Ayer fue remitido edil de Canelones por fraudes y estafas.
Con el procesamiento con prisión del jefe de Ventas del Círculo Católico y edil del Partido de la Gente, Álvaro Puerto, ya son treinta las personas acusadas por la estafa al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), cuyo monto se estima en más de $ 4.000.000.
La jueza penal de 16° Turno, Julia Staricco y la fiscal Mónica Ferrero procesaron ayer a Puerto por un delito de fraude continuado y cómplice de estafa.
Puerto fue detenido en el momento en que llegó a Uruguay de un viaje por Bosnia-Herzegovina.
Además de ser funcionario jerárquico del Círculo Católico, el hoy remitido a la cárcel fue electo edil en Canelones por el Partido Nacional en los comicios departamentales de 2015. Hace algunos meses pasó al partido liderado por Edgardo Novick. Hace seis días, el Partido de la Gente lo suspendió. Esa colectividad política decidió ayer su expulsión.
Del expediente judicial surge que el gerente comercial y tres supervisores del Círculo Católico participaron de un esquema de corrupción tendiente a realizar afiliaciones "truchas" mediante la utilización de empresas promotoras y testaferros. En una de las empresas figuraba un cuidacoches como titular y percibía $ 100 por cada afiliación que realizaban sus "empleados", expresa un documento judicial al que tuvo acceso El País.
Según actas integradas al expediente, quedó demostrado que fallaron los controles estatales (Banco de Previsión Social y Junta Nacional de Salud) sobre las afiliaciones realizadas por las empresas.
Durante los interrogatorios efectuados a jerarcas y mandos medios del BPS, Staricco y Ferrero indagaron sobre los sistemas de controles a las afiliaciones realizadas por empresas de servicio doméstico e industria y comercio. "No hay ningún tipo de alerta. No hay un protocolo que nos advierta de estas situaciones. Recién nos salta que algo anormal existe cuando la empresa no paga nunca los aportes", dijo un gerente del BPS en la sede judicial.
El jueves 16, Staricco y Ferrero, en una medida inédita, allanaron oficinas del Ministerio de Salud Pública. Allí tomaron declaraciones al presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Arturo Echeverría, e incautaron documentación sobre afiliaciones a mutualistas. En su testimonio, Echeverría reconoció que la Junta Nacional de Salud debía controlar más a las instituciones médicas. "Cosa que ya empezamos a hacer. Estamos tratando de usar más tecnología. Queremos frenar esas situaciones irregulares", expresó.
Más casos.
La investigación judicial continuará en otras mutualistas, señalaron a El País operadores judiciales.
Un funcionario del Casmu ya resultó procesado por afiliaciones fraudulentas.
Las indagatorias comenzaron cuando un individuo fue detenido tras estafar a un banco. Ingresó en una buzonera un depósito con menos dinero que el declarado en una cuenta de su novia, la que retiró el dinero que se declaró.
En la seccional, el joven confesó que realizaba afiliaciones mutuales "truchas" en los asentamientos para una empresa de promociones. A personas de escasos recursos les pagaba entre $ 700 y $ 1.000 para que le entregaran sus cédulas de identidad para afiliarlas.
Por cada afiliación, las mutualistas cobran del Estado una cápita de hasta $ 4.000. Por su parte, las empresas promotoras percibían $ 2.500. Algunos trabajadores de estas empresas pagaban a personas entre $ 500 y $ 1.200 para que se afiliaran.
En septiembre del año pasado se inició una investigación interna dentro del Banco de Previsión Social luego que, con el levantamiento del corralito mutual, un trabajador denunció que no podía cambiarse de mutualista porque había sido afiliado a una recientemente.
En el Juzgado, un gerente del BPS declaró que ese trabajador dijo que no había otorgado el consentimiento para ser afiliado a una mutualista.
BPS denunció afiliaciones irregulares.
Un informe presentado al Juzgado Penal de 16° Turno por parte del Departamento de Información Táctica (DIT) de la Jefatura de Montevideo, dio cuenta sobre la denuncia presentada el 2 de marzo de este año por cuatro representantes del Directorio del BPS cuando usuarios se quejaron en el organismo de que no habían podido cambiarse de mutualista durante el levantamiento del corralito mutual.
En la sede penal, una directora técnica declaró que el 2 de marzo de este año funcionarios del BPS detectaron que habían dado de alta a una persona que no estaba trabajando.
La denuncia del BPS advierte que tres empresas falsas realizaron 500 afiliaciones truchas de indigentes y que ello surge de una investigación interna iniciada en los últimos meses de 2106. Dicha investigación determinó que gerentes de la entidad previsional y de dos mutualistas declararan ante la jueza penal Julia Staricco y la fiscal Mónica Ferrero por irregularidades en las anotaciones de dos personas, lo cual activó la denuncia penal. Por esa causa fueron procesadas con prisión cuatro personas, entre ellas el supervisor de una de ellas, un cuidacoches que oficiaba de testaferro, y dos promotores. El expediente judicial de las estafas al BPS y al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) señala que los supuestos beneficiarios eran empleadas domésticas y peones con sueldos que oscilaban en los $ 32.000 y supuestamente domiciliados en el puente del arroyo Carrasco.
ESQUEMA DE CORRUPCIÓNEDUARDO BARRENECHE
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