Funcionarios comparten escritorio y dividen horario por falta de espacio.

En virtud de las nuevas funciones, como controlar fideicomisos y decenas de empresas propiedad parcial o total del Estado, además de controlar a toda la administración pública, el Tribunal de Cuentas planteó al gobierno en 2015 que necesitaba una ampliación de su sede. Hasta ahora, sus funcionarios (382 a diciembre de 2015), que son cada vez menos, trabajaban en habitaciones mal iluminadas, en un régimen de dos por escritorio y hasta en distinto horario para ocupar las mismas reducidas instalaciones.

En la ley de Presupuesto, el Poder Ejecutivo accedió a otorgar recursos para la ampliación de la sede del organismo de contralor. Pero ahora, el presidente del Tribunal, Siegbert Rippe, planteó un escollo que sorprendió a los legisladores: no hay dinero para la mudanza a las nuevas oficinas.

"Los recursos actuales de que dispone el Tribunal son para el funcionamiento de una parte del edificio pero ahora, con la ampliación, no se advierte cómo se va a hacer frente a los gastos", admitió Rippe en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, en donde agregó que con la ampliación los gastos de funcionamiento "se han duplicado". Para colmo, en la Rendición no se prevé un refuerzo de rubros para el organismo.

"Lamentablemente, no podemos todavía disfrutar de las nuevas instalaciones porque no tenemos los recursos para poder realizar la mudanza e instalarnos definitivamente", abundó Rippe ante los senadores.

Desde la bancada oficialista, el senador Rafael Michelini dijo que, de todos modos, "al Tribunal no se le va a cortar la luz" y que de pronto para el año que viene, con la próxima Rendición, se les pueda votar un refuerzo de rubros. Pero no ahora para no dar "una señal de distorsión a la política de ponderación y cautela fiscal del gobierno", dijo el senador, según la versión taquigráfica de la reunión de la comisión el lunes 22.

Rippe confesó que el organismo "no va a poder utilizar el edificio ampliado porque no hay forma de ocuparlo. En realidad ocuparlo es fácil, el tema es hacerlo funcionar".

Explicó a los senadores que los espacios que se han logrado acondicionar son ambientes que tienen "una excelente iluminación, buena circulación y respetan todas las normas más modernas en materia de construcción".

El senador Álvaro Delgado, del Partido Nacional, consideró que el Poder Ejecutivo somete a un "proceso de asfixia" al Tribunal en un momento en que comienza a asignarle otras funciones.

Michelini intervino nuevamente y se molestó por este reclamo. "No voy a entrar en el juego de decir que sí acá a cada delegación que pide más recursos, para que luego se hagan interpelaciones acusándonos de que incrementamos el gasto y de despilfarrar los recursos públicos", lo cual dijo que lo tiene "cansado".

El recorte de presupuesto está afectando además a la Suprema Corte de Justicia, que este año decidió no abrir su sede, el Palacio Piria, el fin de semana del Día del Patrimonio (1° y 2 de octubre) debido a "limitaciones presupuestales", informó el Poder Judicial.

La Asociación de Funcionarios Judiciales de Uruguay (AFJU) rechazó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de cerrar 13 juzgados de Paz en el interior del país. "La Justicia es un servicio esencial del Estado. Se la priva a personas que viven en pequeñas localidades", dijo a El País el dirigente de AFJU, Sandino Schiavone. Enseguida agregó: "La Suprema Corte se vio obligada al cierre de esas sedes. Tuvo Presupuesto y Rendición de Cuentas cero".

Con respecto al juicio que los funcionarios realizaron al Poder Judicial, el gremialista dijo que la Contaduría de la Corte estableció que la deuda con los funcionarios es inferior a US$ 50 millones. "Desde 2011, los judiciales aguardamos cobrar ese dinero. Tenemos seis fallos favorables. Pero el gobierno impulsa leyes que traban", dijo.

EL AJUSTE FISCAL EN EL ESTADODANIEL ISGLEAS