ambos estudios colocaban como domicilios de las empresas en formación lugares inexistentes o que correspondían a predios abandonados o que no guardaban relación alguna con la actividad empresarial (por ejemplo, un cuartel, un liceo o una escuela).

Es decir, los dos estudios no creaban sociedades de las cuales se desentendían, sino que brindaban ellos los testaferros, los domicilios de los mismos y las certificaciones falsas para que los compradores estuviesen en condiciones de evadir, señala un documento de la DGI presentado ante la jueza especializada en Crimen Organizado, María Helena Mainard.

Por el caso ya fueron remitidas a la cárcel dos propietarios de estudios jurídicos por un delito continuado de defraudación tributaria y otras dos personas fueron procesadas sin prisión en calidad de coautores del mismo delito.

Ranking.

El informe judicial le dedica un capítulo a los 29 testaferros utilizados por los estudios, los que contribuyeron a crear varios cientos de miles de facturas con precios "inflados" en todo el país.

En el primer lugar del ranking de 29 testaferros se encuentra María de los Ángeles, quien figura como titular de 356 sociedades; en segundo lugar está Miguel Luis como director de 334 empresas y Julio Alberto con 322. Los siguen otros 26 testaferros figuran como dueños de entre una decena y una centena de empresas. Los testaferros eran reclutados en barrios carenciados o en las puertas de locales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), según consta en el expediente judicial.

Ambos estudios contables investigados pagaban la firma a cada testaferro. Esto es, los testaferros cobraban por cada firma que estampaban en los papeles en blanco que los hoy procesados les presentaban antes de constituir una sociedad.

Enrique, uno de los testaferros, llegó al estudio con 19 años. "Me dijeron que los muchachos quieren comprar una sociedad anónima. Ellos no quieren aparecer porque tienen plata o por lo que sea y por eso tenía que aparecer yo", explicó el testaferro a funcionarios de la DGI durante un allanamiento a uno de los estudios. Preguntado acerca de cómo el estudio le abonaba el servicio, Enrique respondió: "Me paga por empresa, $ 500 por cada empresa que firmo y $ 500 por el resto del trámite. (...)".

El testaferro agregó: "El estudio no solo cobra por las sociedades, sino también por las facturas, cobra más si la cantidad de facturas es más grande".

Miguel Luis, que aparece como director en varias sociedades denunciadas por la DGI, concurre a un hogar beneficiario de AFAM-PE (Asignaciones Familiares del Plan de Equidad); TUS (Tarjeta Uruguay Social) y Canasta de Riesgo Nutricional de Instituto Nacional de Alimentación (Inda).

Matías Rodrigo, otro testaferro director de muchas sociedades, entre ellas Universo Tres LP e Isla Ocean Pacific, perteneció a un hogar del Plan de Equidad hasta 2012.

Fue beneficiario del Programa Uruguay Crece Contigo y Tarjeta Uruguay Social hasta 2015, reveló el expediente.

Christian G., quien figura como director de Armamel Distribuciones SAEF, es una persona en situación de calle, según la DGI. Es usuario activo de los refugios del Ministerio de Desarrollo Social por voluntad propia, así como por intervención de la Policía por Ley de Faltas, señalan registros del 2012 hasta noviembre de 2010 en el programa Calles de dicha cartera.

Otro testaferro, de nombre Alfredo A. figura como socio de Productores La Cosecha Ltda. y director de Armamel Distribuciones SAEF. Pertenecía a un hogar de extrema vulnerabilidad que era asistido por el programa Cercanías del Mides.

En allanamientos realizados a los estudios, funcionarios de la DGI encontraron "una cantidad importante" de cédulas de identidad de testaferros listas para ser utilizadas en los trámites de inscripción de empresas unipersonales con el propósito de evadir.

Compras millonarias de grano fueron la punta de la madeja.

La punta de la madeja para detectar la megaestafa contra la DGI fueron las facturas manejadas por una conocida avícola de Montevideo. En una inspección de rutina del orga- nismo se encontraron boletas de compras de granos que no contenían los pesajes de los mismos. Ello les llamó la atención. "Casi la totalidad de las boletas de compra de soja y maíz tienen asociados sus respectivos registros de pesadas al ingreso del molino", pero en los casos de dos empresas que en teoría proveían granos no hay ningún registro entre 2012 y 2016", dice el auto de procesamiento del dueño de la avícola emitido por la jueza de Crimen Organizado, María Helena Mainard y el fiscal Luis Pacheco. Solamente en 2014 existían boletas que acreditaban una remisión de 15.900 toneladas de granos, unos 567 camiones completos y "no había registro de uno solo" de esos envíos.

La avícola justificó ante la DGI que no conservaba los remitos de entrega y que "no registra la totalidad de las pesadas en el software", sino que lo hace en un cuaderno "que tampoco conserva". A su vez, los funcionarios de la DGI identificaron al proveedor como "Juanjo", pero no dieron "un solo dato identificatorio o de contacto en relación a esta persona, lo que permite concluir que tal persona no existe".

El documento judicial detalla que las boletas que consignaban la compra de granos a esas empresas fantasmas "carecen de precisión". Asimismo, agrega que "de las declaraciones de faena presentadas ante el Ministerio de Ganadería, se observa que la cantidad de aves faenadas se ha mantenido más o menos estable desde el año 2011 hasta la fecha, por lo que puede concluirse que la compra de granos debería mantenerse estable".

Según la jueza Mainard, las pruebas permiten concluir que el empresario indagado incurrió en un delito de defraudación tributaria, ya que las facturas que utilizó pertenecían a empresas inexistentes.

"Testaferros no saben las consecuencias penales".

El director de la División Técnico Fiscal de la DGI, Santiago Berrondo, declaró como testigo que la mayoría de los testaferros son personas de escasos recursos económicos, un nivel educativo bajo y sin bienes a proteger.

"Esas personas firman o integran esas sociedades sin poder dimensionar las consecuencias tributarias y penales que eventualmente dicha acción podría tener", explicó Berrondo. Enseguida agregó que "esas personas no tenían clara la potencialidad de ellos como directores" de empresas.

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