RECURSOS

Trabajadores critican al Fondes por negarles dinero

Querían reabrir la planta cerrada de Ipsa, cerca de Pando.

Un grupo de trabajadores cuestiona duramente al Fondo de Desarrollo (Fondes) por negarle un financiamiento de US$ 4,2 millones con el que contaban para reabrir el frigorífico IPSA, ubicado cerca de Pando, que está cerrado desde el año 2000.

Eduardo Anza, uno de los cooperativistas involucrados en el proyecto, explicó a El País que en diciembre de 2014 el proyecto consiguió las habilitaciones del Instituto Nacional de Carnes y que los trabajadores y sus socios privados que planeaban aportar el capital de trabajo asumieron contratos con las empresas que los iban a proveer de vacunos y suinos para su faena, lo que podría derivar en que ahora deban afrontar multas. El Fondes incluso volcó recursos técnicos para estudiar la viabilidad de la iniciativa, pero ahora comunicó a los trabajadores que el Ministerio de Economía le impide otorgar los recursos necesarios para la refacción de la planta, dijo Anza.

República Afisa, en representación del Banco República, hoy propietario de las instalaciones, planea ponerla a la venta y habría cuatro o cinco interesados. En caso de que la planta se venda, "se caen diez años de trabajo en un proyecto sustentable y viable", se lamentó Anza.

El proyecto de los trabajadores suponía que en una primera etapa trabajarían 122 personas y que esa cantidad se ampliaría quizás hasta 300, ya que incluso existe la posibilidad de sumar ovinos a la faena en etapas posteriores. En el proyecto estaban involucrados extrabajadores de Comargen y del frigorífico Cruz del Sur, y se planeaba crear una escuela de formación para que funcionase dentro de la planta con asesoría del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Anza señaló que la planta iba a representar una solución para muchos productores de cerdos canarios que debían enviar su producción a faenar a Maldonado y por ello deben afrontar elevados fletes.

El proyecto había sido impulsado por la Intendencia de Canelones que, previo aval de la Junta Departamental, adquiriría la planta industrial y la entregaría en comodato a la cooperativa Cootab, conformada por los trabajadores. El proyecto comenzó a ser impulsado en 2012.

Según Anza, los contratos firmados hubiesen permitido una ganancia anual de US$ 1,8 millones. De esa cifra, se planeaba destinar el 20% a proyectos sociales en la zona. El cooperativista cuestionó que otros emprendimientos recibieron respaldo del Fondes sin estudio previo de viabilidad, como sí se hizo en el caso de la planta de IPSA.

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