Se trata de un programa de becas para guarderías privadas.

El Tribunal de Cuentas (TCR) observó la contratación directa de 70 instituciones por parte del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que fueron hechas a efectos de brindar servicios de cuidados. Pese a esto la cartera decidió reiterar el gasto.

En junio del año pasado el TCR señaló que la ministra Marina Arismendi había autorizado el gasto de hasta $ 50.851.165 a efectos de contratar instituciones que brindasen servicios de cuidados y educación infantil "a niños y niñas menores de tres años de familias beneficiarias de los programas prioritarios y otros programas sociales del Mides en zonas donde no se encuentran cupos disponibles en centros públicos".

La resolución del organismo advierte que el Ministerio realizó "70 contrataciones directas con distintas personas jurídicas de derecho privado" que "deberían tramitarse a través del procedimiento de Licitación Pública". También señala que las contrataciones no se adecuan con las causales de compra directa por excepción.

Pese a lo dictaminado por el órgano de contralor el Mides decidió reiterar el gasto, según se advierte en otra resolución del 28 de septiembre pasado. El Tribunal señala allí que se mantiene la observación y que se dará cuenta a la Asamblea General.

El tema salió a la luz esta semana cuando el diputado nacionalista Martín Lema presentó un pedido de informes al Mides exigiendo que se le expliquen "las razones por las cuales se utiliza el procedimiento de contratación directa, cuando el que corresponde es el de Licitación Pública".

Además, el legislador blanco pidió que se le "indiquen los motivos por los cuales ese Ministerio ejecuta sin la intervención preventiva del Tribunal de Cuentas" y que se le dé el "detalle de las 70 instituciones contratadas y monto abonado a cada una".

Consultado por El País, Lema dijo que "el Mides abusa de los discursos sensibleros, pero al momento de rendir cuentas las respuestas no aparecen". El legislador señaló, además, que el Ministerio no ha contestado una serie de pedidos de informes hechos por él.

"A pesar que desde octubre de 2015 insistimos en que nos den información, al día de la fecha, no dieron respuesta sobre prestaciones que se otorgan a jóvenes y población en situación de vulnerabilidad. Tampoco respondieron sobre el programa Tarjetas Uruguay Social, respecto del cual en el año 2012 la Auditoría Interna de la Nación advirtió sobre falta de integridad, confiabilidad y oportunidad de la información disponible", criticó el nacionalista.

Lema dijo que por estas razones va a convocar a la ministra Arismendi a la Comisión de Población y Desarrollo, para que responda todas esta preguntas.

El plan por el cual se realizaron las 70 contrataciones está en manos del Sistema Nacional de Cuidados, cuyo director es Julio Bango. En declaraciones a El País el jerarca defendió la actuación del Mides.

"Se trata de un programa que implica la inclusión educativa. A veces se detectan casos de niños que no están cubiertos por el sistema de cuidados porque viven en zonas donde no hay oferta pública. O no hay centros CAIF o son a partir de los dos años. Cuando pasa esto lo que se hace es buscar una guardería privada en el barrio y el Estado paga una beca. Ahí no se puede hacer una licitación, porque hay que llevar al niño a la guardería que está ahí. No se puede trasladarlo de Sayago hasta el Cordón", justificó Bango.

El director del Sistema de Cuidados dijo que se está dialogando con el Tribunal de Cuentas "para que se conozca esta realidad", al tiempo que algunos centros CAIF están empezando a funcionar también para los niños menores de dos años.

MINISTRA A COMISIÓN