PROYECTO

Trabajadores rechazan alternativa para cincuentones

Sus representantes en el BPS dicen que “es impracticable”.

Cincuentones postergados. Foto: Fernando Ponzetto
Cincuentones postergados. Foto: Fernando Ponzetto

La alternativa a estudio del Frente Amplio para "mitigar" el costo de una solución al problema de los cincuentones es rechazada por la representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social (BPS), la que sostiene que la misma "es impracticable".

La alternativa en consideración implicaría modificar el artículo 27 de la ley que creó el sistema mixto (16.173) que establece que para el cálculo del sueldo básico jubilatorio solo se tomarán en cuenta asignaciones computables mensuales actualizadas hasta el monto de $ 5.000, lo cual equivale hoy a $ 48.900. Ahora se quiere computar los aportes previos a 1996, superiores al tope, en la cuenta individual. En ese marco, el Estado transferiría a la aseguradora los fondos actualizados, incluida la rentabilidad.

De acuerdo a los datos aportados a legisladores por parte del Ministerio de Economía, se prevé que el costo de esta medida no supere los US$ 1.200 millones aproximadamente frente a los US$ 3.700 millones que se estima costaría el proyecto original.

Rechazo.

Según un estudio de la representación de los trabajadores en el Directorio del BPS, al que accedió El País, "la propuesta tiene varias implicancias, todas negativas".

El documento sostiene que la alternativa "deja afuera a más del 80% de los damnificados" y explica que "de efectuarse el reconocimiento útil para la propuesta, implicaría reconocer años y salarios, con una tarea que es imposible realizar en un plazo corto, y que implicará un costo administrativo importante", debido a la inexistencia de una historia laboral de los trabajadores previa a 1996.

Según el documento "se deberá brindar alguna explicación al 80%" que no será alcanzado por la solución.

Sobre el costo, se señala un monto aproximado a los US$ 1.290 millones, "no expresándose cuáles son los fundamentos para llegar a dicha cifra. Pero, si la dividimos entre el 18% de los damnificados, el costo por persona, es sensiblemente mayor".

Según el trabajo la propuesta "determinará una nueva avalancha de reclamaciones judiciales al Estado. Ahora basadas, además de otros fundamentos, en que el propio Estado, en la persona del presidente de la República, de todo el sistema político, y del organismo rector de la Seguridad Social, reconoció la existencia del perjuicio y el derecho a la solución".

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