REDOBLAN LA APUESTA

Los transportistas de carga decidieron ampliar conflicto

Tras incidentes profundizan medidas; combustible podría faltar mañana.

El eterno femenino de una imaginativa pintora
Una pelea entre camioneros en Treinta y Tres llevó a la radicalización. Foto. F. Ponzetto

La asamblea de la Intergremial del Transporte Profesional de Carga (ITPC), los dueños de los camiones, decidió ayer extender el paro que hasta ahora afectaba solamente al transporte de arroz a otros sectores del agro y a los fletes de combustibles.

El detonante de la medida fueron los incidentes que se verificaron ayer en el departamento de Treinta y Tres entre transportistas de ITPC que adhieren a la huelga y otros que no. Humberto Perrone, gerente de la intergremial, dijo a El País que "mandaron gente a provocar a uno de los puntos de concentración y dos personas nuestras fueron lastimadas, fueron embestidas por un camión (...) Otro de los choferes se bajó de un camión y quiso agredir a uno de los dos choferes (que adhieren a ITPC ). Según Perrone, los dos agresores están detenidos. "Fueron enviados a buscar reacción. Los nuestros se quedaron muy calmos", aseguró.

Perrone señaló que los incidentes le dieron "bastante calor a la asamblea" y que la ITPC está pidiendo además que se instrumenten controles en forma urgente porque ha detectado que camiones sin matrícula y con gasoil brasileño están transportando arroz.

Según Perrone, hay camioneros que abaratan así sus costos y pueden trabajar cobrando los fletes que ofrece la Asociación de Cultivadores de Arroz, que la ITPC considera absolutamente insuficientes.

La bancada del Frente Amplio convocó ayer de noche a la ITPC para analizar la situación.

Eduardo Linares, de la Asociación de Fleteros de Combustibles, dijo a El País que la gremial adhiere porque apoya "fervientemente" la regularización del sector. Hoy no faltará combustible pero podría ocurrir en los siguientes, dijo Linares.

En la asamblea estaban presentes transportistas de leche, madera y hacienda, entre otros sectores.

El diálogo entre los cultivadores y los transportistas está cortado en pleno desarrollo de la cosecha de arroz y la intergremial. Precisamente, este miércoles en Cebollatí, Rocha, será la inauguración oficial de la cosecha. Las partes se acusan mutuamente. El presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Alfredo Lago, dijo que aproximadamente el 25% de la cosecha "está trancada". Según Lago, hay camioneros que quieren retirar la cosecha, pero se ven "intimidados" por la intergremial.

La policía controló ayer que el cereal pudiera salir normalmente de las chacras en las inmediaciones de Río Branco (Cerro Largo), una zona netamente arrocera. Unos 15 camiones que adhieren a la huelga resuelta por la ITPC estaban en las cercanías de la ruta 26 pero no obstaculizaron el tránsito.

PIT dividido.

Sobre las medidas de los transportistas planea el decreto "antipiquetes" aprobado por el gobierno. La ITPC sabe que fue pensado en parte para contrarrestar sus eventuales medidas de fuerza.

Ayer el Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt decidió por mayoría emitir una declaración que considera que el decreto "antipiquetes" del gobierno "es totalmente innecesario e inoportuno, en tanto ya existía normativa que delimita con claridad el accionar de las autoridades públicas al respecto". Si bien la central descartó por ahora presentar recursos jurídicos, la agrupación 41 que tiene como principal referente a José Lorenzo López, del sindicato de estatales COFE, quería ir más allá y seguramente presentará recursos. (Ver nota aparte).

La agrupación "5 de marzo", pidió y obtuvo que se agregase el último punto de la declaración que dice que "en el caso de que en el cumplimiento de dicho Decreto se violenten derechos sindicales, presentaremos los recursos jurídicos correspondientes y llevaremos adelante las distintas medidas de lucha que sean necesarias para modificar los aspectos restrictivos del mismo". Con este agregado, la agrupación estuvo dispuesta a apoyar la redacción que habían acordado los mayoritarios Partido Comunista y la corriente "Articulación". La discusión fue prolongada y estuvo precedida de un informe jurídico del abogado Héctor Zapiraín, según supo El País.

La central sindical planteará sus objeciones al Poder Ejecutivo y abogará porque el artículo cuarto del decreto sea más explícito y excluya expresamente a los conflictos laborales de su aplicación.

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, explicó que "por el momento el decreto no será recurrido", pero advirtió que "de todos modos tenemos claro que si en una movilización se violenta alguno de los derechos en ese momento actuaremos (...) En cada momento se valorará la acción jurídica a desarrollar. Pero, más allá de lo jurídico, aplicaremos la movilización del movimiento sindical. Movilización que es la mayor fortaleza que han tenido los trabajadores para modificar leyes. Las leyes o los decretos no se modifican por arte de magia, se modifican cuando hay cientos de miles de personas comprometidas con el cambio", sostuvo Pereira.

El debate de ayer evidencia otra vez las diferencias entre las distintas corrientes del Pit respecto a qué postura tomar frente al gobierno. La agrupación 41 y la "5 de marzo" mantienen una posición más dura contra el gobierno y el año pasado incluso impusieron la realización de un paro general en una votación muy apretada. La medida fue criticada por Pereira y el secretario general del Pit-Cnt, Marcelo Abdala (comunista).

Las gremiales empresarias se oponen al decreto por motivos distintos a los del Pit. Lo juzgan discriminatorio porque no prevé el desalojo de las rutas, caminos o calles si quienes bloquean son huelguistas.

Organismo oficial cuestiona el decreto.

La Institución Nacional de Derechos Humanos objetó el decreto del Poder Ejecutivo que apunta a garantizar la libre circulación en carreteras, rutas y caminos porque la limitación de derechos como los de expresión y reunión "debe estar expresamente establecidas por normas de jerarquía legal". El decreto determina que se informe a la Justicia a posteriori de las eventuales acciones policiales, pero la institución considera en un comunicado "pertinente el control judicial previo como condición para disponer cualquier límite al derecho de reunión pacífica".

El PIT promete racionalidad en sus futuras movilizaciones.

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, prometió "racionalidad" en las protestas callejeras que pueda realizar la central sindical para que no se impida nunca por completo la libre circulación.

"Esto no quiere decir que nunca va a haber un corte de ruta, quiere decir que a veces hay que contar con racionalidad. Muchos de los piquetes que arma el movimiento sindical en ruta dejan transitar más lentamente, distribuye volantes, coloca una cartelera que denuncia cuál es la protesta y este puede ser un mecanismo a utilizar u otro que se entienda pertinentes", señaló Pereira.

El director general de la Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, que integra el Movimiento de Participación Popular, argumentó en una columna que publicó en el portal de la cartera que "en todos mis años como militante, nunca vi que un conjunto de trabajadores cortaran la circulación del país; sí vi, como una manifestación del derecho de huelga, ocupar una empresa, u otras acciones, las cuales sí están amparadas en la Constitución de la República". Ya la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, había señalado que el decreto se había redactado fundamentalmente con la mira puesta en medidas de protesta empresariales.

Carrera escribió que "gobernar es tener que poner límites, tener derechos, es también tener obligaciones" y sostuvo que "hoy solo vivimos el paradigma de los derechos y nos olvidamos que existen obligaciones, debo ejercer mis derechos sin atacar los derechos del otro".

Según Carrera, la aprobación del decreto "está relacionada con la necesidad de regular estas situaciones al amparo de los cambios legislativos ocurridos en los últimos años".

El Partido Socialista, el Partido por la Victoria del Pueblo y Casa Grande son algunos sectores oficialistas que se mostraron preocupados por el decreto del gobierno. Por ejemplo, Casa Grande emitió un comunicado que decía que "la discrecionalidad que se le da al aparato represivo para actuar sobre asuntos políticos suele volverse en contra de la izquierda, y legitimar la represión como forma de solución de conflictos en el largo plazo solo puede ser funcional a fuerzas conservadoras".

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Te puede interesar
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)